¿De qué tamaño es la mentira histórica?

Después del domingo pasado será muy difícil rescatar la versión del incendio en Cocula. Aún si algunos se empeñan en descalificar la investigación del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Internacionales (GIEI), los argumentos científicos y la contradicción de los testimonios hacen que esa verdad se haya extraviado para siempre.

Nadie ha negado la posibilidad de que en ese basurero municipal se hayan cremado uno o varios cuerpos. Lo que no es creíble es la incineración de 43 cadáveres.

Ya dirán las investigaciones por venir qué ocurrió con cada uno de los distintos grupos de estudiantes desaparecidos. Es previsible que no hayan sufrido una suerte idéntica. Si los estudiantes fueron agredidos y detenidos en escenarios diferentes, cabe prever que padecieron también destinos diferenciados.

Pero todavía es temprano para presentar conclusiones. El GIEI no ha entregado toda la información que posee.

Una cosa sin embargo es evidente: si las líneas de investigación presentadas el domingo pasado se revelan ciertas, las acusaciones que pesan sobre más de cien personas, supuestamente victimarios de los jóvenes de Ayotzinapa, estarían en riesgo de derrumbarse.

¿Qué acusaciones? Por ejemplo las que, a partir de la autoinculpación, recayeron sobre los integrantes de la banda Guerreros Unidos, señalados por el ex procurador Murillo Karam como supuestos autores materiales del asesinato de los normalistas, la incineración de sus cuerpos y la destrucción de los restos.

El GIEI afirma en su informe que los testimonios pudieron haber sido obtenidos mediante tortura y el peritaje sobre lo ocurrido en el vertedero de Cocula vuelve verosímil tal versión.

Pero la mentira histórica podría ir más lejos. La PGR señaló, prácticamente desde que se hizo cargo de la investigación —en octubre de 2014— al ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, como el autor intelectual del operativo criminal.

No obstante, resulta intrigante que el GIEI haya dicho pocas cosas con respecto a la presunta responsabilidad de ese ex funcionario.

El domingo pasado Carlos Beristain, cabeza del grupo de expertos, afirmó que durante el mandato de Abarca en Iguala creció —que no nació— la desaparición forzada. Sin embargo no presentó a este personaje como la mente maestra detrás de los hechos.

Esto pudo ser así porque aún no se cuenta con evidencia concluyente o porque se encontró evidencia que señala a otros sujetos como los verdaderos responsables.

Entre los argumentos compartidos por el GIEI aparece una declaración interesante a este respecto. La del conductor de uno de los autobuses que la noche del 26 de septiembre fue conducido a una casa de seguridad de color blanco y con un portón negro, ubicada en el centro de Iguala, donde estuvo ante un individuo de apariencia atlética que podría haber sido la cabeza del operativo criminal.

¿Quién era ese señor? ¿José Luis Abarca?

Resulta difícil suponer que dicho conductor no haya sido capaz de reconocer a Abarca, sobre todo si su testimonio fue recogido después de que el rostro del ex presidente municipal se hizo famoso.

También cuesta trabajo creer que el presidente municipal tuviera tanto poder como para movilizar en contra de los estudiantes, a una sola voz, a las policías municipal, estatal y federal, y que tuviera tanta influencia como para lograr que los militares se portaran como testigos pasivos de las atrocidades.

ZOOM: No será la primera vez que un chivo expiatorio ayuda a salir del paso. Si la mentira sobre el basurero de Cocula despertó pasiones fuertes, cabe imaginar la gravedad que implicaría toparse con otras falsedades.

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