Víctima de abuso sexual... y de la justicia

Gabriela tiene una hija de cinco años de edad. Se llama Cecilia. Como se separó del padre de la niña, Fernando, cuando ésta no había cumplido aún su primer año, las reuniones entre padre e hija suceden siempre fuera de casa. Desde que Cecilia cumplió cuatro años comenzó a decirle a su mamá que su padre le tocaba “la pipí”.

Ella creyó que la niña hablaba de cosas relacionadas con la higiene. Pronto notó que Cecilia regresaba a casa con los genitales irritados. “Es que mi papá me toca mi pipí”, le confesó Cecilia. “Me toca, pero me lastima”.

Gabriela preguntó: “¿Te toca para limpiarte?”. Y entonces la niña le dijo: “No, me toca porque a él le gusta”. Gabriela sintió que, literalmente, un abismo se abría bajo sus pies. Como náufrago ante una tabla salvadora, intentó aferrarse a la idea de que su hija podía estar confundiendo las cosas. Fernando era incapaz.

Acudió, sin embargo, a la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, A.C. (Adivac). Una sicóloga le dijo que los niños de cuatro años no fantasean sobre ese tipo de cosas. Cuando dicen que los tocan es porque los tocan, cuando dicen que los lastiman, es porque alguien los ha lastimado.

México es un país experto en esos asuntos. Según la OCDE, 4.5 millones de niños sufren hoy abuso sexual. Sólo en un mínimo porcentaje de los casos —2%— es conocido en el momento en que se presenta el abuso. En un escalofriante 98% las historias surgen años después.

Gabriela consultó a un abogado, intentó restringir las visitas de Fernando. Él se empeñó en ver a la niña. El 11 de marzo de 2014 fue por ella a la escuela. Gabriela no se atrevió a enfrentarlo. Le pidió que la llevara a comer a un McDonalds cercano y la regresara pronto, “pensando que en ese sitio no podría hacerle nada”.

Cuando Cecilia volvió, se quejó: “Me arde mi pipí”. Gabriela preguntó por qué. La niña dijo: “Mi papá me tocó”. La madre supo que al salir de McDonalds habían ido al estacionamiento de un Vips. El padre le dijo: “Vamos a jugar”. La tocó, y ella lo tocó a él.

Esa tarde un pediatra descubrió que la pequeña tenía inflamada la vulva. No hubo penetración, pero sus genitales habían sido rozados hasta provocarle un edema.

Gabriela presentó denuncia penal e inició un proceso para despojar a Fernando de la patria potestad. La niña fue sometida a diferentes exámenes sicológicos, alguno de ellos mandado a hacer por el propio padre. Todos estos confirmaron el abuso.

Fernando argumentó que tocaba a su hija porque la madre era sucia y no la limpiaba bien. “Así que le tenía que poner pomadas y volverla a limpiar”.

El 23 de enero de 2015, la jueza Edna Edith Escalante declaró que resultaba procedente someter a investigación formalizada a Fernando y dictó auto de vinculación a proceso al hallar que se reunían los requisitos exigidos por el Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de México para acreditar el delito de “Actos libidinosos” (carpeta administrativa 905/2014). Él decidió ampararse.

Tres meses después se celebró la audiencia de cierre de investigación. La jueza ordenó que la niña fuera sometida a nuevas pruebas periciales a cargo de expertos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. La madre se inconformó, Cecilia había sido sometida ya a siete exámenes: “Cada uno de ellos le está causando daño a mi hija”, dijo. La jueza autorizó, sin embargo, que las pruebas fueran efectuadas. Se hicieron dos nuevos dictámenes, que resultaron adversos al imputado.

En junio hubo una nueva audiencia. De “forma increíble”, dice Gabriela, la jueza desautorizó los dictámenes a los que antes había dado validez, y dictó la no vinculación a proceso. Fernando quedó libre de culpa: la defensa había “probado” que padre e hija no habían asistido a un Vips, sino a una tienda de juguetes; había argumentado que la niña era incapaz de señalar el sitio donde habían ocurrido los hechos —el estacionamiento de un Vips. Achacaba las rozaduras a “enrojecimiento multifactorial” y la acusación, a celos de la madre.

Gabriela (a petición de ella, todos los nombres, salvo el de la juez, han sido cambiados) considera que entre otros hechos multifactoriales que han influido en la decisión de la jueza, puede estar la corrupción. El caso irá al Consejo de la Judicatura.

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