La respuesta, en un primer escenario, podría ser sí. Desde luego el que postule Acción Nacional de entre Margarita Zavala, Ricardo Anaya o Rafael Moreno Valle. Pero también el que postule el PRI si finalmente se decanta por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña. Parece de escándalo, pero la caballada tricolor está muy flaca.

Aunque el antecesor de Meade en el control de las finanzas nacionales, Luis Videgaray perdió la chamba en Hacienda y la oportunidad de alzarse con la candidatura presidencial priísta por el affaire Trump, sigue estando muy cerca del presidente Peña Nieto y con gran influencia en sus decisiones políticas.

Aquí hemos sostenido la hipótesis de que desde el despacho que tiene en Los Pinos, Videgaray opera para que la candidatura presidencial tricolor recaiga en uno de los suyos, José Antonio Meade, su amigo desde que eran estudiantes en el ITAM; y para controlar al PRI con otro, el ex director de la CFE, Enrique Ochoa Reza.

Meade ha confesado su no militancia priísta, mientras que es de todos conocida la simpatía que por él tiene la militancia panista, tras su gestión a la cabeza de las secretarías de Energía y de Hacienda durante el gobierno de Felipe Calderón.

Pero esa simpatía tiene raíces históricas y familiares mucho más hondas, pues el secretario de Hacienda del actual gobierno priísta es nieto de José Kuri Breña, uno de los fundadores del PAN en 1939 y es hijo de Dionisio Meade y García de León, quien fuera subsecretario de Gobernación con Vicente Fox.

El viernes pasado, durante la instalación del nuevo Consejo Político Nacional del PRI, su secretario técnico saliente, Joaquín Hendricks Díaz dedicó tres párrafos de su informe a un asunto que casi pasó desapercibido pero que, para los que lo cacharon, es la apertura de la puerta a una candidatura como la de Meade.

Empezó por decir que en las elecciones de 2015 y 2016, la sociedad manifestó en las urnas su molestia y desconfianza hacia los partidos políticos, circunstancia que justifica el surgimiento de las candidaturas independientes. Agregó que el PRI, atento a esas señales, actualizó por la vía del Consejo Político, la figura de las candidaturas de simpatizantes y estableció que “cualquier ciudadano interesado en participar en un proceso electoral como candidato del PRI podrá hacerlo”, si cumple los requisitos de identidad con los principios del partido y participa en igualdad de circunstancias con los militantes que tengan similar aspiración.

El presidente del tricolor, Enrique Ochoa Reza, no fue tan claro en el planteamiento, pero acusó recibo de la exigencia de cambio enviada por los votantes a través de las urnas en las pasadas elecciones, aseguró que el PRI “no es omiso a la agenda de la sociedad”, prometió que atenderá las causas de la gente y anunció una nueva etapa de diálogo con la sociedad civil.

Sin impedimento estatutario, como se ve, Meade podría ser un candidato presidencial simpatizante, experimento que, por cierto, prosperó en Sinaloa, durante las pasadas elecciones, con el hoy gobernador Qurino Ordaz Coopel.

En el escenario descrito, y sin que hasta ahora se vea un candidato tricolor fuerte y con posibilidades de triunfo, el hoy secretario de Hacienda garantizaría, no una alianza electoral que rechazarían tanto panistas como priístas y que daría la razón a López Obrador en el sentido de que ambos partidos son lo mismo; pero sí el respaldo del PAN en caso de que el PRI se mantuviera en Los Pinos o el apoyo de éste, en caso de que el blanquiazul regresara a la Presidencia.

Entonces, ¿tendrá el PAN dos candidatos a la Presidencia? En un segundo escenario, la respuesta es no. Hay un priísmo que no respalda la candidatura de Meade y que más bien empuja a favor de la idea de posibles gobiernos de coalición, que no es nueva, pero que ahora cobra relevancia ante el casi seguro hecho de que quien gane en 2018 lo hará con un tercio de los votos y no podrá gobernar. Papel protagónico en ese escenario juega Manlio Fabio Beltrones, quien pacientemente teje un plan B, del que ya le contaré en próximas entregas.

INSTANTÁNEA: MAS CORRUPCIÓN. A dos meses de que se renueven las presidencias municipales de Oaxaca, los ediles se despachan con la cuchara grande. Ahí le van dos casos emblemáticos: El del priísta José Luis Ramos Cruz, alcalde de San Agustín Etla y el del también priísta Javier Villicaña Jimenéz, munícipe de la capital oaxaqueña. El primero pidió a contratistas moches disfrazados, pues exigió que le dieran dos millones de pesos para cubrir los gastos de transporte que tuvo que realizar para desatorar los diez millones de pesos para obras autorizados desde el año pasado. El segundo pide un moche de hasta 30 por ciento del costo de las obras, a través de su hermano Jorge Villicañana. Ahí están dos casos para el “cruzado” de la anticorrupción, Enrique Ochoa Reza.

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