Ayotzinapa: la ruptura que viene

Fuera del registro mediático, seis expertos internacionales desarrollan desde el pasado fin de semana en México, el tercer y crucial peritaje sobre la desaparición forzada y presunta muerte de decenas de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. Entregarán sus conclusiones a finales de este mes.

Sea cual fuese el sentido del reporte final de esta nueva investigación, el gobierno mexicano ha determinado que ello cierre el acuerdo que estableció con la OEA, del que se derivó la participación del controvertido Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Este convenio vence en abril, y no será renovado. Ambas partes anticipan extraoficialmente que ello atraerá un diluvio de reacciones, dentro y fuera del país.

En la ruta de colisión están inscritos funcionarios clave, entre ellos el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la canciller Claudia Ruiz Massieu; la procuradora federal, Arely Gómez, y su antecesor, Jesús Murillo Karam. En la esquina contraria se ubicarán el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el propio GIEI, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el mexicano Emilio Álvarez Icaza, y una amplia gama de activistas de los derechos humanos, destacadamente el Centro Miguel Agustín Pro, que controlan los jesuitas en México y es dirigido por Mario Patrón, representante legal de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa.

El centro de la polémica será ocupado por Álvarez Icaza, cuya condición de connacional parece hacerlo más vulnerable a señalamientos diversos. El que fuera por dos periodos defensor del pueblo en la Ciudad de México tiene seguramente la piel curtida en estos menesteres, por trayectoria propia y por herencia. Pero esta será quizá la batalla más ardua que deberá enfrentar.

El gobierno mexicano y una diversa gama de observadores —algunos sólidos, otros simple coro oficial— parecen haber acumulado suficientes evidencias para achacar ligereza a los integrantes del GIEI, formalmente comprometidos a trabajar de tiempo completo en este tema, a partir de enero de 2015. El gobierno mexicano les ha pagado dos millones de dólares que formalmente han debido usar para viajar, recabar y procesar información.

Reportes sólidos dan cuenta de que salvo uno o dos casos, notablemente la abogada colombiana Ángela Buitrago, el resto de los miembros del GIEI escasamente están en el país, y su labor luce más animada por un activismo político que por un desempeño técnico. Adicionalmente, acumulan extendidos cuestionamientos profesionales, incluso en sus naciones de origen.

El nuevo equipo de peritos que se encuentra ya en México fue integrado a partes iguales, con propuestas del GIEI y de la PGR. En el grupo destacan dos personajes: John D. Dehann, quizá la mayor autoridad mundial en estudios forenses ligados con incendios o explosiones. Su ficha profesional reúne una trayectoria de 40 años. El segundo es José Luis Torero, el experto peruano que en julio de 2015 impugnó ruidosamente la llamada “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam, expuesta en la extensa conferencia de prensa del 7 de noviembre de 2014, según la cual los normalistas fueron asesinados y los cuerpos, de una parte sustantiva de ellos, incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero, triturados y arrojados a un río.

Versiones surgidas de los trabajos internos de este grupo dan cuenta que Dehann ha expresado que la incineración colectiva sí se pudo haber generado en Cocula, en una desautorización clara sobre Torero. PGR y GIEI han pedido a la nueva comisión de peritos un reporte consensuado, lo que difícilmente se logrará.

Pero el problema trasciende por mucho la confrontación entre dos peritos, por notables que luzcan. Una mayor crisis entre el gobierno mexicano y este tipo de actores puede deslizar al país hacia escenarios en los que quede sujeto a una inusual presión por parte de organismos internacionales, con el mensaje de que en México se rompió el orden institucional y que el Estado ha sido rebasado por el crimen y la impunidad.

La firma del convenio entre México y la OEA que permitió la participación del GIEI en el tema Ayotzinapa se produjo luego de advertencias de que el país sería incluido en el llamado “Capítulo IV” de los informes anuales de la CIDH, que engloba aquellos casos de violaciones sistémicas o gestadas desde el Estado. El acuerdo, establecido en noviembre de 2014, fue pactado en el despacho del secretario Osorio Chong, en Gobernación, con la presencia del entonces procurador Murillo Karam, y del citado Álvarez Icaza.

El gobierno mexicano no ha recibido la humillación de estar en el Capítulo IV, pero el informe recién difundido por la CIDH es claramente una bofetada en momentos en que los operadores centrales del convenio dan por hecho su conclusión.

En las vísperas de este desenlace, es pertinente desentrañar claves adicionales de esta historia, por lo que es necesario regresar a ella pronto.

Ficha profesional de John D. Dehann

https://www.linkedin.com/in/john-d-dehaan-ph-d-13554a33

Liga para conferencia de Murillo Karam

https://www.youtube.com/watch?v=QNcfdHUiP8c

Liga para convenio entre el gobierno mexicano y la OEA sobre caso Ayotzinapa.

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/docs/Acuerdo-Addendum-Mexico-CIDH.pdf

Liga al informe de la CIDH sobre derechos humanos en México.

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

rockroberto@gmail.com