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Constituyentes

Katia D'Artigues

Por estos días, amigos y conocidos me preguntan: “¿Y cómo vas con lo de la Asamblea Constituyente?”.

Invariablemente me tomo unos segundos, suspiro y suelo decir: “La verdad, no lo sé”. Luego sigo con una larga explicación (para quien tiene tiempo de escucharla, claro). Intentaré escribir aquí lo que suelo decir, con más datos.

Estamos a menos de 30 días de que inicien formalmente los trabajos (el 15 de septiembre) de este congreso especial de 100 diputadas y diputados que discutirán la primera Constitución de la Ciudad de México y aún no tenemos claridad de muchas cosas.

 

¿Y la Iniciativa? ¿Cómo va la iniciativa que por ley sólo puede presentar Miguel Ángel Mancera? Aunque sus cercanos dicen —y con elementos— que no es una iniciativa secreta ni misteriosa, la verdad parece que sí lo es.

Sí, se hicieron 300 foros ciudadanos y cerca de 60 académicos para escuchar. Hubo reuniones con organismos internacionales. Hay iniciativas en change.org que han solicitado cosas que nos aseguran serán tomadas en cuenta.

El Grupo Redactor está integrado con la participación de muy honorables personas (los famosos “30 notables” que les choca que les digan así, pero sí son notables en el mejor sentido de la palabra) y el grupo de asesores encabezados por Juan Ramón de la Fuente. Gente respetable, pues.

Se dice, incluso, que un acuerdo que Mancera tuvo con ellos es que, una vez que ya esté la iniciativa, que todos la hayan revisado, la firmarán y sólo entonces se entregará. E incluso, como le decía en una columna hace unos meses, se difundirá su contenido hasta “casa por casa” (el contenido de una iniciativa que no es la definitiva, hay que subrayar).

Pero, ¿y qué dice puntualmente? Quién sabe. Como me dijo una amiga: “Entonces está todo y no está nada”. Y sí, así es. Los malpensados dirán que ya habrá algo negociado para que pase sin problemas. Sería muy decepcionante.

Mancera dijo esta semana que el texto completo se conocerá hasta que se entregue a los constituyentes. El plazo vence hasta el 15 de septiembre. ¿Y antes nada? ¿En serio?

¿No le parece una oportunidad perdida para comenzar a discutir temas importantes? ¿Para comenzar a entusiasmar con sus contenidos a la ciudadanía que sólo votó en un raquítico 28% en las elecciones pasadas (y 8% de esos votos fueron nulos)?

 

Sede habemus. Al menos esta pasada semana ya se firmó un convenio oficial para hacer de la Casona de Xicoténcatl, donde se instaló el Senado de la República el 13 de agosto de 1931 y donde 27 legislaturas sesionaron, la sede oficial.

Ya lo decía así un transitorio de la reforma política, pero no se había aterrizado. Esta semana en un evento entre el aún presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth (diputado constituyente él mismo) y Miguel Ángel Mancera llegaron a ese acuerdo.

Aunque los y las diputadas constituyentes no tendremos sueldo alguno, es básico que sí haya un presupuesto para la operación de los trabajos: desde el mantenimiento y las computadoras hasta el tablero de votación y claro, los asesores y expertos necesarios para discutir la Constitución cuando muchos de los que somos diputados y diputadas no tenemos experiencia parlamentaria previa. Ser asidua televidente del Canal del Congreso (que sí lo soy, por más extraño que le suene a muchos) da una idea, pero es como ver los toros desde la barrera.

La Secretaría de Finanzas asegura que habrá 150 millones de pesos para la operación de la Asamblea. Todo bajo el principio de “máxima austeridad”. Suena bien, pero, ¿qué exactamente significa eso para los trabajo del día a día?

Sabemos que la instrucción al secretario general de servicios del Senado fue que no erogarán para ello “recursos extraordinarios” y todo saldrá del presupuesto del Senado.

El Senado pondrá la sede, su mantenimiento, servicios del sistema de votación, audio, equipos de cómputo, internet y servicios parlamentarios.

El gobierno de la ciudad dará —según un boletín— “los servicios administrativos, recursos en especie, servicios de logística necesarios para el desarrollo de las sesiones, servicios legales que puedan derivar de los trabajos legislativos y la seguridad del inmueble y sus ocupantes”.

¿A usted le quedó claro?

Ahora bien. ¿Y las oficinas de los constituyentes, asesores y encargados del funcionamiento? ¿De las comisiones en las que estará dividida la Asamblea? ¿De los necesarios lugares para tener audiencias públicas? ¿Serán oficinas del gobierno federal, del local, se rentarán otras?

