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Oaxaca de Juárez.— El blindaje del gobierno federal en la frontera sur del país y de los trayectos tradicionales de la migración empujó a grupos criminales dedicados al tráfico de personas y drogas a buscar rutas alternas.

Una de ellas atraviesa tres regiones del estado, lo que ha generado un aumento en la delincuencia en dichos territorios y ha dejado al menos 16 personas desaparecidas y más de 100 carpetas de investigación por homicidios y secuestros.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal General de Oaxaca, explica que la reciente alza en delitos de alto impacto en la región de la Cuenca del Papaloapan y la Cañada, en el norte de la entidad, se debe a que los traficantes de personas han dejado de cruzar desde el Istmo de Tehuantepec hacia Tuxtepec y luego a Veracruz, y en su lugar han optado por atravesar la Sierra Mazateca para llegar a Puebla.

Aumenta crimen en nuevas rutas de migrantes
Aumenta crimen en nuevas rutas de migrantes

De acuerdo con el fiscal, los grupos criminales “rediseñan” sus estrategias para dominar espacios territoriales y transportar droga y cualquier sustancia ilícita, por lo que considera que al igual que en todo el país, Oaxaca vive una disputa por el control de territorios.

“Lo que estamos viendo en esta región es un fenómeno criminal de tránsito de personas (…) Los grupos delictivos han encontrado una ruta alterna que los hace transportar sus productos ilícitos, o bien a personas, desviándose hacia la zona de Huautla de Jiménez”, explica.

Esta ruta alternativa, dice, es la razón de que las comunidades registren un alza de delitos, la cual —sólo en Huautla— ha dejado 11 denuncias por desaparición de personas y cinco más en otros municipios.

En Jalapa de Díaz, la semana pasada fue aprehendido el edil Arturo García Velásquez por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, tras un cateo a su casa en el marco de una investigación por las desapariciones en la zona.

El fiscal explica que hace un año, tras la entrada de las primeras caravanas de migrantes centroamericanos a México, comenzaron las labores de inteligencia por el aumento de la criminalidad en la región.

Los operativos permitieron mapear, a través de análisis telefónicos, los puntos de la ruta que ha regido las acciones de la dependencia, como cateos simultáneos y la aprehensión de al menos 13 presuntos responsables de desaparición cometida por particulares, seis en Huautla y siete en Jalapa de Díaz.

Aunque insiste que en Oaxaca no hay presencia de grandes cárteles de la droga, acepta que el tipo de armamento que se ha decomisado sólo se explica a través de trabajo de células autónomas que operan en el estado ligadas a grupos criminales más grandes, que lo requieren para apoderarse de territorios.

Agrega que esta nueva ruta tiene una geografía poco accesible, por lo que carecía de presencia institucional, tanto del Estado como de corporaciones de seguridad, lo que fue aprovechado por los grupos del crimen. Ahora se evita que haya espacios sin presencia institucional.

Señala que también se investigan a otras autoridades municipales que están ligadas a estos grupos o han sido omisas ante delitos, pues lo que se ha efectuado es dar “manotazos de autoridad” en estas regiones.

Pese a ello, reconoce que esto no basta, pues “la conservación de la seguridad no es un asunto de manotazos”, sino de una presencia permanente de las instituciones.

“Es muy importante que después de estas acciones de la fiscalía, la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y los órganos federales estén en estas comunidades que hemos limpiado. Pero no sólo ellos, necesitamos que la otra parte del Estado, la que realiza política social a favor de niños y de mujeres también esté presente”.

Lo anterior, asevera Vasconcelos Méndez, debido a que el trabajo de la fiscalía estatal “no es el punto final, debe ser el de arranque” y sobre todo porque “la delincuencia es como el pasto: si no se va recortando, vuelve a resurgir”.

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