Duarte, su red y el suegro cómodo

Raúl Rodríguez Cortés

No parece tener precedente documentado la red de familiares, amigos y funcionarios públicos involucrados en las transas millonarias de las que se acusa a Javier Duarte de Ochoa. Una pestilente cloaca ha sido destapada por las investigaciones que el SAT y la PGR hacen del gobernador con licencia de Veracruz, hoy prófugo de la justicia.

De lo que se acusa a Duarte, en términos sencillos, es de crear decenas de empresas fantasma a las que daba contratos, por adjudicación directa, con recursos de las participaciones federales. Esas empresas justificaban el servicio con facturas y notas de remisión cobijadas en la opacidad de controles prácticamente inexistentes en todos los estados, y compraban propiedades y terrenos que después vendían. Así, lavado el dinero, llenaba los bolsillos del gobernador y sus ahora enriquecidos familiares, empresarios amigos, funcionarios y diputados locales.

El SAT empezó por jalar la hebra que atribuye al empresario Moisés Mansur Cisneyros ocultar dinero de procedencia dudosa, para comprar en agosto, septiembre y octubre de 2013, once departamentos y casas ubicadas en barrios residenciales de la Florida.

Las operaciones se hicieron mediante la empresa fantasma Azerco LLC, creada el 27 de enero de 2012 por Iñaki Negrete González, una del casi centenar descubierto en la indagatoria de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (UEIDFF 2329-2016) y en la que aparecen los nombres de al menos 33 empresarios.

En el centro de esta trama está, por supuesto, JaviDu, apelativo con el que los jarochos se refieren al prófugo para hacer rimar sus coplas. Pero la presunta eminencia gris es su suegro, Tony Macías, con acusaciones de fraude inmobiliario desde el corrupto gobierno de Fidel Herrera, hoy cónsul en Barcelona. Macías es un suegro, sin duda cómodo, que financió las aspiraciones políticas de Duarte y, sin duda, pieza central de éste que sólo es un capítulo más de una historia de corrupción que se remite a la gestión del ex gobernador Herrera Beltrán y que incluso salpica al gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.

De las auditorías practicadas por el SAT se desprenden vínculos familiares sanguíneos y políticos. Entre ellos Cecilia de Ochoa Guasti y Daniel Duarte, madre y hermano, respectivamente, del gobernador con licencia; así como su suegra María Virginia Yazmín Tubilla Letayf; la hermana de ésta, Córsica Tubilla Letayf; la esposa de JaviDu, Karime Macías Tubilla; su cuñada Mónica y el esposo José Armando Rodríguez Ayache. Su concuño Javier le vendió en enero de 2010 un departamento en Maricopa, Arizona. El seguimiento de esta propiedad llevó a la PGR al descubrimiento de otras diecisiete compras inmobiliarias ahí mismo, en Arizona, pero también en Texas y Maryland. En todos estos casos, la venta estuvo a cargo de Azerco LLC, la empresa fantasma creada por Mansur Cisneyros e Iñaki Negrete, y mediante la que Duarte habría adquirido también el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, que vendió después, de manera parcial, a Rafael Gerardo Rosas Bocardo y José Juan Janeiro Rodríguez.

Son muchos los nombres de personajes que están muy inquietos porque la PGR investiga su participación en un presunto daño patrimonial de por lo menos 24 mil millones de pesos.

Aparte se cuece el diputado federal Alberto Silva Ramos, amigo, socio y favorito de Duarte para sucederlo. Conocido como El Cisne —según contó Ricardo Raphael en su columna del lunes en EL UNIVERSAL—, este hombre otorgó a empresas fantasma, desde la Sedesol local, 45 contratos por 243 millones de pesos. Pero sus aspiraciones se vieron truncadas cuando se documentó que su hermano Francisco firmó diversas operaciones sospechosas como apoderado y representante legal de Francisco, Pancho, Colorado, un empresario procesado en Estados Unidos por lavar dinero de Los Zetas.

Colorado fue muy cercano siempre a Fidel Herrera, al propio Duarte, al Cisne y a su hermano Alberto, así como al hoy gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. Éste echó mano de su buena relación con Alberto Silva Ramos para que la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota (a quien apoyaba en su campaña), usara uno de los aviones de su flotilla.

 

INSTANTÁNEA. ACOSO. Víctimas de acoso sexual aseguran que ya se arma un expediente contra Manuel Granados Covarrubias, consejero jurídico del gobierno de la CDMX. Señalan que esa práctica ha sido constante desde que era coordinador de asesores en la Procuraduría capitalina del hoy jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y que siguió a su paso por la Asamblea Legislativa. Las afectadas dicen estar dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias. No quieren a un Trump en las altas esferas del gobierno de la Ciudad.

 

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