Demanda penal al SAE

Más aún, la Cámara de Senadores, al grito de guerra, constituyó una Comisión Especial de Seguimiento al Caso Oceanografía, en la mira de evitar que el aseguramiento de la firma “pudiera afectar, entre otras cosas, los derechos legal y humanos de los trabajadores”.

El común denominador hablaba de preservar la planta laboral de la compañía en la picota.

Las palabras, promesas, acciones, se quedaron en el aire.

De entrada, si la empresa tenía un patrón omiso de sus responsabilidades de pago oportuno de los salarios; remiso, más allá, al entero de cuotas obrero-patronales al Seguro Social y al Infonavit, el sustituto resulto peor para la causa.

Incautada la firma al estruendo de una denuncia por fraude multimillonario a Banamex, lo que aún no ha sido comprobado, el gobierno le entregó el timón al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), con el propósito, decía el grito lanzado a los cuatro vientos, de darle un giro de legalidad a la administración de la firma.

El entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, reiteraba el objetivo de preservar la fuente de empleos de miles de trabajadores, gracias al aseguramiento de bienes y contratos.

El caso es que resultó peor el remedio a la enfermedad. Violados sus derechos como acreedores en el concurso mercantil a que se sometió a la empresa, ayunos de salarios desde haces meses ante los oídos sordos de la Junta de Conciliación y Arbitraje, en puerta la declaración de quiebra, los trabajadores de Oceanografía están demandando penalmente a los administradores.

La querella apunta al director general del SAE, Héctor Orozco Fernández; Norma Romero Mendoza, la coordinadora jurídica, y el administrador directo, Alfonso Maza Uretra, bajo cargos de presunta desviación o malversación de un fideicomiso etiquetado por el juez del concurso mercantil, Felipe Consuelo Soto, para pagar salarios y liquidaciones.

Erigido hace un año, en el banco Invex quien puso el recurso a disposición del SAE vía un billete de depósito, el fideicomiso de la discordia tenía en sus entrañas 8 millones 835 mil 650 pesos.

Lo insólito del caso es que originalmente el administrador emergente se amparó contra la orden del juez, en un recurso que llegó a un Tribunal Colegiado quien lo desechó.

Aún así, el dinero no llegó a la desesperación de los cuatro mil trabajadores que le quedan a la empresa.

En el escenario, al grito de “búsquele por otro lado porque aquí no hay chamba”, se bloqueó la tarjeta de acceso de cientos de trabajadores, además de dar de baja a la totalidad de ellos como afiliados del Seguro Social.

A quién le importa que se quedaran en el camino algunos afectados de cáncer, que recibían quimioterapia.

A quién le importa si en uno de los momentos del proceso el juez Consuelo Soto le devolvió a la empresa 430 millones de pesos por concepto de recuperación de penas convencionales, para pago de salarios y liquidaciones de los trabajadores, con la novedad de que solo se utilizaron 215 millones 572 mil para cubrir a cinco mil 261 trabajadores, utilizándose el resto del recurso para pago de despachos privados contratados por el SAE.

La tragedia de Oceanografía.

Y aún hay más.

Balance general. En el inaudito de la temporada, prueba fehaciente de que también en Japón se cuecen habas, la Comisión Federal de Competencia Económica acaba de aplicar multas por un total de 72 millones de pesos a las firmas Mitsubishi Heavy Industries y Denso Corporation, por constituirse en cártel.

Las firmas niponas participaron en una licitación convocada por General Motors para la compra de compresas de aire acondicionado.

El caso es que las empresas se pusieron de acuerdo para manipular los precios de sus posturas. La instancia tiene elementos para señalar que hubo diversas reuniones para intercambiar información comercial.

La armadora les repartió los contratos sin saber que tenían sobreprecio. El periodo de afectación fue del 2012 al 17, por más que la sanción cubre solo hasta el 31 de mayo de 2016.

El pago indebido de General Motors alcanzó 18 millones de pesos. Sin embargo, la sanción por prácticas monopólicas absolutas permite elevar la cuenta al doble.

Cada una de las firmas, pues, deberá pagar 36 millones 17 mil pesos.

Bola de cristal. Como el año pasado, al paso de los meses la expectativa de crecimiento económico del país se ha venido deteriorando al impacto de la realidad. En su quinta corrección consecutiva, los analistas consultados por el Banco de México están reduciendo su pronóstico para el cierre del año de 2.40% a 2.30%.

La Secretaría de Hacienda, pese su tercer recorte presupuestal de la temporada, mantiene su bola de cristal entre 2.42% y 2.52%.

Para el año próximo la expectativa baja de 2.70% a 2.65%.

Bajo el nuevo marco, el número de empleos que se crearía este año sería de 600 mil, que se elevarían a 689 mil el próximo.

Sí, pero no. Aunque la empresa Mexichem está en vías de recibir la indemnización correspondiente de la compañía de seguros por la explosión que destruyó parcialmente su planta de cloruro de vinilo ubicada en el complejo Pajaritos de Petróleos Mexicanos, el recurso podría no apuntar a la reconstrucción.

La exposición de motivos habla de que la exparaestal no garantiza el suministro de etano, la materia prima primordial para la producción.

La paradoja del asunto es que integrada la empresa como la primera alianza de Pemex con un particular en la fase previa a la reforma energética, se dijo que era la punta de lanza para reactivar la actividad petroquímica del país.

El poco etano que produce Pemex se está desviando hacia una planta de polietileno construida por la empresa Braskin Idesa.

La explosión en la planta Clorados III provocó 32 muertos.

Energía propia. La empresa de capital mexicano Bio-Pappel llegó a un acuerdo con GE Power para adquirir una turbina de gas derivado, que le permitirá instalar una nueva planta de cogeneración de gas natural en San Juan del Rio, Querétaro.

La energía eléctrica generada le permitirá incrementar su producción de papel bond.

El acuerdo incluye una serie de servicios alternos, entre ellos monitoreo remoto del funcionamiento de la planta.

Crece Santander. Durante el segundo trimestre del año las utilidades del banco Santander alcanzaron 3 mil 768 millones de pesos, lo que significó un salto de 14.5% en relación al mismo lapso del 2015, y de 4.8% de cara al primer trimestre.

Lo cartera crediticia de la intermediaria creció 14.7%.

albertobarrancochavarria0@gmail.com