Faltan más de dos meses para que inicie la era Trump y desde ayer los focos rojos se encendieron en varios flancos en nuestro país. CNN dio a conocer parte de un documento interno del equipo de Donald Trump, al parecer elaborado durante la campaña, en el cual se engloban las acciones para sus primeros 200 días de trabajo.

Lo malo —o pésimo, como usted quiera verlo querido lector, lectora— es que en el día 1 del próximo gobierno estadounidense se analizará el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Los republicanos van por la renegociación. Si no se logra ésto, podrían decirle bye el 7 de agosto de 2017, cuando cumplirá sus 200 días al frente de la Casa Blanca.

—La administración de Trump dará vuelta atrás a décadas de política comercial conciliatoria. Nuevos acuerdos serán negociados en pos de los intereses de Estados Unidos y de sus trabajadores.

Desde la Secretaría de Economía nos dicen que no problem. Que ya estamos preparados, en cualquiera de las dependencias encargadas, para cualquier cambio que se quiera hacer al TLC. ¿Será? El Partido Verde hasta propuso crear una Comisión Especial —sí, ooootra— en la que participen quienes colaboraron en la elaboración del TLC hace 23 años.

¿En serio no les preocupa? Ayer mismo, el presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro la forma en que trabajará su administración con el nuevo presidente:

—Con la nueva administración de EU dialogaremos alentados con base en tres valores centrales: optimismo (¿pues de dónde lo sacarán con tanta abundancia en Los Pinos?) en que la palabra y la razón son el mejor medio para la convivencia (¿neta para pelear-dialogar con Trump?)... Habremos de trabajar con enorme pragmatismo para acordar lo que es útil y conveniente para México, siempre en defensa de los principios básicos que no son negociables: nuestra soberanía, el interés nacional y la protección de nuestros connacionales.

Desde ayer, en la Cámara de Diputados se hizo un exhorto para buscar mecanismos bilaterales, a fin de blindar la economía mexicana.

Esta semana podría ser de buenas noticias para Elba Esther Gordillo. Al amparo ganado el lunes pasado por el delito de defraudación fiscal, se suma la decisión que se tome hoy en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el ministro José Ramón Cossío propondrá atraer el caso de la ex líder magisterial, a fin de resolver si se le concede o no la prisión domiciliaria, a la cual tiene derecho como cualquier ciudadano por su edad.

Uno de los temas a analizar radica en que en el artículo 55 del Código Penal federal se estipula como adulto mayor a las personas de más de 70 años, lo que no coincide con el artículo 3 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, donde se considera a este sector de la población a partir de los 60 años.

Una de las razones por las que no se le ha otorgado este beneficio radica en que al momento de su detención, la ex líder del SNTE no cumplía los 70 años, lo cual sucedió en febrero de 2015. Por esta razón se le había otorgado un amparo en febrero de 2016.

Hoy a las 11:30 am en la sede de la editorial Penguin Random House se presenta a la prensa el libro Margarita, mi historia, de Margarita Zavala. Por la tarde, a las 6 pm, en el Camino Real habrá otra presentación a cargo de Julio Patán. Sería un buen mensaje de unidad panista si llegara Ricardo Anaya, otro de los suspirantes por la candidatura presidencial del PAN. Veremos.

A continuación le presento la segunda parte de una lista de familias resilientes, quienes han dado un paso más allá de la exigencia de justicia para nuestras autoridades.

El 5 de junio de 2009, un incendio —cuyas causas siguen investigándose y aún no se pueden fincar responsabilidades contra los responsables— consumió la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, con un saldo de 49 bebés muertos y más de 100 con secuelas para toda la vida.

Desde ese momento, los padres de los menores fallecidos han realizado una lucha incansable porque se haga justicia. Se formaron dos grupos de padres y familiares de los menores fallecidos y heridos: Movimiento Ciudadano 5 de Junio y Manos Unidas. Por un lado, Manos Unidas ha mantenido reuniones con funcionarios federales, entre ellos la ex procuradora general Arely Gómez, a fin de continuar con las indagatorias.

En torno al Movimiento Ciudadano 5 de Junio, la presión hacia las autoridades federales --una parte del sexenio de Felipe Calderón y lo que lleva actualmente el sexenio de Enrique Peña Nieto-- la han transformado también en la promulgación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, más conocida como Ley 5 de Junio, con la cual se buscaría que las estancias infantiles cuenten con instalaciones óptimas y seguras y evitar así una tragedia similar a la Guardería ABC.

Hasta agosto pasado sólo 17 entidades habían armonizado sus leyes locales con esta ley general.

En julio de 2009, en Galeana, Chihuahua, fueron asesinados Benjamín LeBarón Ray y Luis Carlos Wildman Stubss, integrantes de la comunidad mormona. El hecho fue resultado de la detención de un grupo de personas que mes y medio antes habían secuestrado a su hermano Erick, a quien liberaron sin el pago de rescate. A raíz de esta situación, su hermano Julián formó un grupo ciudadano en Chihuahua para exigir justicia al gobierno local y colaboró en la formación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que formó Sicilia.

Alejandro Martí es presidente y fundador de la organización México SOS. Su hijo Fernando fue secuestrado en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, cuando el auto en el que viajaba, lo detuvo un falso retén de policías. Fue asesinado después de estar en cautiverio 53 días.

