¿Cómo el gobierno desactivó la amenaza de las calificadoras?

¿Lo sabía Vanessa Rubio? Cuando la subsecretaria de Hacienda dijo en Acapulco que “las dos preocupaciones que tenían las calificadoras están completamente disipadas y así nos lo han hecho saber”, sabía que tenía la sartén por el mango. Que la amenaza de una temida baja en la nota soberana de México había sido desactivada; por lo menos para lo que resta del año.

El optimismo que esparció anticipadamente la subsecretaria el viernes 24 de marzo, hacia la recta final de la reunión anual de los banqueros, se asentaba en una razón de peso: que el siguiente lunes —27 de marzo— la Junta de Gobierno del Banco de México aprobaría la entrega de más de 321 mil millones de pesos al gobierno federal. Un monto histórico —producto de las ganancias por la fuerte depreciación del peso en 2016— suficiente como para hacer cambiar de opinión o, por lo menos, para posponer cualquier intención de bajar la nota soberana de México a los analistas de riesgos de Fitch, Moody’s o Standard & Poors.

Era previsible que el banco central anunciaría la entrega de un remanente de operación por cientos de miles de millones de pesos al gobierno federal y que lo haría, probablemente, hacia inicios de abril. De hecho, a principios de año este remanente de operación llegó a estimarse en más de medio billón de pesos, tal como aquí mismo le informé, dada la fuerte depreciación que sufrió el peso frente al dólar el año pasado.

Sin embargo, la revaluación observada del peso frente a la divisa estadounidense durante febrero y marzo, hizo que la Junta de Gobierno del banco central fuera un poco más cautelosa reduciendo el tamaño del remanente que entregaría al gobierno y, con ello, restar presiones futuras a su nivel de capital.

Pero ese 24 de marzo, Vanessa Rubio no contuvo su optimismo al revelar que las agencias calificadoras ya le habían confirmado que no habría baja en la nota soberana de México. No por el momento.

Sólo transcurrió una semana para que Moody’s confirmara lo dicho por Rubio. En un breve reporte publicado el lunes 3 de abril, Moody’s dijo que el remanente de operación entregado por el Banco de México al gobierno federal por más de 321 mil millones de pesos, “será un soporte para el gobierno y su programa de consolidación fiscal”. Allí, en ese reporte, la calificadora de riesgos dejó entrever que la tan temida posibilidad de una baja en la calificación soberana de México se había reducido, después de que en marzo de 2016 la puso en perspectiva negativa.

En ese escueto análisis Moody’s le dio la razón a Vanessa Rubio. Los remanentes de operación del banco central fueron el factor que cambió la perspectiva sobre la nota soberana del país; por lo menos en el corto plazo. Un asunto de primer orden en las preocupaciones de Hacienda y de Peña Nieto por los efectos negativos en cascada sobre la deuda y las metas de consolidación fiscal.

Así que el asunto es de primer orden. ¿Acaso la subsecretaria de Hacienda sabía el viernes anterior que la Junta de Gobierno del Banco de México —una entidad autónoma— daría a conocer, precisamente el siguiente lunes, un remanente de operación de ese tamaño? ¿Acaso también lo sabían los analistas de Moody’s y —dado que Rubio los involucró en su declaración de Acapulco— los de Fitch y Standard & Poor’s? ¿Ante qué estamos?

El SAASCAEM y el gobierno del Estado de México, bajo lupa. El abogado de Infraiber, Paulo Diez Gargari, ha denunciado que se realizó un depósito por mil 600 millones de pesos entre el 1 de enero y el 30 de septiembre pasados, en una de las cuentas bancarias del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM). Un depósito inusual para el organismo dado el monto. De acuerdo a Diez Gargari y a los estados financieros del organismo, no se identifica al depositante, ni la fecha en que se realizó, ni la razón. En los mismos estados financieros para ese periodo el organismo reporta una deuda por pagar de corto plazo a favor del gobierno del Estado de México, también por mil 600 millones de pesos. Tampoco se conoce la razón. Como es obvio, el asunto amerita una respuesta inmediata.

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