¿Quién tiene la culpa por la violencia?

Alejandro Hope

Hace cuatro días el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se paró en la convención nacional de la Canacintra y soltó una provocación. “Chihuahua se nos ha descompuesto muchísimo”, dijo, sugiriendo que el deterioro de la situación de seguridad era resultado del reciente cambio de gobierno en el estado.

El gobernador de esa entidad, el panista Javier Corral, no dejó pasar el raspón: “A Osorio se le descompuso el país”, respondió. Señaló además que la responsabilidad última por el combate a la delincuencia organizada es del gobierno federal y que el ataque al gobierno del estado tenía motivaciones políticas. De remate, dijo que el gobierno de César Duarte, su predecesor en la gubernatura, había maquillado las cifras de homicidios.

Ese tipo de intercambios era común en el gobierno anterior. Un presidente (panista) regañaba a los gobernadores (priístas en su mayoría) y estos respondían alegando que el gobierno federal los dejaba solos, que no había dinero para nada y que, al fin y al cabo, el asunto era de delincuencia organizada y caía por tanto en la buchaca de la Federación.

Pero eso sucedía, decían, porque el Presidente era panista y de mecha corta. No tenía el talento político de los priístas, la mano izquierda para sentar a todo mundo en la mesa. Ya con Peña Nieto, eso no iba suceder: nada de regaños y periodicazos, puro apapacho y coordinación.

Pues resulta que no. A cuatro años de iniciada la administración y a dos de concluir, el secretario de Gobernación se queja de los gobernadores y los gobernadores se quejan del secretario y del Presidente. Se agotó, al parecer, el talento político.

O, tal vez, el asunto no era de talento y de mano izquierda, sino de incentivos e instituciones. Tenemos un federalismo que empuja a la recriminación mutua y no a la colaboración. Un gobierno estatal sabe que, haga o no su trabajo, cumpla o no con su responsabilidad, el gobierno federal va a intervenir si la situación de seguridad se deteriora más allá de ciertos límites. En esas circunstancias, el incentivo a hacer lo correcto (más allá de la buena voluntad específica de cada gobernador) no es muy potente en los palacios de gobierno de los estados.

Ahora el gobierno federal sabe que los gobiernos estatales saben eso y sabe que le van a pasar (buena) parte de la responsabilidad. Puede tratar de tragarse eso que sabe y apostar por la coordinación, pero esa buena disposición no dura mucho. No cuando se cruzan cosas como Ayotzinapa.

Entonces no podían más que regresar las recriminaciones a los gobiernos estatales. Más cuando estos empezaron a ser presididos en gran número por otro partido.

¿Cómo salir de la trampa? En principio, se podrían poner condiciones severas y límites temporales firmes para los operativos federales ¿Quieren ser rescatados, señores gobernadores? Entonces pongan, apoquinen, reformen. Profesionalicen sus policías. Si no, rásquense con sus uñas.

Eso suena muy bien (e incluso yo lo propuse hace algunos años), pero tiene un problema. No es una amenaza creíble, así esté incluida en la Constitución de la República. El país no va a dejar que Tamaulipas o Michoacán o Guerrero o Chihuahua se hundan.

Luego entonces, se requiere un garrote más potente, algo que ponga a los gobiernos estatales y municipales ante una disyuntiva ineludible: reforman a sus policías o las pierden para siempre (y pagan de por vida al siguiente nivel de gobierno).

¿Se puede eso? Sí: (medio) está en la mal llamada iniciativa de mando mixto. No es perfecta, pero mueve al país en la dirección correcta. Apruébenla ya, señores diputados. Ayúdenos a salir de la trampa de las recriminaciones cruzadas.

 

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