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La revolución de las mujeres es la única triunfante en el siglo XX.
Laura Estropo, escritora colombiana.
La construcción de la Democracia Mexicana es, en muchos sentidos, la propia lucha de las mujeres para lograr la igualdad plena y el reconocimiento de sus Derechos Humanos. Este camino se encuentra poblado de fechas trascendentes, que merecen ser recordadas por el significado que arrojan hasta nuestros días.
El miércoles 12 de febrero de 1947, es sin duda una de estas fechas. En aquél día, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se modificó el párrafo primero de la fracción primera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tras este decreto, el artículo tenía la siguiente redacción:
En las elecciones municipales participarán las mujeres, en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho de votar y ser votadas.1
Este hecho, fue el primer paso en el reconocimiento de los derechos políticos de todas las mujeres en nuestra Carta Magna y estableció el precedente esencial para que, seis años más tarde, se lograra el reconocimiento pleno a la participación política de las mujeres a través del ejercicio del derecho de votar y ser votadas a nivel federal, gracias a un nuevo decreto presidencial.
Estos reconocimientos fueron el producto de la lucha feminista iniciada incluso antes de efectuarse el Constituyente de 1917. Una lucha cuyo objetivo fue siempre el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y varones en la vida pública e institucional de nuestro país.
El año de 1916, puede marcarse como el de inicio de este movimiento en favor de la igualdad, al llevarse a cabo en la ciudad de Mérida el primer Congreso Feminista2 bajo el auspicio del General Salvador Alvarado, Gobernador de Yucatán y una de las figuras más progresistas de la Revolución Mexicana.
Uno de los resultados más importantes de aquél encuentro fue la primera demanda formal para que se otorgara el voto ciudadano a las mujeres, petición que por desgracia no encontró eco suficiente durante el Congreso Constituyente de 1917.
Por el contrario, al plantearse en Querétaro la posibilidad de elevar a rango constitucional el reconocimiento de los mismos derechos políticos básicos para ambos géneros se desechó de plano tal idea. Una frase pasó a la historia como muestra de la falta de importancia que entonces se le concedía a las demandas femeninas: “en el estado en que se encuentra nuestra sociedad […] las mujeres no sienten la necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en este sentido”.3
Sin embargo, las negativas no detuvieron el avance de las mujeres en la búsqueda de igualdad jurídica y política.
Sin importar la falta de reconocimiento legal de sus derechos, valientes y vanguardistas mujeres emprendieron el camino de la lucha electoral. De esta forma, la capacidad de las mujeres en la arena pública quedó plenamente comprobada al obtenerse triunfos electorales y legales que, aunque temporales, no dejaban de ser significativos.
Por ejemplo, tras el reconocimiento que el estado de Yucatán dio en 1923 al derecho de las mujeres a sufragar, tanto a nivel municipal como estatal, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dzib y Beatriz Peniche de Ponce fueron electas para diputadas al congreso estatal, lo que las convirtió en las primeras yucatecas en acceder al legislativo de su estado.
Desafortunadamente, tras las revueltas político-militares que asolaron aquella entidad y que culminaron con el asesinato del Gobernador Felipe Carrillo Puerto, en 1924 tuvieron que dejar sus curules debido a las amenazas de muerte de las que fueron objeto.
De igual forma, en el estado de San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en elecciones municipales en 1924 y en las estatales en 1925, aunque este derecho fue derogado para 1926.
Simultáneamente, Chiapas reconoció temporalmente el derecho a votar a las mujeres en 1925.
Todos estos hechos plasmaron la creciente demanda en favor del pleno reconocimiento legal y constitucional a los derechos de la mujer en el ámbito político. La construcción de un Estado institucional permitió que más y más mujeres accedieran a la educación formal, con lo cual la conciencia de la desigualdad se cristalizó y la demanda por el cambio no hizo sino crecer.
Con el paso de los años se volvió evidente que no existía ninguna razón real que justificara apartar a la mitad de la población del ámbito electoral, o que explicara el veto para que las mujeres pudieran incidir en las políticas públicas. Pasaron más de 24 años desde la elección de las tres diputadas yucatecas para que el Presidente Miguel Alemán Valdés estableciera en el texto constitucional el voto femenino a nivel municipal para empezar a corregir tal desequilibrio.