Y no es cosa menor, para los juristas. Dado que la Asamblea se creó como un órgano constitucional autónomo con personalidad y patrimonio propio, no debería depender en nada de ningún órgano constituido ya sea federal o local. Y esto incluye el pago de oficinas e incluso operación de todo lo relacionado con los trabajos. Si esto es así (como parece) se “vulnerará la autonomía”, como escribió esta semana Adolfo Riva Palacio Neri, expresidente del Tribunal Electoral del DF.

Entiendo el fondo de ello, pero, ¿en serio? ¿Entonces cómo? ¿Se creará y con qué dinero algo autónomo que durará cuatro meses y medio si todo sale bien?

 

El dilema del Reglamento; la Mesa de Decanos. Entonces no sabemos dónde trabajaremos (que las sesiones de pleno son sólo una parte del trabajo que haremos); que Senado y gobierno den el dinero, servicio e instalaciones no sabemos si “vulnera la autonomía” y claro, no conocemos la iniciativa de Constitución más que por trascendidos.

Hay otra cosa más.

Quizá es que soy nueva en esto, pero dado que es una Asamblea nueva y única en el país, lo primero que hay que definir son las reglas de funcionamiento que… tampoco están.

Una de las primeras cosas que hice al aceptar ser diputada fue pedir una reunión con quien ha sido durante más tiempo legislador en este país: Francisco Arroyo Vieyra.

Me quedé con muchas cosas de la reunión, pero una clarísima: que tenía que saberme el Reglamento al derecho y al revés.

Como la Asamblea es algo extraordinario no tiene reglamento. Es lo primero que hay que discutir.

La importancia del Reglamento de gobierno interno es toral, ahí se decide todo: quién o quiénes lideran la cámara, si habrá o no grupos parlamentarios… o si pudiera haber multiplicidad de ellos reunidos más bien en torno a temas e intereses y no a partidos, qué número de comisiones habrá (la reforma política establece que mínimo 3, pero no estipula máximo) y cómo deben de reunirse, qué días habrá sesión en el pleno, cómo se debe dar la discusión a detalle. Establece requerimientos mínimos de personal. Regula la comunicación externa e interna. Es decir, todo.

Y no tenemos reglamento aún.

Dirán: pues que copien otro y ya. ¿Podría ser muy diferente? Sí, sí podría y quizá sería deseable, pero para eso también se necesitan consensos (recuerde que ninguna fuerza tiene mayoría y que Morena —con 22 diputados y diputadas— estratégicamente busca distanciarse del PRD, aunque tenga los mismos principios básicos de izquierda. Bueno, busca distanciarse de todos).

La Asamblea trabajará siempre contra reloj. La Constitución debe estar lista y terminada de discutir el 31 de enero de 2017. Son sólo cuatro meses y medio de trabajo. Si no está lista para entonces, habrá un vacío constitucional que solucionar. Y ni hablar de que se promulgue el 5 de febrero de 2017 para que coincida con el 100 aniversario de la Constitución Federal. Y si se alarga, comenzará a complicarse políticamente con las elecciones de 2017 y de 2018.

Entonces, ¿qué hacer? Hay ideas por ahí. Algunas muy polémicas. Como tomar medidas para acotar el filibusterismo parlamentario, es decir, técnicas dilatorias (pero democráticas y legales) para agilizar la discusión. Hacer más comisiones y menos plenos. Acotar lo que puede llegar a pleno. Poner candados a reservas presentadas (cuando un diputado o diputada expone en tribuna por qué no está de acuerdo con algo ya votado en búsqueda de convencer a otros que cambien el sentido de su voto).

Lo único cierto es que el 15 de septiembre, día de la instalación quienes tomarán el control temporal de la Asamblea será la llamada Mesa de Decanos. Cinco personas que serán las de mayor edad entre los constituyentes que integrarán la Presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías. Aquí tampoco hay claridad de quiénes serán por la simple razón de que faltan 15 o 16 constituyentes por nombrar (6 de Mancera, 6 de EPN, 1 diputado o diputada y 2 o 3 senadores o senadoras).

Hasta ahora parece ser que Ifigenia Martínez, del PRD, con 91 años cumplidos sería la Presidenta. Le siguen en orden de experiencia Carlos Payán, Bernardo Bátiz, y Javier Jiménez Aspriú, de Morena, con 87, 80 y 79 años e Irma Cué, del PRI, con 78. Pero todo podría cambiar según los nombramientos faltantes. Por ejemplo, casi se da por descontado que uno de los nombramientos de Mancera será Porfirio Muñoz Ledo, quien tiene 83. Pero seguridad no hay.

En resumen, pues, ¿cómo va el asunto de la Asamblea Constituyente? Quién sabe…

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