Durante su primer informe de labores, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Luis María Aguilar, ofreció uno de los más alentadores mensajes en muchos años.

En síntesis, pidió a los ciudadanos creer en los jueces, además de que prometió que en el Poder Judicial “no hay ni habrá espacio alguno para la corrupción”. Y, enfático, dijo que un juez que no hace valer la ley “es mandadero o escribano, no un verdadero juez”.

Sin embargo, en los hechos —y a fuerza de la terca realidad—, la declaración del ministro Aguilar parece quedarse en mero recurso retórico. La realidad no encuentra espacio en el discurso.

Y es que al mismo tiempo que el presidente de la Corte daba su mensaje —el pasado 11 de diciembre de 2015—, en el Estado de México, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Adalid Ambriz Landa, era acusado en distintos medios como el mejor ejemplo de la corrupción del sistema judicial.

Intocable, corrupto y extorsionador. Resulta que el arquitecto Saúl Camacho Quezada, quien realizó trabajos de ampliación de la residencia de descanso del citado magistrado —inmueble ubicado entre Ixtapan de la Sal y Tonatico, con valor de millones de pesos—, terminó en prisión porque se negó a regalar los trabajos de construcción de la casa del magistrado. En venganza, Ambriz Landa fabricó acusaciones federales contra el arquitecto y lo tiene preso desde hace casi un año. La historia es la siguiente.

Familiares del arquitecto Camacho Quezada documentaron extorsiones, abuso de autoridad y corrupción del sistema judicial a lo largo de una pesadilla que inició en 2004, cuando el magistrado Adalid Ambriz Landa contactó al arquitecto citado para realizar una ampliación a su residencia de descanso, en el Rancho San Diego, entre Ixtapan de la Sal y Tonatico.

El proyecto inició con la construcción de una casa de 506 metros; pero, conforme avanzaron los trabajos, quedó en mil 300 metros. El magistrado pidió se le ampliara con una gran alberca, estacionamiento techado, un muro de contención, salones de juego, varias habitaciones y acabados de lujo.

“El problema es que el magistrado Adalid Ambriz Landa, después de pedir la ampliación de la casa —lotes 60 y 61— y después de que se hicieron los trabajos, no reconoció el adeudo y no aceptó pagar gran parte del trabajo”.

El arquitecto amenazó con demandar legalmente y, en respuesta, el magistrado exigió que el arquitecto le pagara 3 millones y medio de pesos a cambio de no llevarlo a prisión.

El arquitecto se negó a la extorsión, intentó acudir a distintas instancias de justicia —mismas en las que el presidente de la SCJN pide que confíen los ciudadanos—, y la respuesta fue una celada por parte del magistrado, para enviarlo a prisión.

Hace más de ocho meses el arquitecto fue citado por el magistrado supuestamente para pagar el adeudo. Sin embargo, al llegar al lugar pactado, la policía lo hizo preso y fue enviado a prisión, sin orden de aprehensión y acusado de diversos delitos federales, mismos que no procedieron por falta de pruebas. “Por supuesto que es mentira, lo metió a la cárcel acusándolo de fraude”, denunció Cynthia Meléndez Vázquez, esposa de la víctima.

La persecución continuó por órdenes de Ambriz Landa; la familia narra que en distintas ocasiones intentaron asesinar al arquitecto, primero unos desconocidos chocaron su auto, en otro momento recibió amenazas de muerte y también fue perseguido por dos sujetos en motocicleta que le dispararon.

A pesar de contar con un amparo y de haber sido detenido en varias ocasiones por las influencias del magistrado, el caso lleva 8 años y nadie se ha atrevido a investigar al magistrado, al grado de llevar el caso de un juicio civil a un juicio federal.

Finalmente, el arquitecto Saúl Camacho Quezada fue acusado del delito de fraude, permanece en el Penal de Santiaguito en el municipio de Almoloya de Juárez, olvidado y con la deuda de la justicia que espera desde hace 8 años; justicia corrupta que —contra lo que dice el ministro Luis María Aguilar—, sí tiene lugar en el Poder Judicial.

¿Quién solapa al magistrado Ambriz Landa? El magistrado Adalid Ambriz Landa ha ocupado el cargo de juez de distrito  en  la Ciudad de México y en el estado de Oaxaca. Desde 1996 es magistrado, puesto que ha desempeñado en Jalisco, la CDMX y el Estado de México.

Fue agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán; posteriormente, fue subcoordinador de estudios de postgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Originario del estado de Michoacán, Adalid Ambriz Landa es doctor en Derecho  por la UNAM, en donde ha  impartido cátedras en Derecho así como en los estados de México, Michoacán y Jalisco. En el círculo judicial se le vincula con el selecto grupo de “magistrados ricos”, cuyas fortunas son incalculables.

Actualmente cuenta con 64 años de edad, se ha desempeñado dentro del Poder Judicial de la Federación como secretario de Tribunales Unitarios y Colegiados en el Estado de México y el antes Distrito Federal, además fue secretario de Estudio y Cuenta de la Tercera y Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las mismas fuentes judiciales dicen que de ahí viene el poder que lo solapa y le brinda total impunidad.

A partir del 2004 el  nombre del magistrado Adalid Ambriz Landa cobró relevancia en los medios de comunicación y en los laberintos del Poder Judicial del país, gracias a que fue uno de los magistrados que concedió sin titubear un amparo a Raúl Salinas de Gortari, acusado de homicidio y enriquecimiento ilícito durante la administración del gobierno de su hermano Carlos Salinas de Gortari. Incluso, en el Poder Judicial es  señalado como uno de los que se benefició con la fortuna de Raúl Salinas.

En el 2005, el magistrado Adalid Ambriz Landa,  integrante del Segundo Tribunal  Colegiado del Estado de México junto con dos magistrados más, tuvieron en sus manos el destino jurídico del protagonista Raúl Salinas, uno de los casos más polémicos en la historia penal de México.

Desde entonces, Adalid Ambriz Landa es inamovible de su cargo de magistrado.

¿No hay lugar para los corruptos en el Poder Judicial?

Al tiempo.

En el camino. A reserva de pronto regresar al tema, en Oaxaca se impusieron el sentido común y el sentido político. Alejandro Murat es el candidato del PRI al gobierno estatal. “Para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo”. Lección política fundamental, guste o no a los malquerientes de los Murat.

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