El decreto del 12 de febrero de 1947, marca un antes y un después, ya que a partir de esa fecha no existió vuelta atrás para los derechos de las mujeres. Este decreto impulsó, en gran medida, las transformaciones que marcaron la segunda mitad del siglo XX y que continúan en nuestros días.
Como ya se señaló, ninguno de estos cambios se da de forma espontánea. Cada reconocimiento y cambio constitucional en favor de la igualdad es el resultado de una lucha por parte de la sociedad civil a lo largo de una centuria para que el contexto se trasforme y se establezca en el reconocimiento pleno de los derechos humanos de todas y todos, a lo que se debe sumar la voluntad política que ha quedado plasmada en los diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano.
En la actualidad,4 la Constitución Federal establece en su artículo 6o, la igualdad ante la ley de todas las personas, sin importar su género, asimismo indica en el artículo 1º, que todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos por la misma Carta Magna y los instrumentos internacionales.
A esto, se suman los mandatos establecidos en los artículos 7 y 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los cuales establecen con claridad la obligación de los partidos políticos de postular de manera paritaria entre ambos géneros a sus candidatos para las legislaturas (no así para la Cámara de Senadores, lo cual me parece una incongruencia).5
En este sentido, pese a que el entramado constitucional y legal es una realidad en México que establece la igualdad, se puede observar fácilmente que la lucha aún no ha concluido.
El gran reto de nuestros tiempos consiste en la erradicación total de la violencia política ejercida contra las mujeres en todas sus formas, ya que esta inhibe la participación política de candidatas, funcionarias y ciudadanas en general, violentando los Derechos Humanos de cada una de sus víctimas y de la sociedad en su conjunto.
Un primer paso lo constituye, sin duda, la práctica de juzgar con perspectiva de género que las autoridades jurisdiccionales en materia electoral hemos establecido como un ejercicio permanente, gracias a lo cual se atienden con especial atención los posibles casos de violencia de género.
Un segundo paso, lo encontramos en el trabajo conjunto que han realizado diversas instituciones como el INE, la FEPADE, el TEPJF, INMUJERES y SEGOB, lo que ha permitido el histórico desarrollo de un protocolo conjunto para la atención de los casos de violencia de género.6
Un tercer paso a establecer, consiste en crear los mecanismos para que se garantice la paridad real entre ambos géneros en los cargos directivos de los organismos encargados de la función electoral, tanto en la rama administrativa como jurisdiccional, con lo cual se establece una condición de congruencia ante lo que se le exige a los actores políticos.
No obstante, es importante señalar que en el septuagésimo aniversario del reconocimiento del voto de la mujer en elecciones municipales, el más importante elemento para lograr la igualdad de género en el ámbito político electoral lo constituye el involucramiento total de las mujeres, tal y como sucede en la academia, el sector emprendedor, el deporte, las ciencias y el arte.
Instituciones internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, han establecido la trascendencia, junto con las acciones de gobierno, de la participación activa de las mujeres para lograr la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad.7
Es por esto que el 12 de febrero, se debe marcar como una fecha trascendental para nuestro país. Al ser el recordatorio del punto de inflexión histórico en el cual las mujeres iniciamos la construcción de la verdadera Democracia en México. Un camino que, a 70 años de iniciado, aún presenta retos y desafíos enormes.
#IgualdadDegeneroEsDemocracia
@mgdaalejandrac1
1http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4629783&fecha=12/02/1947&cod_diario=199133
2 https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-mexicano-historia-der/article/view/29571/26694
3 http://ciudadania-express.com/2008/10/17/la-historia-del-voto-femenino-en-mexico/
4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipe.htm
6 http://sitios.te.gob.mx/protocolo_mujeres/media/files/7db6bf44797e749.pdf
7 http://www.iadb.org/es/temas/genero-pueblos-indigenas-y-afrodescendientes/igualdad-de-genero-y-empoderamiento-de-la-mujer,2604.html
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