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Auditoría denuncia más de 50 irregularidades

Autoridades locales son acusadas por uso indebido de funciones y peculado, señalan

Auditoría denuncia más de 50 irregularidades
El fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, informa sobre las pesquisas. Foto: Especial
Estados 26/01/2022 03:40 Francisco Rodríguez / Corresponsal Actualizada 05:24
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Saltillo.— El fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, informó que en diciembre pasado fueron presentadas más de 50 denuncias en contra de autoridades municipales, principalmente por los delitos de peculado y uso indebido de funciones.

Precisó que estos casos no sólo son en contra de los municipios, sino también contra organismos descentralizados como los de sistemas de agua.

Márquez Guevara explicó que se trata de casos que no cubrieron las observaciones por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y que, por consecuencia, fueron generadas las denuncias penales.

El fiscal estatal dijo que se trata en conjunto de montos millonarios por los probables daños a los erarios municipales.

Según el Informe de Seguimiento a los Resultados de Fiscalización Superior de la ASE, se interpusieron cuatro denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción contra los municipios de Sierra Mojada, Viesca, Zaragoza y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 5, por irregularidades no solventadas en la Cuenta Pública 2018. Por esas denuncias, el monto de posible quebranto suma 10 millones de pesos.

De la Cuenta Pública de 2019, la ASE presentó siete denuncias por presuntas irregularidades y presuntos desfalcos en los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, Viesca, San Pedro, Sierra Mojada y Zaragoza, que en conjunto suman más de 87 millones de pesos.

Estas denuncias se sumarían a las 50 que se presentaron en diciembre pasado. Aunque no precisó en qué años ocurrieron las faltas, dijo que se trata de casos de las administraciones salientes.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2021 se abrieron 618 carpetas por presuntos delitos cometidos por servidores públicos, 9% más que las registradas en 2020.

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