Aborto. Un derecho que se regatea a las víctimas

De 2016 a 2019, al menos 422 mujeres en el país han procedido a aplicar la Norma 046, es decir, la interrupción del embarazo a causa de una violación sexual. Entre ellas hay tres casos de niñas de 10 años (uno en Coahuila, otro en Puebla y uno más en Veracruz), aunque el rango más frecuente es de 15 a 19 años (119 mujeres), de acuerdo con datos proporcionados por las secretarías de Salud de los estados a diversas solicitudes de información hechas por EL UNIVERSAL.

Después del rango de 15 a 19 años, el segundo más común es el de niñas de 11 a 14 años, con 93 casos, y luego, de 20 a 24, con 82 casos. Inclusive hay 12 casos, según las respuestas de los estados, de mujeres de entre 40 y 44 años que interrumpieron un embarazo por violación.

Para Laura Hernández Esquivel, sicoterapeuta familiar y de pareja, y experta en la Norma 046, las cifras son “cortísimas” si se analizan los índices de violación o los embarazos infantiles en el país.

En México, de 2016 a 2019 se registraron 47 mil 241 denuncias por violación simple y 11 mil 914 por violación equiparada, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Y de acuerdo con el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi), entre 17.5% y 18% de los embarazos, de 2016 a 2018, fueron en madres adolescentes (menores de 20 años).

Hernández Esquivel considera que la Norma 046 sigue en proceso de construcción y aprendizaje, pues refiere que una de las principales problemáticas que detecta es la falta de involucramiento de los médicos y médicas a la hora de ejercerla, pues inclusive especialistas en ginecología y urgencias suelen ser los más ausentes a la hora de las capacitaciones.

Quizá por eso, estados como Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Michoacán, Querétaro y Quintana Roo aseguraron en sus respuestas que desde que se puso en marcha la Norma 046 en 2016, no tenían registro de ningún caso de aborto por violación, pese a que entre los seis estados sumaron 7 mil 385 denuncias por violación simple, de 2016 a 2019.

Otras entidades como Jalisco y Colima no diferencian en sus estadísticas los abortos aplicados por la norma a los realizados por otra razón, por lo que no fue posible conocer sus estadísticas.

Aborto. Un derecho que se regatea a las víctimas

Vacíos

Hernández Esquivel explica que hay diferentes vacíos en la Norma 046, entre ellos que la interrupción debe ser antes de las 12 semanas (tres meses). La especialista critica que una víctima de violación, por ejemplo, una niña, seguramente apenas a los tres meses se va a dar cuenta y seguramente estará amenazada o tendrá la idea de que no le van a creer o no comprende lo que le pasó. “Es una revictimización muy grande el que las limiten a ese espacio de tiempo”, opina.

Para la especialista, debería extenderse [el tiempo] porque ya hay procedimientos seguros incluso cuando están por encima de las 20 semanas de gestación.

“Al ser una víctima tú pasas por un proceso sicológico, emocional, que no te va a permitir a las 12 semanas decir: ‘Sí, fui víctima de violación’, sobre todo cuando sucede en ambiente de casa, por conocidos, que es lo más común”, explica.

Otro vacío, amplía la especialista, es que existe la creencia de que [la norma] está hecha sólo para el Sector Salud, cuando es una disposición tanto para órganos públicos y privados, e incluso para otras instancias como escuelas, sicólogos, médicos, profesionistas, pues todos de alguna forma están obligados a llevar la prevención, detección, atención y denuncia en el caso de la violencia sexual hacia mujeres y niñas.

Ariadne Lamont, integrante de la Red de Mujeres de La Laguna, señala que falta capacitación, porque muchos médicos no conocen la norma y aplican un criterio personal sin atenerse a lo que se dispone.

Hernández Esquivel enfatiza que en caso de que una mujer resulte embarazada y diga: ‘Vengo porque quiero interrumpir un embarazo que es producto de una violación’, el estado está obligado a hacerle la interrupción de la forma más profesional, libre de estigma y sin necesidad de una denuncia.

“Muchos médicos no quieren hacer las interrupciones del embarazo por falta de información, lo que les genera estigmas, pues piensan que es un asesinato, o se amparan en la objeción de conciencia, es decir, por mis creencias no lo hago”, dice Hernández Esquivel.

Sin embargo, recalca que la norma obliga a las instituciones de salud a que deben tener por lo menos a una persona que sí pueda ejecutar la interrupción del embarazo. “No es así de que ‘no quiero, y ahí que se quede la mujer’. El hospital tiene que conseguir a alguien interno o externo que realice el procedimiento y sepa”.

Otra laguna muy grande, agrega la especialista, es que está normalizado el que llegue una preadolescente de 12 años embarazada y cuando analizan el historial, resulta que el papá es mayor de edad. Explica que en el Código Penal de Coahuila, por ejemplo, cualquier embarazo de 15 años para abajo se considera una violación cuando la pareja es mayor.

“Ahí inmediatamente es un delito, pero los hospitales no reportan. Cuando se dice que somos el primer lugar en embarazos infantiles (Coahuila), en realidad se está diciendo que somos el primer lugar en violaciones; los embarazos infantiles no deberían existir porque son violaciones. El embarazo en una menor de 15 años tiene que reportarse”, aclara. Según datos del Inegi, en 2018 Coahuila fue el estado con el mayor porcentaje (20.5%) de embarazos en adolescentes.

Ariadne Lamont inclusive cuenta que hay casos en los que se atiende a niñas embarazadas que ya habían acudido previamente por otro embarazo sin que se actúe, lo que refleja que no se aplica la Norma 046.

Hernández Esquivel, quien también colabora para la Red de Mujeres, dice que otro problema es que mientras en la Ciudad de México llevan años despenalizando la interrupción del embarazo a través de pastillas, en lo local todavía se sigue utilizando y enseñando el legrado, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que ya no es un procedimiento seguro para la mayoría de las mujeres.

“Dice que no es seguro ni recomendado, porque es invasivo y doloroso. La OMS avala la interrupción por medio de medicamento o mediante la aspiración manual endouterina, donde aquí en la región, desgraciadamente pocos están capacitados”, comenta.

El funcionamiento

Laura Hernández Esquivel explica que la Norma 046 abarca la atención, sanción, prevención y detección de violencia de género, familiar y sexual en cada una de las mujeres y niñas.

La especialista ahonda en que a la hora de tener un caso de violencia sexual, lo primero que se debe hacer es la atención de urgencias médicas, un trato sin revictimización y con un acompañamiento sicológico.

Así, el primer paso será hacer una entrevista, suministrar retrovirales para evitar una enfermedad de transmisión sexual y una pastilla del día siguiente. A partir de allí se tiene un seguimiento de medicamento, dependiendo de la edad, peso y otras condiciones.

La especialista menciona que uno de los objetivos de la norma es el seguimiento sicológico, pues la encargada debe hacer un historial, una entrevista de diagnóstico para conocer el nivel de violencia que se vivió y avisar al Ministerio Público, aunque aclaró que no quiere decir que la víctima esté obligada a denunciar.

“La mayoría de los casos se da dentro de los hogares, pero sí se debe dar un aviso. El Ministerio Público levanta el historial y las mujeres deben ser siempre tratadas en todo este proceso bajo la perspectiva de género”, añade Hernández Esquivel.