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La justificación de los fabricantes habla de que 92% de los principios activos son importados. Sin embargo, se da el caso de que muchos de los productos llegan al país ya terminados.
México, pues, se ha convertido en un importador nato.
La dependencia la originaron dos reformas realizadas durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
En el primera caso se modificó el artículo 376 de la Ley General de Salud para permitir a laboratorios trasnacionales instalarse en el país vía la compra de plantas nacionales en su mayoría fabricantes de genéricos.
El desmantelamiento habría sido mayor de no ser por la aparición, meses después, de un Reglamento de Insumos para la Salud que obliga a obtener un certificado de buenas prácticas de manufactura de materia prima para la fabricación de medicamentos genéricos.
El problema es que ninguna instancia en el país está autorizada para expedirlos.
Bajo ese prisma, se abrió la vereda hacia la importación. El 80% de los insumos ubicados como ingredientes activos se compra en China o en la India. El resto en países europeos.
El golpe definitivo llegó con otra reforma, promovida ésta en el gobierno de Felipe Calderón, que permitió eliminar el requisito de planta en el país para que laboratorios multinacionales pudieran registrar sus medicamentos. De nada sirvió la protesta airada de la Asociación Nacional de Proveedores de la Industria Farmacéutica.
Bajo el nuevo marco, expedido en 2008, empresas establecidas en el país vendieron sus plantas o redujeron su capacidad instalada. En la lista están laboratorios como Bristol Meyers, Roche y GKS… por más que a juicio del titular de la Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios, Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz, “el que algunos empresarios decidieran quitar sus plantas farmacéuticas en México, no significa que se haya registrado fuga de sus inversiones”.
Naturalmente, las importaciones se multiplicaron. Si en el año 2006 la factura por compras en el exterior había sido de mil 13 millones de dólares, en el 2015 llegó a 4 mil 804.
Si entonces la balanza comercial de productos farmacéuticos, es decir importaciones y exportaciones; era superavitaria, hoy es deficitaria. El saldo negativo al año pasado fue de dos mil 348 millones de billetes verdes.
Naturalmente, el número de empleos disminuyó sensiblemente. Se calcula una pérdida de mil 514 plazas en una industria de precaria mano de obra, por más que se habla de 82 mil empleos directos y 400 mil indirectos integrados a la cadena distributiva.
Se diría, pues, que el gobierno jugó la carta a la inversión extranjera, a soslayo de la nacional, pese el riesgo de vulnerar la seguridad nacional y frenar la investigación.
En su deseo de sobrevivencia, los fabricantes mexicanos están pugnando porque el país celebre acuerdos sanitarios con las naciones donde se fabrican las materias primas para poder obtener certificados de buenas prácticas de manufactura validados en el país.
La rendija se ubica en la Ley General de Salud. El énfasis apuntaría a reforzar la producción de medicamentos genéricos en un escenario en que su incremento de precios ha sido de solo 8%.
Por lo pronto la escalada en el costo de los medicamentos de patente se mantendrá viva mientras se siga depreciando la moneda.
Balance general. Oxidada la maquinaria legal de defensa de Teléfonos de México ante la carencia de trabajo en materia de defensa frente a denuncias por prácticas anticompetitivas, acaba de salir a escena un nuevo caso, éste en materia de teléfonos públicos.
La firma Comercializadora Nacional Telefónica planteó una querella ante la Comisión Federal de Competencia Económica por supuestas prácticas depredadoras en materia de instalación de casetas públicas.
De acuerdo a la denunciante Telmex le aplica tarifas diferenciadas en relación a las que se autoimpone para el mismo fin.
Mientras la empresa encabezada por Héctor Slim le cobra a su filial tres pesos por llamada sin límite de tiempo cuando se trata de un teléfono fijo y 1.50 por minuto cuando el destinatario es un aparato móvil, a ella le aplica un nivel de 3.06 y cinco por minuto respectivamente.
De aceptada la querella habría un periodo de presentación de pruebas de descargo por parte de la denunciante.
RIP a Oceanografía. Por segunda ocasión un tribunal derribó un acuerdo de reestructura pactado entre Oceanografía y sus acreedores en el marco del concurso mercantil a que se emplazó a la firma, lo que la coloca en la antesala de la declaración de quiebra.
De acuerdo al magistrado Armando Cortés Galván del Primer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa, el convenio aprobado por el juez de la quiebra, Felipe Consuelo Soto, es ilegal.
El eje del acuerdo se sustentaba en la exigencia de inyectarle a la empresa 76 millones de dólares, con la novedad de que hasta hoy no ha habido un valiente que levante la mano.
Como usted sabe, el socio principal, Amado Yáñez permanece en la cárcel y el resto de los accionistas desapareció del mapa.
La mayoría de los acreedores son fondos internacionales que pactaron préstamos para compra de barcos cuya amortización se daba por la via del arrendamiento.
Los barcos que no fueron incautados están sin operaciones desde hace meses y más meses.
Cumbre petrolera. Con asistencia del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, ayer se inauguró una cumbre de empresas petroleros bajo el patrocinio de la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos.
El tema central, naturalmente, giró sobre la instrumentación de la reforma energética.
El organismo se fundó, justo, a la vera de ésta, contando ya con 47 socios de 18 nacionalidades, con operaciones en 85 países.
En su conjunto la firma ofrece un millón de empleos a nivel global.
Cumbre de negocios. En su edición número 14, el evento México Cumbre de Negocios se efectuará esta vez en la ciudad de Puebla, con el lema “Adentrarse en la Nueva Era Tecnológica”.
Hasta hoy han confirmado su presencia el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez; los secretarios de Agricultura, Turismo y Economía, José Calzada Rovirosa, Enrique De la Madrid e Ildefonso Guajardo en el plano político.
En el empresarial participan Claudio X. González, presidente de Kimberly y Clark México y Eduardo Cepeda, presidente y director general de JP Morgan México.
albertobarrancochavarria0@gmail.com
