Constituyentes

Katia D'Artigues

Que ahora sí, ya están comenzando a escribir los artículos de la iniciativa de la Constitución de la Ciudad de México. Usted podrá decir, querido lector, lectora, ¿qué no estaban haciéndolo ya desde febrero de este año? Pues sí y no. Me explicaré. También de al menos un tema interesante que contendría la iniciativa que ya adelantó Porfirio Muñoz Ledo: el de una renta mínima que permita vivir a los habitantes de la Ciudad, tengan trabajo o no. ¿Cómo lograrlo?

A la par sigue habiendo reuniones de grupos que buscan dar sus puntos de vista sobre lo que debería contener la Constitución: capitalinos afromexicanos, organizaciones de derechos ambientales, de personas con discapacidad y una reunión particularmente interesante a la que tuve oportunidad de asistir con un par de jóvenes (respaldados por un creciente número de firmas) que piden que la Constitución, una vez redactada, se vote en referéndum por los habitantes de la Ciudad, así como las consecuencias que esto podría tener, que no son menos, créame.

Pero vamos por partes, si le parece.

Ahora sí, a redactar… Desde febrero, el Grupo Redactor se reúne cada martes en el Salón Oval de Miguel Ángel Mancera, pero su trabajo está por terminar el 15 de julio. De hecho, la última reunión programada será el próximo martes 12. Así, el Grupo Redactor o de los 30 Notables entregará las conclusiones de sus discusiones durante meses, pero… no será el texto definitivo.

Manuel Granados Covarrubias, consejero jurídico de la Ciudad de México, lo dijo esta semana de manera pública: ya después él, Porfirio Muñoz Ledo, y Rogelio Muñiz Toledo se encargarán con estos insumos y otros muchos más de pulir ya el articulado de la iniciativa que propondrá Mancera a la Asamblea Constituyente el 15 de septiembre.

Además de homologar redacciones (los borradores que han circulado por ahí no son los definitivos), una parte importante consistirá en checar que todos los temas estén dentro de la Constitución, para que no haya riesgo de que puedan ser declarados inconstitucionales y fuera de los tratados de derechos humanos que México ha firmado.

En esta etapa también checarán que estén dentro las propuestas que ya hizo el Grupo Asesor encabezado por Juan Ramón de la Fuente; las conclusiones del Maratón Constituyente Universitario (y algunas otras más, como la que entregó esta semana la Facultad de Derecho de la Ibero), las opiniones de los 300 kioskos-puntos de encuentro, instalados en estaciones de Metro y Metrobús de la Ciudad… y, claro, las 11 propuestas que han alcanzado más de 10 mil firmas a través de Change.org

¿Qué hará Mancera cuando le entreguen esta primera gran propuesta en unos 15 o 20 días? Bueno, está por verse, pero se analizan varias posibilidades. Una de ellas es dar a conocer el proyecto no sólo a los partidos políticos sino a la ciudadanía (incluso a través de un formato digital abierto a comentarios). Sería una buena idea para el proyecto de una Constitución como ésta, que sigue sin suscitar grandes entusiasmos públicos, como debería. La decisión está exclusivamente en la cancha de Mancera.

¿Una renta mínima/ básica? Y no, no es sólo un seguro de desempleo, sino un piso básico de ingresos. Porfirio Muñoz Ledo adelantó esta semana que la idea es que esto sea posible “a través de un pacto fiscal” con la Federación (quizás aumentando el pago del impuesto predial). Por cierto, a dicho pacto se opone la procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal Ladrón de Guevara.

Se trata de una propuesta que ya ha sido implantada en otras ciudades del mundo, con el objetivo de repartir la riqueza y garantizar que ningún ciudadano quede excluido. En Alaska, por ejemplo, todos los habitantes reciben una renta entre los mil 800 y 2 mil dólares por la venta de su petróleo; en Finlandia se planea establecer una figura así de 900 euros para todos; en Suiza el referéndum para aprobarla se perdió.

Para una ciudad donde el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ante la crisis por el Hoy No Circula le mandó decir a su jefe de Gobierno que no aprobarían dinero extra para transporte, ¿será posible que algo así pase? Será una lucha interesante.

