Energía y ambiente en el marco de la Alianza de América del Norte

En relación con los acuerdos establecidos entre México, Estados Unidos y Canadá en el Plan de Acción de la Alianza Norteamericana sobre Clima, Energía y Ambiente, dado a conocer en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte en Ottawa, Canadá, el pasado 29 de junio, hay que reconocer que, si bien es positivo que se aborde desde una perspectiva regional el reto de combatir el cambio climático, algunos de los elementos considerados pudieran no ser adecuados para México y otros representan un gran reto.
Entre los aspectos positivos del Plan, se encuentra el objetivo de fomentar la “energía limpia y segura”. Al respecto, el Plan establece la meta regional de generar el 50% de la electricidad por fuentes limpias para 2025, lo que representa un 37% adicional con relación a la situación actual. Sin embargo, considerando que México mantiene su meta nacional de generar el 35% de energía eléctrica con fuentes limpias para 2024 y que Canadá enfrenta fuertes cabildeos internos a favor de los combustibles fósiles, el cumplimiento de esta meta regional recaerá principalmente en los esfuerzos que pueda hacer Estados Unidos. 
Un aspecto preocupante en este tema es que, de acuerdo con el comunicado dado a conocer por la Casa Blanca, para cumplir con la meta se habla de figuras como la energía nuclear, así como la captura y secuestro de carbono. Al respecto, como repetidamente ha señalado la sociedad civil, los compromisos nacionales previos a la reforma energética obligaban al país a cumplir la meta con energías renovables, mientras la nueva definición de energía limpia señalada en la Ley de la Industria Eléctrica permite la participación de otras tecnologías con posibles impactos negativos en el medio ambiente y la seguridad.
México debe continuar por el camino del cumplimiento de las metas de generación de energía renovable, las cuales ya se encuentran disponibles a bajo costo y son actualmente más competitivas que los combustibles fósiles. De igual forma, frente a la incertidumbre sobre los efectos de la captura y secuestro de carbono, debe aplicar el principio precautorio y  no utilizar esta tecnología hasta conocer cuáles son los impactos reales en el corto, mediano y largo plazo en el ambiente, la sociedad y la salud.
En lo que se refiere a los acuerdos para reducir el consumo energético, resulta urgente e indispensable que en México se impulsen medidas para reducir la demanda de energía en los sectores con mayor consumo, como el transporte, la distribución y transmisión de electricidad y la industria. Respecto a la reducción de los subsidios a combustibles fósiles, México debe cumplir con los acuerdos en el marco del G20 y, con ello, generar un piso parejo de oportunidades para las diversas alternativas energéticas.  
Son destacables los compromisos en materia de reducción de emisiones de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), especialmente de carbono negro, desde la creación y actualización de inventarios hasta la creación de planes de acción en la materia. Al respecto, como ya se ha solicitado, es indispensable que México detalle de qué forma dará cumplimiento a las metas contenidas en su contribución determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y haga pública su ruta de implementación.
En lo que se refiere al sector Transporte, el documento enfatiza la necesidad de que se utilice Diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA), así como que se establezcan estándares estrictos para limitar las emisiones vehiculares. Como sabemos, nuestro país tiene un enorme rezago en ambas materias, toda vez que desde 2009 debería estar distribuyendo Diésel UBA en todo el territorio nacional. Sin la distribución de combustibles limpios y la actualización de normas, México no podrá cumplir con las metas de reducción de emisiones establecidas en su NDC para el 2030.  
Urge que el proyecto de Norma sobre calidad de combustibles (NOM-0016-CRE) sea más ambicioso y  genere las condiciones necesarias para que se cuente con la infraestructura y el marco legal adecuado que permita el abastecimiento de  Diésel UBA en todo el país a partir de enero del 2017. Esto permitirá, a su vez, actualizar la norma 044 que regula las emisiones de contaminantes de los vehículos pesados (autobuses de pasajeros y camiones de carga), misma que se encuentra detenida y no ha sido aprobada en el comité correspondiente.  La actualización de esta norma permitiría trazar una ruta para la introducción de tecnologías que nos  lleve a homologarnos con Estados Unidos y Canadá.
La homologación de los estándares de vehículos ligeros a nivel regional representa otro gran reto para México. Mientras en México el binomio tecnológico es Tier 1/EUROIV, EU y Canadá entrarán en 2017 con tecnología Tier 3. Esto mantiene al país en una situación de atraso, con la consecuente pérdida de competitividad y los impactos negativos en calidad del aire y salud. 
Se requiere también generar incentivos y mecanismos fiscales para promover la compra de vehículos más eficientes en cuanto al consumo de combustibles, así como homologar los estándares de eficiencia energética y los límites máximos permisibles para vehículos pesados. Ello permitiría a México contar con tecnologías más modernas y sus vehículos podrían cruzar la frontera norte para trasladar sus mercancías, haciendo más competitivo a este sector.

Director general del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA