A simple vista pareciera que los más grandes obstáculos educativos de este sexenio han quedado atrás. Sobre todo luego de la derrota al intento de boicot de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a la evaluación magisterial; además del control que se hizo sobre las inconformidades de estudiantes del IPN en 2014 y de las protestas en Oaxaca. Sin embargo, el potencial rebelde del sector nunca debe desestimarse.

Ayer varios cientos de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de otras universidades advirtieron que protestarán en los actos donde se presente el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, hasta que éste los reciba. Dicen que buscan un movimiento nacional en contra de la reforma educativa.

Antes de esta, ninguna manifestación estudiantil contra el gobierno había ocurrido este año. El eco de la protesta probablemente no hubiera existido si no fuera porque el miércoles pasado el secretario Nuño anunció que a partir de ese momento el IPN ya no estaría adscrito a la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, sino a la oficina del propio titular de la Secretaría. Nada extraordinario, sólo se escalaba la jerarquía de la relación del Politécnico con el gobierno.

El problema es que para los adversarios de la administración Peña Nieto, es muy sencillo vender la idea de que una “adscripción” a la oficina del secretario Nuño es, en secreto, un despojo a la autonomía de gestión del instituto educativo fundado por Lázaro Cárdenas. Difícil de creer, en la medida de que el gobierno puede hacer lo mismo con el IPN desde una subsecretaría que desde la titularidad de la SEP.

Pero el hecho de que el secretario Nuño haya tenido que salir públicamente a aclarar que la adscripción del IPN a su oficina no tiene ningún fin perverso, muestra que desde el gobierno se detectó el riesgo de que un tema en apariencia menor pueda resultar en un problema creciente.

Una protesta de alrededor de 500 personas no puede considerarse el preludio de una ola de inconformidad nacional. De cualquier forma, es un hecho que desde 1968 ha existido siempre el temor gubernamental a un alzamiento estudiantil generalizado. Sobre todo porque no es fácil actuar contra alumnos universitarios sin caer en el estigma de la represión.

Muchos han sido los logros de la reforma educativa, particularmente ligar el pago a profesores a mínimos criterios de eficiencia, como para ahora ponerlos en riesgo con decisiones que otorgan banderas a los opositores a dicha transformación. En próximos días habrá que tejer fino para no convertir un tema administrativo en un estandarte político.

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