Reforma de salud cuestionada

Las manifestaciones de trabajadores del IMSS y del sector salud que conjuntamente con grupos de derechohabientes en los meses pasados rechazaron la privatización y el sistema universal de salud promovido por el gobierno federal, puso en el centro del debate el reclamo de la presentación del proyecto de universalización oficial y el cumplimiento del derecho a la salud y la seguridad social que el Estado mexicano está obligado a garantizar. La preocupación de derechohabientes y de trabajadores de la salud se generalizó cuando el Consejo Técnico del IMSS acordó subrogar al sector privado la atención a enfermos renales y diabéticos y se anunció la eliminación de la categoría de intendencia.

Desde septiembre de 2013 cuando que se presentó la iniciativa de reforma hacendaria y de salud, no se ha presentado el proyecto oficial del sistema nacional de salud universal, aunque la doctora Mercedes Juan lo ha expuesto en el extranjero. Como se recordará, la iniciativa legislativa consideraba la aplicación del IVA a medicamentos y alimentos, para el establecimiento de un sistema universal de seguridad social que considerara las pensiones, el seguro de vida, el seguro de desempleo y el sistema nacional de salud universal, este último además de la propuesta a cambios a la ley de salud. Dicha secretaria ha anunciado, en forma gradual y parcial, cambios al artículo 4º constitucional, la creación de una comisión que fiscalice y garantice la atención médica y la formación de la Comisión del Sistema Nacional de Salud Universal. Paralelamente en el Senado se abrió la discusión de la participación del sector financiero en el manejo del fondo de sanidad de las instituciones de salud. Lo que significaría que las aseguradoras médicas administrarían mas de 300 mil millones de pesos de los servicios públicos de salud como organismos intermediarios, llamados articuladores para gestionar la prestación de servicios médicos publicos y privados.

Aunque la doctora Mercedes Juan anunció en julio que con reforma legal o no, se avanzaría en la universalización de los servicios de sanidad, crece el rechazo a una reforma de salud que formalice y generalice la privatización y mercantilización de los servicios médicos mediante la subrogación de servicios y la transferencia de fondos públicos a las empresas médicas privadas que, vinculada a la denuncia de corrupción, reduce la capacidad financiera del Estado para el cuidado de la salubridad de los mexicanos. Otro tema de resistencia al proyecto gubernamental es la participación de las aseguradoras médicas debido a la experiencia negativa de las Afores, que han generado pérdidas de cientos de miles de millones de pesos en los fondos de pensiones de los trabajadores desde 2008. Finalmente es de preocupación general la preservación de los derechos adquiridos de poco más de 50% de mexicanos que son derechohabientes de las instituciones de seguridad social ante la amenaza de reducir su atención médica a un paquete mínimo de atención (284 acciones del seguro popular), el cumplimiento de la creación de 32 mil plazas en el sector salud y el necesario refinanciamiento de las instituciones ante la política de austeridad.

El próximo 23 de octubre, Día del Médico, será una oportunidad para que el gobierno presente claramente la propuesta integral de la universalización de la salud, al mismo tiempo se espera que los trabajadores del sector y derechohabientes expongan por la tarde su propuesta de fortalecimiento de la seguridad social y la inclusión de más de 30 millones de trabajadores que carecen de la protección social del trabajo establecida en nuestra Carta Magna.

Integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica Política y Social de la Facultad de Economía