Principios, no maquetas

Hace casi dos semanas, la Ciudad de México conoció el primer documento público, consultable, discutible, que recoge los primeros estudios sobre un tema en el que le va la vida a nuestra capital: ¿qué será del enorme predio que deja el aeropuerto Benito Juárez?

Fue la primera de varias entregas que conforman una amplia consulta, una investigación y una reflexión colectiva para imaginar el futuro de la zona oriente de la Ciudad. A todo este proceso de búsqueda le llamamos La Opinión de la Ciudad.

Tan pronto fue presentado ese documento, el gobierno federal (con voces autorizadas de la Secretaría de Comunicaciones y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) reaccionó con declaraciones que vale la pena poner en su sitio, al menos en estos cinco aspectos.

El gobierno de la Ciudad no ha puesto ni pone a debate la cuestión de “la propiedad” de los terrenos (710 hectáreas en la delegación Venustiano Carranza): son de la federación en tanto sean utilizados como plataforma aeronáutica de la nación. Punto. El asunto a dirimir es que, en algún momento, esas tierras dejarán de ser usadas como un aeropuerto y entonces, la federación tendrá que entrar en una conversación obligada con la CDMX para definir qué es lo que más conviene al orden urbano y metropolitano. Hasta aquí, creo, no hay conflicto alguno. Las diferencias comienzan en los siguientes temas.

Primero: el gobierno de la Ciudad no puede prescindir de la participación de los ciudadanos, desde el principio. Es un territorio demasiado grande, con tantas implicaciones para la vida de los capitalinos (el 22%) y ubicado tan estratégicamente, que su futuro no puede ser decidido desde un gabinete, el actual, el siguiente, o el más talentoso imaginado. Para nosotros hablar, consultar, pedir la opinión de la gente no es una opción, sino una obligación. Las decisiones a puerta cerrada no son deseables ni posibles en el contexto plural y democrático de la CDMX.

Segundo: el gobierno de la Ciudad no está encargando maquetas, ni planos, ni planes maestros a rutilantes despachos extranjeros. Para el jefe de Gobierno eso será el resultado de la gran conversación democrática de la Ciudad. Lo que presentamos en la primera entrega de La Opinión de la Ciudad son los principios y límites que impone la realidad misma, que pueden ser la base para un consenso social: una serie de premisas para un futuro compartido, deliberado y construido entre todos, de la mano de la ingeniería mexicana.

Tercero: la Ciudad tiene la obligación de trabajar desde ahora. Es evidente que serán otros gobiernos (en el 2020 o en el 2022) los que ejecuten las decisiones y los planes urbanísticos, pero sería irresponsable repetir la vieja historia de la improvisación y de grandes obras construidas a la carrera, sin haber realizado una amplia discusión pública, sin haber realizado todos los estudios necesarios y sin haber previsto todas las condiciones —insisto— en un terreno que gravitará sobre la vida de la cuarta parte de los capitalinos. Aseguro que los funcionarios del futuro, sean los que sean y del partido que sean, agradecerán que cuatro años antes algunos funcionarios hayan empezado con el trabajo de una obra que puede ser la más importante de la urbe en todo el siglo XXI.

Los gobiernos federal y local han sostenido reuniones, sí, pero sobre todo para conocer el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco. Es hora de tener las reuniones —en las instancias formales y de ley— sobre los terrenos que dejará la mudanza del puerto aéreo y que están en la CDMX.

Tenemos la instrucción de la coordinación y el diálogo institucionales, pero sobre la base de opiniones documentadas y sin prejuicios. Así será posible avanzar en un tema vital para el futuro de nuestra Ciudad y cuyos intereses —sobre todo los de los más pobres— tenemos el compromiso de defender.

Secretario de Desarrollo Económico CDMX