En abril del año pasado, dos financieras privadas ‘rescataron’ a GEO. Banorte Sólida y Capital Inmobiliario, que eran dos de sus principales acreedores, accedieron a inyectarle 3 mil 500 millones de pesos a cambio de su control y 83% de sus acciones. Era la única forma como la empresa, que se convirtió en la desarrolladora de vivienda más grande de México durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, podía salvarse de la extinción.

Hoy se sabe que dicha capitalización en realidad estuvo amarrada a una condonación de impuestos por un monto similar: 3 mil 62 millones de pesos. De acuerdo con información obtenida por la organización civil Fundar, y publicada este lunes en EL UNIVERSAL, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), todavía al mando de Aristóteles Núñez, le perdonó más de 3 mil millones de pesos a 13 de sus subsidiarias entre mayo del 2015 y agosto del 2016.

Dos fuentes al tanto del concurso mercantil de la viviendera coincidieron en que dicha condonación de impuestos fue condicionante para que Banorte, de Carlos Hank González, y Capital Inmobiliario, al mando de Juan Carlos Braniff, actual director general de GEO, le inyectaran los 3 mil 500 millones con los que pudo reactivar sus operaciones.

Uno de los primeros cambios estructurales que implementó Enrique Peña Nieto tras tomar protesta como presidente de la República fue en el sector de vivienda. En el 2013 presentó un nuevo Plan Nacional de Vivienda con el cual se modificaron las reglas de construcción de casas y el otorgamiento de créditos y subsidios, lo cual dio el golpe fulminante a las desarrolladoras. GEO cayó en impago ese mismo año y fue suspendida de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Lejos habían quedado aquellos años de bonanza en los que la empresa, fundada por Luis Orvañanos, construía 50 mil casas por año y sus directivos viajaban por todo el mundo en sus jets privados en busca de más inversionistas que compraran el milagro mexicano de la vivienda de interés social. Junto con GEO cayeron Homex y Urbi y el sector enfrentó la peor crisis de su historia.

A inicios del 2015, empero, el presidente Enrique Peña Nieto se redimió y anunció una inversión de 370 mil millones de pesos para la construcción de 500 mil viviendas, lo cual fue considerado como un rescate, pues era más o menos la cifra que las tres desarrolladoras en concurso mercantil (GEO, Homex y Urbi) debían a sus acreedores: unos 300 mil millones.

“Para argumentar la idea del rescate inmobiliario, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, también impulsó una serie de medidas fiscales como las reformas a la Ley de Concurso Mercantil”, criticó en su momento el presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna, Humbertus Pérez.

Y al parecer no se equivocó: el SAT condonó poco más de 3 mil millones de impuestos a GEO a través de la figura Condonación por Concurso Mercantil, la cual consiste en disminuir parcialmente los créditos fiscales relativos a contribuciones que debieron pagarse con anterioridad a la fecha en que se inicie un procedimiento de concurso mercantil.

Por si fuera poco, el CEO de GEO, Juan Carlos Braniff, tiene otras cosas de que preocuparse: uno de sus acreedores no reconocidos, Fians Capital, consiguió echar a atrás el concurso mercantil de la desarrolladora de vivienda, por lo que, por ahora, se mantiene prácticamente en la situación que tenía el 15 de junio de 2015, cuando abandonó esta figura jurídica.

Pero de eso y de la condonación de impuestos, el director general de GEO prefiere no hablar.

#BAHAMASLEAKS. Y hablando de asuntos fiscales, ayer el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (el mismo que dio a conocer los #PanamaPapers) divulgó 3 millones de archivos que enlistan a 175 mil 888 empresas, fideicomisos, fundaciones y a sus dueños, quienes poseen firmas off-shore en la paradisiaca isla caribeña de Las Bahamas. En la lista figuran 431 mexicanos, como Gastón Azcárraga, ex presidente de Mexicana de Aviación; Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, propietarios de hospitales, hoteles y medios de comunicación; la familia Achar, exdueños de Comex; los González Zabalegui, de La Comer; los Martín Bringas, de Soriana, entre otros, algunos que ya dieron su versión a los medios nacionales que publicaron los documentos.

Posdata 2. ¿Se pregunta si mediante la figura de Condonación por Concurso Mercantil también se podría rescatar a ICA, la otrora mayor constructora de obra pública del país? Por supuesto que sí y David Martínez, quien capitalizó a la empresa a través de su fondo Fintech Advisory, debe estar ansioso por recibir sus 215 millones de dólares más ganancias.

Twitter: @MarioMal.

Correo: mario.maldonado.padilla@gmail.com

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