Las reacciones de la propuesta ya se escuchan en otros partidos: Mauricio Tabe la calificó como “ocurrencia sin sustento”. Gabriel Quadri dijo que era “populismo y demagogia” que llevaría a una quiebra… Raúl Flores, presidente del PRD en la Ciudad, por otro lado lo consideró un “mecanismo igualador”.

La renta mínima o básica es una propuesta que también tiene Morena para la Ciudad. Cecilia Soto, diputada quien también será constituyente, la llama “Ingreso Universal Ciudadano” y ya había propuesto discutirla y empezar con Guerrero, por ejemplo.

Un referéndum, ¿se irá hasta la SCJN? Fui invitada esta semana a la Consejería Jurídica a ser testigo del encuentro de tres integrantes del Grupo Redactor (Aidé García, Xóchitl Mejía y en representación del magistrado Juan Luis González Alcántara, su secretario particular, Francisco Espinosa González) con dos grupos que lograron más de 10 mil firmas en Change.org para que sus temas sean considerados.

El primero fue de personas con discapacidad, un tema, como saben, cercano a mi corazón y la razón de mi participación en esta Asamblea Constituyente. El grupo que acompañó a Juventino Jiménez, el peticionario, habló de la importancia de que todos los derechos de las personas con discapacidad sean retomados de manera transversal a lo largo de toda la Constitución. Basados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad instaron a que no se usen términos paternalistas o de “caridad”, sino de derechos. Me gustó que Aidé García haya hecho un paralelismo con el tema de mujeres y hablado de la necesidad de crear acciones afirmativas para personas con discapacidad para acortar la brecha del acceso a derechos y también para ir educando a la sociedad. Se habló incluso de repensar si gran parte de las políticas sobre discapacidad las debe llevar el DIF o si hay que repensarlo para superar el enfoque asistencialista. Fue una muy buena reunión.

La segunda fue de dos jóvenes —Pablo Hernández y Federico Taboada— quienes plantean que la Constitución ya redactada se someta a una consulta pública en 2018. Plantean algo real: que el proceso para integrar el Constituyente (con 40% designado) más una baja participación ciudadana (menos del 30%) lo hacen necesario. “Está adolecente de falta de pueblo”, dijo Pablo.

Después de la Segunda Guerra Mundial, hay 42 constituciones nacionales (ni una local) que se han enfrentado a esta prueba de aceptación ciudadana. La última fue la de Ecuador.

Esto que suena muy razonable, ya analizado con calma puede ser una bomba. ¿Por qué? Hay varias razones.

Primero, porque se enfrenta a un candado en la propia reforma política del DF en su artículo 8° transitorio: dice que la Constitución debe ser publicada sin mayor trámite… lo que de entrada abriría una puerta para que la consulta pase un examen de constitucionalidad en la Suprema Corte.

Y luego, hay otros argumentos. El menor es que, dado que ya hubo una elección, votar para ratificar el trabajo de un representante popular es apelar a una doble representación.

Quizá la más seria que, según el artículo 35 constitucional, hay límites a las consultas populares (VIII, 3°). Uno de ellos son los derechos humanos. Esta Constitución los contendrá, aunque emanan de la federal, claro.

¿Se imagina si se consultara la Constitución, que contiene el tema de la interrupción legal del embarazo antes de la semana 12? ¿El matrimonio igualitario? Daría espacio a grupos conservadores —capaces sí, de mucha movilización convencida— para tirar los temas.

¿Seríamos capaces de defender este derecho ya ganado los y las que estamos a favor y orgullosos de tener esto en nuestra ciudad? Y peor: ¿qué dice de nosotros si no somos capaces de hacerlo?

Otra polémica es si sería vinculante. Aunque no lo fuera, ¿se imagina qué pasaría políticamente si la mayoría vota por el “no”? Pablo y Federico dicen que aun este posible shock vale la pena, porque habla de la baja calidad de nuestra democracia.

En todo caso, es un tema que parece que lo acabará decidiendo la Asamblea Constituyente y quizá la SCJN.

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