Espionaje en México: la puerta al oscurantismo informático

El reciente reportaje que denuncia al Gobierno de México, publicado por The New York Times, detonó aún más la crisis de la administración peñista creando un alarmante panorama para defensores de derechos humanos y de la libre expresión.

A todas luces resulta indignante y lamentable saber que el gobierno invierte más de 80 millones de dólares en un software para modernizar los métodos de espionaje con el fin de amenazar y silenciar a sus opositores e informadores, mientras rubros vulnerables como la cultura y la educación sufren recortes por falta de presupuesto.

Pero eso no es lo más grave, actualmente México enfrenta una situación crítica en la libertad de prensa, cada vez resulta más peligroso ejercer esta profesión.

Entonces, ¿quién protege al periodista? ¡Nadie! Es por ello que debemos hacer un llamado para que se expida una legislación correspondiente que proteja la labor de todos los comunicadores, por tal motivo el PRD pugnará de manera enérgica en el Congreso de la Unión para sacar adelante una legislación a la altura de las circunstancias.

La técnica del espionaje no es algo nuevo para el gobierno priista, que no ha cambiado su ADN de vigilar y controlar las actividades de los que luchan por la verdad y cuestionan sus decisiones. Simplemente podemos recordar el caso del entonces gobernador del Estado, Arturo Montiel, quien en el 2001 fue señalado por encabezar un centro de espionaje telefónico a políticos, empresarios y líderes sociales de oposición.

O el caso del propio Enrique Peña Nieto, que fue acusado por el financiamiento ilegal, durante su gestión como gobernador del Estado de México, a un centro de espionaje que habría encargado a dos empresas: Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, S.A. y Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana, S.A.

Ahora, estos mismos personajes están en el poder, con una tecnología modernizada, conocida como Pegasus, que solo se puede vender a los gobiernos con el fin de combatir el crimen organizado y terrorismo pero que es empleado en México para hostigar e intimidar a los periodistas y críticos del sistema.

Es ahí donde este gobierno avanza, en la modernización de espionaje.Por décadas lo han hecho y con el paso del tiempo amplían sus horizontes para hacerlo de manera más sofisticada, lo cual resulta inaudito a todas luces y no se debe permitir desde ningún punto de vista.

¿Acaso ellos serán sus propios jueces? ¡No! el Instituto Nacional de la Transparencia (INAI) tiene atribuciones para actuar en caso de espionaje, es la autoridad a la que le corresponde velar por la protección de la información personal de los ciudadanos, por lo que debe ejercer su autonomía y dar puntual seguimiento a este tema que sin duda dará mucho de qué hablar.

Y como era de esperarse, la respuesta publicada por el gobierno dejó más dudas que certezas y fomentó la desconfianza de la sociedad. No pueden esperar que la ciudadanía les crea mientras no presenten pruebas que desmientan las acusaciones que los señalan, mientras hemos presenciado una gestión que ha soslayado casos como Ayotzinapa, Nochixtlán, la Casa Blanca, entre muchos otros más. Es lógico que se tenga la impresión de que no hay verdaderos mecanismos de justicia en el país.

Estamos ante un tema que no debe ser pasado por alto, es preocupante que el espionaje se haya convertido en una actividad institucionalizada en el gobierno mexicano que nos lleva necesariamente a hacer una revisión exhaustiva en materia de transparencia porque estos actos no pueden quedar impunes. ¡Alcemos la voz y extendamos la pluma sin temor alguno!

Coordinador de la fracción parlamentaria del PRD y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

@FMartinezNeri El reciente reportaje que denuncia al Gobierno de México, publicado por The New York Times, detonó aún más la crisis de la administración peñista creando un alarmante panorama para defensores de derechos humanos y de la libre expresión.

A todas luces resulta indignante y lamentable saber que el gobierno invierte más de 80 millones de dólares en un software para modernizar los métodos de espionaje con el fin de amenazar y silenciar a sus opositores e informadores, mientras rubros vulnerables como la cultura y la educación sufren recortes por falta de presupuesto.

Pero eso no es lo más grave, actualmente México enfrenta una situación crítica en la libertad de prensa, cada vez resulta más peligroso ejercer esta profesión.

Entonces, ¿quién protege al periodista? ¡Nadie! Es por ello que debemos hacer un llamado para que se expida una legislación correspondiente que proteja la labor de todos los comunicadores, por tal motivo el PRD pugnará de manera enérgica en el Congreso de la Unión para sacar adelante una legislación a la altura de las circunstancias.

La técnica del espionaje no es algo nuevo para el gobierno priista, que no ha cambiado su ADN de vigilar y controlar las actividades de los que luchan por la verdad y cuestionan sus decisiones. Simplemente podemos recordar el caso del entonces gobernador del Estado, Arturo Montiel, quien en el 2001 fue señalado por encabezar un centro de espionaje telefónico a políticos, empresarios y líderes sociales de oposición.

O el caso del propio Enrique Peña Nieto, que fue acusado por el financiamiento ilegal, durante su gestión como gobernador del Estado de México, a un centro de espionaje que habría encargado a dos empresas: Seguridad Privada Inteligente Proveedora de Soluciones Activas, S.A. y Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana, S.A.

Ahora, estos mismos personajes están en el poder, con una tecnología modernizada, conocida como Pegasus, que solo se puede vender a los gobiernos con el fin de combatir el crimen organizado y terrorismo pero que es empleado en México para hostigar e intimidar a los periodistas y críticos del sistema.

Es ahí donde este gobierno avanza, en la modernización de espionaje.Por décadas lo han hecho y con el paso del tiempo amplían sus horizontes para hacerlo de manera más sofisticada, lo cual resulta inaudito a todas luces y no se debe permitir desde ningún punto de vista.

¿Acaso ellos serán sus propios jueces? ¡No! el Instituto Nacional de la Transparencia (INAI) tiene atribuciones para actuar en caso de espionaje, es la autoridad a la que le corresponde velar por la protección de la información personal de los ciudadanos, por lo que debe ejercer su autonomía y dar puntual seguimiento a este tema que sin duda dará mucho de qué hablar.

Y como era de esperarse, la respuesta publicada por el gobierno dejó más dudas que certezas y fomentó la desconfianza de la sociedad. No pueden esperar que la ciudadanía les crea mientras no presenten pruebas que desmientan las acusaciones que los señalan, mientras hemos presenciado una gestión que ha soslayado casos como Ayotzinapa, Nochixtlán, la Casa Blanca, entre muchos otros más. Es lógico que se tenga la impresión de que no hay verdaderos mecanismos de justicia en el país.

Estamos ante un tema que no debe ser pasado por alto, es preocupante que el espionaje se haya convertido en una actividad institucionalizada en el gobierno mexicano que nos lleva necesariamente a hacer una revisión exhaustiva en materia de transparencia porque estos actos no pueden quedar impunes. ¡Alcemos la voz y extendamos la pluma sin temor alguno!