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La Paz.— El gobierno de Baja California Sur alista la venta de al menos una lujosa residencia en el destino turístico de Los Cabos, la venta de 10 camionetas blindadas y la operación de un hotel en otra de las residencias construidas por gobiernos pasados.
Al cumplir su segundo mes de gestión, el gobernador Víctor Castro informó que emprende un plan de austeridad que considera un recorte de salarios y la revisión minuciosa de lo que llamó “gastos superfluos”.
Como resultado de las primeras revisiones, comunicó que heredó propiedades lujosas y gastos de arrendamiento, así como vehículos último modelo y blindados, por lo que se tomarán decisiones para reorientar su uso.
La residencia en Los Cabos se localiza en una zona de San José del Cabo, y colinda con un exclusivo campo de golf. Aunque indicó que se trabaja en el avalúo de la propiedad, estimó que tendría un costo por encima de los 10 millones de pesos. Al concluir el avalúo, dijo, se pondrá en venta y el monto recabado se invertirá en la conclusión de una obra de una avenida en San José del Cabo.
En la revisión se identificó además que la denominada rehabilitación de la residencia oficial El Caimancito, cercana al malecón de La Paz, con un acceso privado a parte de la playa del mismo nombre, habría costado al menos 300 millones de pesos.
La residencia fue construida en los años 50, con recurso federal y desde entonces fue ocupada por gobernadores priistas y sus familias, hasta que en 1999 el gobernador Leonel Cota (PRD) emprendió un proyecto de museo y acuario que nunca operó.
Con la llegada del gobernador panista Marcos Covarrubias, en 2011, se anunció una nueva remodelación que se extendió hasta la gestión de Carlos Mendoza, que en 2018 determinó reservar la información sobre su construcción, bajo el argumento de ser una “instalación estratégica”, según consta en oficio firmado por el Comité de Transparencia de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, en poder de EL UNIVERSAL.
Desde 2015 a 2020, la casa de gobierno El Caimancito ya no operó como residencia de mandatarios, aunque sí como centro de reuniones oficiales, eventos sociales, y festividades.
Adicional a estas propiedades, se detectó que la pasada administración contaba con cuando menos 10 camionetas blindadas, una de ellas ubicada en la Ciudad de México, al servicio del personal de la representación del gobierno del estado que rentaba una propiedad, erogando 100 mil pesos mensuales.
