“Cambiar de equipo no basta”

Javier Oliva Posada

Los graves desajustes en asuntos de seguridad pública e impartición de la justicia que se viven en algunas entidades que han observado procesos electorales y alternancias radica en las capacidades que tengan las nuevas autoridades para hacer valer la ley y la autoridad

En buena parte de los países del continente americano, incluyendo desde luego a Canadá y Estados Unidos, la dinámica política y electoral ha traído una serie de beneficios y problemas. Hace no pocos años, la democracia y su natural ejercicio de la alternancia en el poder renovaba las expectativas sobre una mejora en la calidad de vida.

Fuera por el relevo de las élites burocráticas y partidistas o la llegada de nuevos equipos en posiciones de influencia, la exigencia por parte del electorado para encontrar opciones viables, pero sobre todo tangibles en los asuntos más aquiescentes, tales como: inseguridad pública, desempleo, pobreza, depredación ambiental, han pasado de promesas o compromisos a verdaderas demandas. En el caso de México, la cuestión de la seguridad pública, es uno de esos temas y compromisos ineludibles de los nuevos gobiernos locales, estatales y federales.

La alternancia a nivel federal, estatal y municipal muy poco ha contribuido a la recuperación de la paz pública y a la plena vigencia del Estado de derecho. La confusión e ignorancia por parte de analistas y funcionarios públicos respecto de las bondades de la democracia como procedimiento electoral para solventar esos sensibles asuntos se han limitado a suponer que “cambiar de equipo” basta. La pendiente de violencia, impunidad y corrupción demuestra que eso es sólo una ilusión. Incluso, una fantasía.

Veamos casos como Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, en donde la alternancia o el cambio de gobierno no ha traído, ni con mucho, mejoras en las condiciones de seguridad pública; desde luego que hay contrastes y dimensiones en cuanto a las características y los agentes promotores de la violencia, por ejemplo, Oaxaca y Guerrero. Sin embargo, la expectativa de la población se mantiene insatisfecha en cuanto a la posibilidad de una certeza y estabilidad en materia de seguridad pública y aplicación de la ley.

También hay excepciones en recientes procesos de alternancia gubernamental, como son Sinaloa o Querétaro, para referirme a casos con distintos signos partidistas. No obstante, lo que nos preocupa a los ciudadanos hacia 2018, con la enorme cantidad de procesos electorales municipales, estatales y federales, es la forma en que la inseguridad pública pueda colocarse como el tema central de las campañas, pese a que no implique un elemento determinante en el desarrollo de un país en general.

Los graves desajustes en asuntos de seguridad pública e impartición de la justicia que se viven en algunas entidades que han observado procesos electorales y alternancias radica en las capacidades que tengan las nuevas autoridades para hacer valer la ley, la autoridad y la fortaleza de las instituciones. A estas alturas de los conflictos que se viven en varias partes del país, de ninguna manera pueda haber dirigente o líder político con serias aspiraciones que desconozca o carezca de opciones ante la condición crítica de estos asuntos.

El notable y desafortunado incremento en los índices de violencia a niveles nacional y estatales nos remite a la comprobación de la hipótesis de esta colaboración. La alternancia sin proyectos o las acciones de gobiernos, de cualquier nivel, basados en las ocurrencias e improvisaciones (por ejemplo, Fuerza Conago), genera el espacio adecuado para la confusión y distribución de responsabilidades. Por eso, es que no es ni de cerca lo mismo hacer campaña que comprometer y destinar recursos, personal, presupuesto, infraestructura y, sobre todo, políticas y programas en materia de seguridad pública sin contar con algo más que optimismo y “echarle gamas”. En democracia, la alternancia no significa eficiencia en seguridad pública. Está demostrado. Hay pruebas.

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