El 2026 comenzó con asuntos legales para ; sin embargo, el cantante logró frenar de manera provisional una orden de aprehensión.

El intérprete de corridos tumbados, cuyo nombre real es Natanael Rubén Cano Monge, promovió un juicio de amparo para evitar que dicha orden se haga efectiva, de acuerdo con información difundida por Radio Fórmula.

La solicitud fue admitida el 31 de diciembre de 2025. En esa misma fecha, la jueza de Distrito en Sonora, Yadira Guadalupe Dórame Enríquez, concedió una suspensión provisional que impide, por el momento, que Cano sea privado de su libertad mientras se resuelve el juicio constitucional.

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Según lo reportado por el medio, la resolución establece que, en caso de que Cano deba comparecer a una audiencia inicial, el juez del proceso penal podrá imponer las medidas cautelares que considere pertinentes; no obstante, estas no podrán ejecutarse mientras la suspensión permanezca vigente. Es decir, no podrán aplicarse sanciones ni restricciones hasta que el juzgado federal determine si se concede el amparo de manera definitiva.

Por otro lado, si la orden de aprehensión estuviera vinculada con un delito que por ley amerita prisión preventiva oficiosa ,es decir, un delito grave, la suspensión únicamente impediría que Cano fuera encarcelado por la autoridad local. En ese escenario, en caso de ser detenido, quedaría bajo la custodia y supervisión del juzgado de distrito federal, y no de la autoridad estatal o municipal.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas específicas que originaron la orden de aprehensión.

Antecedentes de Natanael Cano

De acuerdo con los reportes, Natanael Cano fue detenido el 29 de marzo de 2024 por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, Sonora, y posteriormente investigado por un presunto soborno a dichos agentes.

El cantante fue arrestado por conducir a exceso de velocidad en un automóvil Dodge Charger rojo, sin placas, por el bulevar José María Morelos, y los videos del momento fueron documentados en redes sociales.

El proceso relacionado con el delito de cohecho concluyó tras la concesión de una suspensión definitiva otorgada por un juzgado federal, pero enfrentó vigilancia juidicial y restricciones.

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En este mismo caso, siete policías municipales fueron vinculados a proceso penal por los delitos de cohecho e incumplimiento del deber legal, tras aceptar el soborno. Los elementos recibieron suspensiones, medidas cautelares y sanciones económicas.

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