Una nueva industria florece en el mundo: la que fabrica niños para aquellos que no pueden concebirlos ellos mismos.

Y como en todas las industrias, hay países que llevan la delantera en la producción y se han convertido, como dice el cronista Martín Caparrós, en “productores de niños para ricos”.

Y es que, aunque millones de niños huérfanos o abandonados necesiten un hogar, quienes adoptan prefieren hacerlo con bebés de su propia genética o que tengan las características que ellos buscan, y con embarazos controlados y cuidados desde la concepción hasta el parto.

Para ello se inventó el sistema de vientres de alquiler, en el que a una matriz joven se le implanta un embrión para que allí se desarrolle, y al nacer el niño, le es entregado a quienes lo encargaron.

Se trata de una transacción comercial en la cual tanto las mujeres que alquilan sus vientres como los médicos, las clínicas que las atienden y las agencias de intermediación que los vinculan, ganan dinero.

Por eso, miles de mujeres se apuntan a participar, por lo general pobres que de esta manera obtienen ingresos para, paradójicamente, mantener a sus hijos.

India, Nepal, Tailandia, Rusia y Grecia llevan la delantera en esta industria, pues es más barato contratar el servicio que en Estados Unidos o Francia y además es legal.

En México también se ha desarrollado esto, principalmente en el estado de Tabasco, donde en 1997 se aprobó la ley que permite la “gestación subrogada”, y pronto hacia allá se dirigieron muchas personas interesadas en tener hijos. La industria se volvió cada vez más floreciente. Recientemente pude conocer a una pareja sudamericana que venía de recoger su encargo. Iban felices porque el embarazo había resultado en gemelos, de modo que por unos cuantos miles de dólares habían conseguido cumplir y con creces, el sueño de su vida.

Pero no todo es felicidad. También hay problemas derivados de la poca claridad en las leyes y la poca supervisión de las instituciones, en lo que acabó siendo la explotación de muchas madres y la tragedia de los niños abandonados por quienes a la hora de recogerlos, se topan con que no son lo que ellos quieren (en sexo, color, tamaño, y sobre todo en salud, sea por alguna enfermedad o porque tienen algún defecto físico o discapacidad) y entonces simplemente desaparecen y los dejan allí.

Un funcionario del gobierno de la entidad relató que el DIF recibe a esos pequeños. Resulta increíble que de un acuerdo entre particulares, a la hora de los problemas, sea una institución del Estado la que se tiene que hacer cargo, mientras los responsables se quedan con las ganancias y se hacen ojo de hormiga. Y encima, con la situación muy seria de qué hacer con ellos, niños a los que nadie quiere.

En diciembre de 2015, la ley fue reformada, pero de manera francamente absurda: no para proteger a los pequeños abandonados o a las madres, tampoco para regular a las agencias intermediarias, que son las verdaderas ganonas en este negocio, sino para, con un nacionalismo y localismo chafa, prohibir la “excesiva” demanda de extranjeros para este servicio y que las gestantes sean de otros estados de la República y no tabasqueñas. Y la Cofepris, reiterando esta manera de funcionar, en lugar de llamar a cuentas a los responsables, cerró uno de los centros que ofrecían el servicio, pero por puras razones burocráticas.

Ponerse en plan de vomitar moralina es fácil, pero así no se resuelven las cosas. Este negocio existe porque hay quien tiene necesidad del servicio y quien lo puede y quiere ofrecer. Entonces no se trata de prohibir, sino de conseguir que se haga bien. Eso para evitar que sea clandestino y que suceda lo que hace algunos meses en Sinaloa (el otro estado en el que la práctica de maternidad subrogada es legal) donde se descubrió una red de venta de niños que estaban en custodia del DIF.

Escritora e investigadora en la UNAM.

sarasef@prodigy.net.mx
www.sarasefchovich.com

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