El último procurador de México

Luis Cárdenas

Raúl Cervantes podría llegar a ser el próximo fiscal general en una tradición presidencialista que, en teoría, buscamos romper como sociedad

Raúl Cervantes es un hombre de muchas credenciales, tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, amplísima experiencia en litigio a través de su despacho CEA-Abogados y buena trayectoria política. Es un hombre del PRI que les representa un gran cuadro (y no, como otros, una gran vergüenza). Es un hombre de negociación y consensos.

Sin embargo, con todas sus credenciales y el cariño de sus (ex) compañeros senadores, Raúl Cervantes podría llegar de forma muy tersa, cuasi mantequilla, a convertirse en el próximo fiscal general de la nación en una especie de tradición presidencialista que, en teoría, buscamos romper como sociedad justamente con la creación de esta figura.

En teoría, el nuevo fiscal general no será más únicamente un procurador de justicia sino, más bien, un elemento clave en el nuevo sistema de justicia penal, gozará de una independencia del Presidente de la República, al grado tal que su cargo trasciende los sexenios, dura 9 años, encabezará los esfuerzos de la recabación de pruebas (científicas en su mayoría) que pondrán en la cárcel o en la calle a los criminales más peligrosos de México, sobre su trabajo recaerá la meta de la disminución significativa de la impunidad en México —hoy solamente el 1% de los delitos cometidos llegan a sentencia condenatoria— y para ello tendrá mucho, muchísimo poder. Mediante una orden judicial, por ejemplo, podrá intervenir teléfonos, catear domicilios u obtener información de alto nivel de inteligencia y seguridad nacional, con la salvedad de que no tiene (como hoy sí el procurador) un jefe directo al que deba responder.

Sin dudar de Cervantes y sin glorificar a Cervantes, ¿es el indicado?, ¿no habría valido una discusión más intensa en el Senado para darle el puesto?, ¿queremos a un priísta 9 años en un cargo de tal poder?, ¿la militancia debería ser o no ser condición al menos de discusión?, ¿no valdría la consulta ciudadana aunque no fuese vinculante?, ¿un debate mucho más abierto?, ¿por qué todos (casi) los senadores confían a ojos cerrados en este perfil?, ¿sólo porque fueron compañeros de pasillo?, ¿porque algunas veces compartieron comida y acuerdos?

De Cervantes se puede criticar su cercanía con la Presidencia por sus filiaciones con Humberto Castillejos y Alfredo Castillo, su papel como asesor jurídico en el caso Monex, su cercanía a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión o hasta su conflicto, personalísimo, durante su matrimonio con Angélica Fuentes… Nada de eso, per se, le impediría, a priori, ser un buen procurador y, luego, en dado caso, un buen fiscal general, pero quizá valdría primero discutir ese destino de forma más abierta.

Cervantes, por otro lado, podría no ser el nuevo fiscal, y únicamente el último titular de la PGR, si renunciara a su cargo de procurador antes de que se aprobaran las leyes pendientes de la nueva Fiscalía. Esa sería una muestra de enorme apertura democrática que se antoja muy acorde con el nuevo puesto.

Recordemos que la decisión que se tome, aunque venga de la misma Presidencia, trasciende (o debería) a los sexenios.

DE COLOFÓN.— El nombramiento del nuevo procurador da un poquito más de tiempo a los ex gobernadores, poquito.

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