Ficrea: último round

Alberto Barranco

En litigio la liberación por parte de la Procuraduría General de la República de los bienes incautados al estallido del escándalo Ficrea para integrarlos a la masa de la quiebra, el último round general del caso de la financiera popular se librará en la Suprema Corte

Se trata de una solicitud de amparo planteada el 14 de enero del año pasado, cuyo desahogo ha rebotado del juzgado decimocuarto de Distrito del Estado de México al octavo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.

La protección de la justicia se plantea contra actos del Presidente de la República, el Congreso de la Unión, la Secretaría de Gobernación, por más que el énfasis apunta a la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

A la primera se le acusa de omitir el pago del equivalente a 25 mil Udis como indemnización parcial a los ahorradores afectados.

A la segunda de pecado de omisión, al no cumplir su responsabilidad de inspección oportuna y no alertar a la clientela de la tragedia que se avecinaba.

En la larga lista de agravios contra la instancia encabezada por Jaime González Aguadé, se habla de tardanza para intervenir gerencialmente a la intermediaria y en la expedición de una medida cautelar para asegurar el dinero en caja.

Más aún, a la llegada del interventor designado por la instancia tampoco se dio una información consistente sobre los estados contables y el status legal de la firma financiera.

La exposición de motivos habla que los actos son violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución.

Admitida la querella, se abrió un incidente de suspensión que, sin embargo, no llegaría hacerse efectivo.

Y aunque el Fondo de Protección de Sociedades Populares y Protección a sus Ahorradores se inconformó contra la apertura del expediente, su recurso se declaró infundado.

En el camino se le pidió al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitir diversos oficios girados sobre el caso, entre ellos uno fechado el 26 de junio de 2014 en el que le informaba a la intermediaria que había omitido una serie de observaciones y recomendaciones derivadas de una visita de inspección ordinaria.

Entre estas se hablaba de una acción contraria a la ortodoxia al recibir una parte relacionada de Ficrea, la firma Leadman Trade, el producto de los créditos otorgados.

Más aún, Ficrea no registró en su contabilidad préstamos otorgados directamente a la filial. Y si le seguimos, la financiera popular no tiene evidencia del origen de los recursos con los que se liquidan los créditos.

Se estaba, pues, drenando dinero de lo ahorradores hacia una firma del presidente de la intermediaria.

En la lista había otra irregularidad: Ficrea había incrementado su capital social sin pedir la aprobación correspondiente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

El documento se entregó con una serie de tachaduras.

En el camino la instancia había girado oficios similares a Ficrea en 2011, 2012, 2013 y 2014.

El caso es que la parte quejosa culpa a la autoridad supervisora de no actuar con energía frente a las evidencias obtenidas y no alertar a los ahorradores.

El hecho es que celebraba una audiencia constitucional el 24 de abril del año pasado, el juez del Estado de México se declaró incompetente por razón de territorio, turnándose el asunto a un juzgado de la Ciudad de México por resolución del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. La sentencia está en ruta, por más que la última palabra la tendrá una sala de la Corte.

Coletazos del fraude.

Balance general. En una conferencia ante la comunidad de negocios de España en México, justo en la Cámara Española de Comercio, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, habló de un escenario de corrupción, pobreza, desigualdad, carencia de estado de derecho y creciente inseguridad en el país.

El dirigente esbozó la exposición de motivos de lo que horas después se plantearía como posibilidad de un pacto con el gobierno frente al combate a la delincuencia, cuyo objetivo toral apunta a un cambio de estrategia.

En el país —dijo— hemos sufrido en los últimos meses un incremento sustancial del crimen, robo de vehículos, mercancías, levantamientos, secuestros y manifestaciones…

El pronunciamiento llega en la antesala de que la Coparmex promueva una demanda colectiva en reclamo de omisión del gobierno frente a los daños provocados por las movilizaciones de la dirigencia magistral.

La factura es de nueve ceros.

Negociazo. Alguna vez, durante su gestión al frente de la Concamin, el fabricante de ropa Salomón Presburguer había alertado sobre un escenario que provocaba una sangría al Instituto Mexicano del Seguro Social.

La denuncia se topó con oídos sordos.

Estamos hablando de una treta simple de vlos fabricantes de medicamentos de patente y genéricos, colocando en las cajas un número menor de pastillas de las que reclama un tratamiento según el manual básico que utilizan como la Biblia los médicos.

Digamos que si éste requiere una dosis de 12 pastillas, la caja trae 10.

Hay que adquirir dos, pues.

De acuerdo a los fabricantes la maniobra se empezó a realizar frente al apretón de ganancias que representaban los precios máximos fijados por el gobierno. El caso es que la emergencia llegó para quedarse.

Y el caso es que los sobrantes se almacenan en los hogares con el consiguiente riesgo de automedicación, o se venden en el mercado negro.

Otra contra China. Finalmente, agotado un largo procedimiento de investigación, la Secretaría de Economía le impuso una cuota arancelaria compensatoria a las exportaciones de utensilios de cocina elaborados con aluminio procedentes de China.

De acuerdo a la denuncia presentada por tres fabricantes nacionales, las mercancías llegaron al país entre 2013 y 2014 con un precio inferior al mercado de origen.

La catarata se incrementó en ese lapso 22%. El impuesto de importación extraordinario se calculó con base al monto del daño causado.

Red compartida. Será hasta el 17 del próximo noviembre cuando se conozca el resultado de la licitación para la Red Compartida Mayorista, en un escenario en que podría haber uno o varios ganadores.

De acuerdo a la consultora Aymerich Bussiness Consulting, a la entrada en vigor de ésta se podría crear entre 6 y mil 500 nuevos empleos, que se multiplicarían entre 20 o 25 mil en 2023.

La posibilidad habla de constituir una suerte de mercado para conexión de servicios móviles al estilo de Google, Yahoo o Whatsapp.

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