A partir de ese momento, su padre se convirtió en una de las figuras más representativas de denuncia sobre las fallas en nuestro sistema de seguridad.

Él fue uno de los asistentes a la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, en agosto de 2008, donde, ante gobernadores, legisladores, líderes de todos los sectores del país, hizo una de las denuncias ciudadanas más férreas a nuestra clase política. En pleno Palacio Nacional declaró:

--Si no pueden renuncien, pero no sigamos usando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada porque eso también es corrupción.

En noviembre de 2008 presentó su organización Sistema de Observación para la Seguridad Ciudadana, SOS.

Y nadie ha renunciado.

Otro de los casos se registró en julio de 2005, hace más de 11 años. Isabel Miranda de Wallace inició la búsqueda de su hijo Hugo Alberto Wallace. Ella dejó de dar clases y tomó la iniciativa de convertirse en investigadora, sin tener conocimiento de cómo hacerlo. Ante la cerrazón de autoridades, comenzó a buscar a los responsables. Colocó anuncios espectaculares –ella tiene su empresa del ramo-- por diversos puntos de la Ciudad de México.

Logró detener a todos.

El último de ellos fue Jacobo Tagle, en diciembre de 2010.

Su activismo la llevó por un lado a crear la Asociación Alto al Secuestro, la cual se ha encargado de dar seguimiento estado por estado a este grave delito y a la denuncia de malos servidores públicos, y por otro, ser candidata del PAN a la Jefatura de Gobierno capitalino, aspiración que perdió. Se le ha criticado su cercanía tanto con el entonces presidente Felipe Calderón como con Enrique Peña Nieto y los actuales funcionarios.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, Marisela Ortíz, Rosario Acosta, Norma Esther Andrade y su hija María Luisa García Andrade fundaron la organización “Nuestras hijas de regreso a casa”.

El caso de Marisela es distinto al del resto. Su familia no ha sido víctima de desaparición; pero sí de amenazas. Le impactó la desaparición de la joven Lilia Alejandra, en marzo de 2001, hija de Norma Andrade, a quien conocía.

Comenzaron juntas la búsqueda y presión a las autoridades estatales y federales. No obtuvieron respuesta y comenzaron a movilizarse por su cuenta. Otros casos llegaron a Marisela y comenzó la búsqueda de otras jóvenes desaparecidas.

Lograron llevar el caso de las desaparecidas en Juárez hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, ante las amenazas que han sufrido, ordenó medidas cautelares para Marisela Ortiz y María Luisa García. Actualmente ni Marisela Ortiz, ni Norma Andrade ni María Luisa radican ya en Ciudad Juárez, las tres han sufrido amenazas y ataques en su contra.

Recordemos que tres mamás que participaron en esta organización fueron asesinadas. Una de ellas, Marisela Escobedo, frente al palacio de Gobierno en 2010 donde ya despachaba César Duarte.

El 9 de julio del 2000 en Tepoztlán fue secuestrada Paola Gallo. Sus captores solicitaron rescate, el cual se pagó; pero algo sucedió mal ese día. Una célula de sus captores fueron ejecutados. En represalia, los otros asesinaron a Paola.

Su padre, Eduardo Gallo Tello, contador de profesión, emprendió la búsqueda del responsable de ese delito.

En una entrevista en junio de 2001, relató qué lo motivaba para continuar con las indagatorias:

--Básicamente es un problema de principios y de valores, pero también es un problema de amor, de cómo se entiende el amor a un hijo, como algo que debe desatar pasiones; pero no violentas o venganza... soy creyente en Dios y espero estar en posibilidades algún día de reencontrar a mi hija.

Se reunió con funcionarios estatales, entre ellos el entonces gobernador Jorge García Rubí: Rogelio Sánchez Gatica, ex procurador estatal; Benito Muñoz Levaro, ex fiscal antisecuestros y no le convencieron las indagatorias.

Detectó diversas anomalías en las investigaciones y en la detención de presuntos responsables.

Sus tareas de investigación lograron detener a Francisco Zamora Arellano, alias Apache Dos, en la zona de Tultitlán, Estado de México, quien fue el que disparó en contra de Paola. También logró detener a otros dos responsables.

Eduardo Gallo fue presidente de México Unido contra la Delincuencia.

Quizás uno de los casos más representativos, uno de los primeros, ha sido la lucha emprendida por Rosario Ibarra viuda de Piedra, madre de Jesús Piedra Ibarra, detenido el 18 de abril de 1975. Fundadora del Grupo Eureka, desde ese día ha buscado a su hijo, quien habría sido detenido en Monterrey, Nuevo León, por elementos de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad.

Ha encarado a presidentes desde 40 años Echeverría y ha encabezado su lucha desde tribunas legislativas, como diputada y senadora. Ha sido candidata a la presidencia e incluso candidata al Premio Nobel de la Paz.

Con su movimiento, en el cual han participaron madres de otros jóvenes desaparecidos, logró que el gobierno federal emitiera tres amnistías, lograran liberar a mil 500 personas y presentación de 148 personas consideradas como desaparecidos.

En varias ocasiones ha declarado:

--Yo parí a mi hijo físicamente; pero políticamente fui parida por él.

katia.katinka@gmail.com

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