El derecho a la salud, incumplido

En sus casi cuatro años de gobierno, el Lic. Enrique Peña Nieto ha incumplido con su responsabilidad en el cuidado de la salud y la vida de los mexicanos. No se registra un mejoramiento de los servicios de salud y seguridad social, ni la profesionalización del personal de salud. Al contrario, estamos frente al crecimiento de enfermedades transmisibles, y al aumento de la diabetes, obesidad y otras, por la falta de regulación sanitaria en los alimentos y la permisividad en prácticas nocivas a la salud. Esto es muestra del fracaso de las políticas del gobierno federal pues día a día, se deteriora la atención médica y se precariza el trabajo en el sector, situación que amenaza la salud y la vida de los derechohabientes, los trabajadores activos y los jubilados.

El acuerdo “hacia la universalización de los servicios de salud”, anunciado en los Pinos el siete de abril pasado, no se ha podido implementar debido a la falta de sustento técnico y la ilegalidad del uso de los recursos del IMSS e ISSSTE para la población abierta en las catorce “intervenciones” (estudios, cuidados intensivos y atención de parto) que se pretende ensayar en el Estado de México, Oaxaca y Baja California Sur.

Es falso que se incremente el acceso de los mexicanos a los servicios de salud. Para la atención a cada estudiante afiliado al IMSS se destina apenas un presupuesto cercano a 30 pesos al mes. El gobierno federal gasta miles de millones de pesos en comunicaciones y en los trámites administrativos para la inscripción a las instituciones sin que se acompañe de los recursos necesarios para fortalecer los servicios de salud, no sólo eso, sino que recorta el presupuesto, situación que agravará la sobredemanda de atención por el deterioro de las condiciones de vida y trabajo de los mexicanos.

La negligencia institucional crece por la corrupción e incapacidad de los funcionarios, favoreciendo la transferencia de los recursos del Estado a los negocios privados que desplazan los servicios médicos públicos mediante la subrogación y concesionamiento a particulares (privatización), al mismo tiempo que la Secretaría de Hacienda pretende recortar el presupuesto a salud en más de ocho mil quinientos millones de pesos, que equivaldría a cerca de 20 años del presupuesto del Hospital regional de alta especialidad de Oaxaca

La falta de convocatorias para la creación de más de 32 mil plazas en la SSA e ISSSTE y la basificación de 62 mil trabajadores de la Secretaría de Salud comprometidas desde el 2014 y confirmadas en febrero de este año por el Dr. Narro, la opacidad en la construcción de unidades médicas y la adquisición de medicamentos, pone en entredicho el sistema anticorrupción festinado, por lo que trabajadores y derechohabientes han demandado Auditorías.

Hoy la crisis del modelo económico amenaza los servicios de salud, el pago de las pensiones, la seguridad social y los derechos sociales de la población, lo que obliga a cambiar la política económica y a eliminar los privilegios fiscales a los grandes capitales nacionales y extranjeros, que la misma SHCP reconoce en el régimen de excepción en el cobro de impuestos, conocido como Gastos Fiscales, que registra para 2015 ingresos no recibidos por alrededor de 670 mil millones de pesos. También obliga a realizar una auditoría de la deuda pública ya que su costo fiscal es cercano a los 500 mil millones de pesos y a la nacionalización de los fondos de pensiones de la banca internacional, conceptos que representan una profunda sangría para las finanzas públicas y la economía popular.

Se requiere también abrir un dialogo verdadero y una consulta sobre la construcción de un sistema único de salud y seguridad social que incorpore a cerca de 30 millones de trabajadores excluidos y contribuya al desarrollo nacional.

Integrante del CACEPS-UNAM