Acusan a Questro de depredar

Alberto Barranco

En la coyuntura de la expansión de la mancha urbana hacia el poniente de la ciudad, en frágil convivencia de edificios de lujo y zonas pauperizadas, el Grupo Questro está construyendo en la zona de Cuajimalpa dos torres para 56 departamentos y cuatro penthouse al margen de la norma que impide edificaciones mayores de nueve metros

De acuerdo con un decreto del gobierno capitalino publicado en el Diario Oficial en 1994, la zona denominada Lomas de Vista Hermosa está incluida en el marco de desarrollo controlado, lo que limita la altura de los edificios.

La empresa propiedad de Eduardo Sánchez Navarro no cuenta con manifestación de obra ni permiso de impacto urbano por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Más aun, la dependencia señala que en dos años la inmobiliaria no ha realizado trámite alguno en materia de construcción.

Tampoco se conocen dictámenes de factibilidad de uso de suelo y manifestación de impacto ambiental por parte de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal.

Denunciado el asunto ante las instancias correspondientes, se acusa a la firma de violar la Ley de Aguas Nacionales, la General del Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente.

Las querellas hablan de que los departamentos de lujo, cuya preventa está en marcha, provocarán problemas de abastecimiento de agua y agudizarán los de suyo graves conflictos viales en la zona.

El 40% de la población de Cuajimalpa tiene problemas de abasto del líquido.

Y aunque el Instituto de Verificación Ambiental tiene una solicitud de verificación del predio, Questro no ha suspendido las excavaciones para cimentar sus torres, con tránsito permanente de camiones materialistas, en su mayoría desvencijados. Y háganle como quieran.

Durante 2007 la empresa de Sánchez Navarro fue denunciada por dañar una reserva ecológica y poner en riesgo una fuente de agua dulce en la zona de Los Cabos, Baja California Sur, que en 1994 había sido declarada área natural protegida.

La demanda la interpuso ante la Procuraduría General de la Republica la organización ecologista Greenpeace, alegando, entre otras cosas, que la probabilidad de una marina en el lugar ocasionaría la salinización del acuífero San José del Cabo, además de contaminar el estero San Juan, la única reserva ecológica declarada a nivel estatal en Baja California Sur, por el vertido de lodos producto de desechos de dragado y vaciado de aguas residuales hacia el mar.

Sin embargo, la obra se realizó.

En el absurdo, se dio el caso que minutos antes de inaugurarse la marina la empresa le envió a Greenpeace un estudio geohidrológico que resultó incompleto y se calificó de “poco serio”.

El trabajo jamás fue sometido al escrutinio de especialistas, dado que se basaba en un análisis realizado 10 años antes.

La empresa, en ésta y otras tareas, contó con la protección, con etiqueta de complicidad, del Fonatur.

Tanto la firma como el Fondo Nacional para el Turismo fueron acusados de despojo por ejidatarios de la zona cercana a Puerto Los Cabos, con la novedad de que las denuncias se les revirtieron al acusar a su vez a los denunciantes de invadir los terrenos.

En su actual acción el Grupo Questro contó con la protección del que fuera delegado de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, quien había pasado de las filas perredistas a las priístas.

La construcción de las torres se ubica en un desarrollo denominado Club de Golf Bosques, que ha rebasado con mucho las posibilidades de construcción, invadiendo espacios considerados áreas comunes.

La ley de la selva.

Balance general. En otra demostración de que el hilo se corta siempre por lo más delgado, mientras la firma Savi Distribuidores ha sido inhabilitada para participar en licitaciones de abasto de medicinas para el sector salud, la firma que en el papel fue responsable de la falta que se le atribuye, goza de cabal salud.

Estamos hablando de los laboratorios Zurich.

Como se recordará, en la primera licitación para compras consolidadas de fármacos, Savi presentó un registro de uno de ellos para obtener un contrato de abasto… que resultó falso, es decir, no correspondía a la medicina correspondiente.

Sometida a juicio, la firma de Francisco Villela alegó que el registro lo había proporcionado el fabricante y que ella no tenía los medios para verificar su autenticidad.

El caso provocó la firma de un convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, responsable de la licitación, y la Comisión Federal para Protección de Riesgos Sanitarios, vía el cual se verifica en automático la autenticidad de los registros.

Sin embargo, hasta hoy, aparentemente cerrado el proceso abierto por el órgano de control interno de la instancia tripartita encabezado por Martha Elías Rodríguez, no hay nada de nada contra Zurich.

De hecho, el laboratorio participa en la actual compra consolidada.

Reaparece Coofía. Acusada hace algunos años de defraudar a ahorradores de Puebla, hete aquí que la Financiera Coofía está reapareciendo ahora bajo la razón social Grupo Comercializador Productivo.

El socio principal, al menos, es el mismo. Estamos hablando de Ernesto Javier Osorio Perdomo, quien se había ocultado durante largo tiempo.

La nueva firma tiene entre sus socios a Eurisaces Ibarra Mercado, quien ha sido acusado de obtener créditos bancarios con base en proyectos mineros en el norte del país que en papel cuentan con importantes reservas de oro, plata y bauxita, pero en la práctica están sustentados en estudios amañados.

La firma financiera ha obtenido cientos de millones de pesos del Banco BBVA Bancomer, del tristemente célebre Ficrea, de CSF Leassing y Financiera Unifin, entre otras, cuya redención se coloca en el terreno de lo incierto.

La paradoja del caso es que se le haya dado licencia para operar a una instancia cuyo socio principal tenía negros antecedentes, y los bancos avalen préstamos sin certeza plena de la solidez de los proyectos.

ICA mal y de malas. Le comentábamos ayer que el rotundo no del gobernador electo de Nuevo León, Javier Sepúlveda Calderón, conocido como El Bronco, al proyecto de acueducto Monterrey VI le iba ocasionar un nuevo tropiezo a las acciones del grupo ICA, la principal constructora del país, quien había ganado el contrato al lado del famoso Grupo Higa.

Bien, pues ayer la cotización de sus acciones se cayó casi 5%.

En abono al cuesta abajo en la rodada, la calificadora de deuda Moody’s modificó su propuesta de estable a negativa respecto a los papeles de la constructora.

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