Quintas libertades desde 1991

Estamos hablando de la opción para que líneas aéreas de uno y otro países puedan volar al otro territorio, recoger pasajeros y llevarlos a un tercer país.

La paradoja del caso es que las alternativas, abiertas hace 24 años, nunca se han utilizado.

En el caso de las aerolíneas de Estados Unidos, la opción hablaba de dos rutas: Una de Nueva York, Washington, Baltimore, Los Ángeles y Houston a la ciudad de México y Toluca, y de ahí a Centro y Sudamérica.

La segunda iría de Dallas/Fort West y San Antonio a México, Toluca y Acapulco, y de allí a Panamá.

Para las empresas aéreas mexicanas las alternativas eran cinco, de las cuales aquí tiene dos como ejemplo…

—Acapulco, Hermosillo, México, Toluca, Monterrey, Oaxaca, Puerto Escondido, Tampico, Veracruz, Villahermosa e Ixtapa a Chicago, Kansas City, Minneapolis/ San Paul, San Luis y de ahí a Canadá.

—Acapulco, Chihuahua, Hermosillo, Huatulco, La Paz, Loreto, Manzanillo, Mazatlán, México, Toluca, Monterrey, Puerto Escondido, San José del Cabo e Ixtapa, con proa a Cleveland, Detroit, Filadelfia, Washington y Baltimore, y de ahí a Canadá.

La lista hablaba también de volar a Houston y Nueva Orleans y de allí a Canadá y Europa. Además, a Boston y Nueva York y de allí a Europa, y Miami, con paso a Sudamérica.

Bajo el nuevo marco se mantienen las opciones existentes y se abre la posibilidad de otras mediante nuevo acuerdo por escrito de ambos gobiernos, “prevaleciendo de interés público”.

La mayor apertura, de la tercera a la séptima libertades, se da para vuelos regulares exclusivos de carga, lo que ha provocado descontento de las empresas establecidas en el país, con énfasis en Estafeta.

La inconformidad se centra además en la posibilidad de que las líneas aéreas puedan emplear los servicios de cualquier transporte de carga para ofrecer un escenario intermodal.

De acuerdo al artículo octavo del Convenio, aprobado por México: “Las líneas aéreas y proveedores indirectos de transporte de carga de ambas partes, estarán autorizadas para emplear sin restricciones, en relación con el transporte aéreo internacional, cualquier transporte terrestre de carga desde o hacia cualquier punto en los territorios de las partes…”

El diferendo provocó una serie de consultas en los países, lo que obligó a cruzar cartas paralelas, precisándose que tanto la contratación de empresas de transporte terrestre o la posibilidad de tener el propio “se realizarán de acuerdo a las obligaciones internacionales de los países, leyes, reglas y reglamentos aplicados para compañías de transporte terrestre”.

Como usted sabe, la Constitución prohíbe la posibilidad de empresas extranjeras en materia de transporte de carga.

Aunque la discusión está abierta en el Senado, el documento no ha sido turnado aún a éste por la falta de la firma del presidente Enrique Peña Nieto.

Se calcula que ésta llegue la próxima semana. El asunto, como usted sabe, provocó la salida de Interjet de la Cámara Nacional de Aerotransportes; la colocación a fuego cruzado de Aeroméxico y la creación de un frente de defensa de los cielos por parte de los tres sindicatos aéreos.

Balance general. Finalmente Petróleos Mexicanos formalizó, con un acuerdo de Consejo de Administración, su esquema de pagos que mantiene al bordede la ruina a la mayor parte de sus proveedores, con énfasis en pequeñas y medianas empresas.

Las facturas se pagarán en 180 días… previo visto bueno de la administración, lo que implica, quizá, 90 más.

El escenario de morosidad se abrió en marzo en este año al impacto del recorte presupuestal de 60 mil millones de pesos a la empresa productiva de Estado.

Sin embargo, no es el único golpe que reciben los proveedores de servicios o mercancías de la firma. Esta mantienen una política de renegociación de contratos en vigor, con énfasis en plataformas marinas, a cuyos dueños se les tuerce el brazo para reducir sus tarifas de arrendamiento.

Lo tomas o lo dejas.

El último caso involucra al Grupo R de Ramiro Garza Cantú, cuyas rentas debieron reducirse en 33%.

Alianta por Savi. Bajo la convicción de que la inhabilitación de un lustro para recibir contratos públicos que pesa sobre su firma Savi Distribuidores, no les alcanza en lo personal, sus principales socios, Francisco Villela y Javier Salazar, se disponen a participar en la compra consolidada de medicamentos del sector salud que lidera el Instituto Mexicano del Seguro Social, vía otra de sus empresas, Alianta.

La firma especializada en logística y operación de procesos primarios en el manejo de insumos médicos y productos farmacéuticos, lleva 18 años en el mercado.

Se habla de que podría ir con algún socio.

Se ha denunciado que Savi Distribuidores estaba en línea para actuar a trasmano con la distribuidora Marzam.

Esta, por cierto, está en la pelea por una clave en un fragmento de la megalicitación que colocó en la mesa 223 posibilidades de medicamentos genéricos.

La posibilidad de contratos es por 6 mil millones de pesos.

En la pelea están las distribuidoras Dimesa, de Alejandro Álvarez, que va por 63 claves; Fármacos Especializados de Francisco Pérez Fayad, por 19; Grupo Fyrme de Jorge Suárez, por 10: Ralca, de Alberto Ramírez de Alguilar y Maypo de Carlos Arenas van por seis cada uno.

Luz al apagón. Finalmente, pese a las iniciativas de reforma constitucional planteadas por el PAN y el PRD, se diluyó la posibilidad de que se aplace el apagón analógico, es decir la entrada en escena de la señal analógica de televisión.

El PRI y sus satélites desactivaron la bomba tras la promesa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que el 31 de diciembre se habrían otorgado al menos el 90% de los aparatos digitales reclamados a personas de escasos recursos.

Según la subsecretaría de Comunicaciones, Mónica Aspe, hasta el momento se han entregado 6.2 millones de aparatos, de un total previsto en 9.4 millones.

Quieren más. En la recta final del plazo de vigencia de 15 años de una cuota compensatoria aplicable a tubos de acero sin costura procedentes de Japón, la empresa Tubos de Acero de México reclama alargar el castigo.

A su juicio la sanción, equivalente al 99% del precio ad valorem del producto, no ha logrado equilibrar el mercado, tras la práctica desleal detectada. El arancel extraordinario se impuso en noviembre de 2000.

La exigencia de Tamsa es que se revise el periodo comprendido del primero de julio de 2014 al 30 de junio de 2015.

albertobarrancochavarria0@gmail.com