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Cancún, Q. Roo.- Los jurídicos del ayuntamiento de Benito Juárez, del Congreso de Quintana Roo y de Cámaras empresariales de Cancún, elaborarán una propuesta para modificar la Ley de Hacienda del municipio, a fin de determinar bajo qué términos se colocarán los contenedores de basura y cómo se corroborará la cifra real de residuos sólidos generada por comercios, negocios, restaurantes y hoteles, a fin de que paguen lo que producen y no sólo lo que reportan.
El tema que reunió ayer a autoridades y sector privado, gira alrededor de lo que establece un artículo en la Ley de Hacienda que fue indebidamente anexado al dictamen aprobado por el Congreso, en diciembre pasado, y que mandata que los empresarios tendrán que costear la colocación y operación de contenedores tecnológicos de basura .
Los empresarios se inconformaron porque el costo de los contenedores y su operación debe ser sufragado por Eco’ox, filial o marca de la concesionaria Inteligencia México, que brinda el servicio de recolección de basura, por el cual ya se paga un derecho al ayuntamiento.
Otra protesta estriba en que no se ha respetado el principio de autodeterminación, que incide en el pago de derechos que se hace a la autoridad. Hasta antes de entrar en vigor la Ley de Hacienda, los comercios, negocios, restaurantes, marinas y hoteles, reportaban cuánto generaban de basura y con base en ello se les cobraba.
A partir de este año -denuncian- se les quiere imponer la cifra de residuos que supuestamente generan. Además, las modificaciones a la Ley de Hacienda invaden facultades federales.
Todos esos factores llevaron a las cámaras empresariales a anunciar que en esta semana ingresarían amparos en contra del nuevo mandato.
Para abordar el tema y establecer acuerdos, la iniciativa privada se reunió en Cancún, con 16 de 25 diputados y con la alcaldesa, “Mara” Lezama.
Durante el encuentro -que se desarrolló en un tono “ríspido”, como lo definió el diputado por el Movimiento Ciudadano (MC), José Luis “Chanito” Toledo- salió a relucir que hay empresas que mienten sobre la cifra real de basura que generan para evadir el cobro, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Cristina Torres.
Al abordar los temas tratados durante la reunión, la legisladora narró que por parte del ayuntamiento se mencionó que otras empresas contratan a terceros para que buena parte de sus residuos sean depositados en tiraderos a cielo abierto y no en el relleno sanitario, eludiendo o reduciendo el pago y generando un problema adicional de contaminación.
“Para evitar eso, se acordó que los jurídicos van a elaborar una propuesta para determinar si se modifica o revoca el artículo que ha causado toda esta situación, y que se determine si será obligatorio o no el tema de los contenedores y cómo se va a medir cuánta basura es la que se genera , a fin de pagar lo justo”, indicó Torres Gómez.
“Chanito” Toledo declaró que el Observatorio Legislativo solicitó que el Congreso inicie una investigación para determinar si se cometió alguna ilegalidad al anexar el artículo 135, al dictamen de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Cuenta y la de Asuntos Municipales, toda vez que la propuesta aprobada por el ayuntamiento y enviada a la legislatura, no contemplaba el tema de los contenedores.
“Los diputados establecimos un acuerdo con la iniciativa privada de realizar un proceso interno por probables actos de corrupción en la Comisión de Hacienda y en la de Asuntos Municipales.
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“Se obligó al Congreso del estado a hacer una minuciosa investigación interna para ver quién sustituyó documentos, como en el caso de los casinos y quién cambió o alteró algún procedimiento administrativo que fue violatorio a la ley. Si alguno de los diputados saliera responsable de esto, tendríamos que ir a juicio político para destituirlo o abrir un procedimiento administrativo”, dijo.
Por separado, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Reyna Durán, confirmó que se instaló una mesa de trabajo en la que participarán los jurídicos del Congreso, del ayuntamiento y de los empresarios, para redactar la modificación de la Ley de Hacienda en el apartado reclamado.
El escrito debe estar listo mañana, para ser revisado en una nueva reunión, el martes 11 de febrero y someterlo a discusión, a fin de determinar los cambios pertinentes, añadió Durán.
Torres Gómez recordó que hasta el momento hay una iniciativa para revocar el tema de los contenedores, presentado por la legisladora del PAN, Atenea Ricalde; el diputado José Luis Guillén, propone dejar la redacción original, sin cambios, y hay otras dos propuestas para modificación.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda, José de la Peña, dijo que la mesa de trabajo comenzó hoy para evaluar opciones, sin que ello implique haber tomado acuerdos definitivos aún.
El legislador dijo que el Partido Verde (PVEM), cuya bancada coordina en el Congreso, coincide con otros diputados en que “la gente que tiene dinero” debe ayudar a pagar los contenedores en las zonas populares de Cancún, por lo tanto, no apoyan la modificación al dictamen de la Ley de Hacienda.
“La fracción del Partido Verde estamos en contra de que se revoque (el tema de los contenedores), porque es una buena acción colocar contenedores en toda la ciudad”, declaró.
Sin embargo, el reclamo de los empresarios no estriba en la colocación de los contenedores, sino que se pretenda obligarlos a pagarlos mediante una renta, cuando es la concesionaria la que debe tener esa responsabilidad, al ser la que brinda el servicio, por el cual se paga ya un derecho.
“Chanito” Toledo cerró: “Es un hecho que va para atrás. Habrá modificaciones, sin lugar a dudas”.
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