Tres gobernadores fueron sancionados por el Instituto Nacional Electoral por promover su imagen durante las pasadas campañas electorales.

Sin embargo, como ya relaté en este espacio de EL UNIVERSAL hace ya más de un año, esos personajes se la pasan promoviéndose a sí mismos todos los días de la semana, del mes, del año y de todos los años desde que entraron a su cargo, y lo hacen con anuncios pagados en los medios, no solamente en los de sus estados sino en los de todo el país y con particular atención a los de la capital.

Por eso no pasa un día sin que veamos al gobernador de Chiapas abrazando viejitos y prometiéndoles el oro y el moro, al del Estado de México dando discursos y diciendo lo importante que es para su gobierno esto o aquello, al de Veracruz inaugurando eventos y pretendiendo que el estado vive en la tranquilidad.

Se trata en todos los casos de simple y pura promoción personal, a la que se pretende hacer pasar por comunicación de acciones de gobierno. Pero lo peor, lo verdaderamente grave del asunto, es que las promesas, los discursos y las pretensiones tienen muy poco que ver con la realidad.

Porque ¿en qué han mejorado Chiapas, el Estado de México o Veracruz? No parece que en mucho. Y encima hay en esas entidades situaciones que ameritan el enojo de la sociedad.

Por ejemplo, hace unos días Animal Político denunció que Velasco le dio a su mamá casi 4 millones de pesos dizque para que maneje el DIF, del cual es presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano. ¿En qué ha usado la señora ese dinero que ha recibido más de una vez hasta sumar poco más de 11 millones y que es independiente del presupuesto de la institución? ¿Por qué recibe recursos una persona cuyo cargo, según la ley, es honorario y que no tiene decisión en las acciones del organismo? Es sintomático que el DIF la defendió cuando esto salió a la luz pública, pero no explicó nada. Y el gobernador tampoco ha hablado del asunto.

En el caso de Duarte, la denuncia más importante en su contra es que silencia lo que pasa en el estado y no permite que se publique lo que a él no le gusta o conviene, sobre todo en materia de delincuencia. La periodista Lydia Cacho incluso le llama “El pacto de silencio”, y asegura que está destinado a proteger a los políticos, pero termina por proteger a los narcos y sicarios.

Y en el caso de Ávila, destacan particularmente sus mentiras. Por ejemplo, aunque anuncie medidas, acciones y apoyos a favor de las mujeres, en once municipios del Estado de México, entre ellos los más poblados y la mismísima capital, se ha tenido que emitir alerta de género por el incremento de feminicidios. Si entre enero de 2005 y agosto de 2010 se documentaron casi mil, en un año, entre 2012 y 13, se documentaron 4 mil. Por eso el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio ha dicho: “Hace falta que el gobierno local reconozca que las políticas públicas que llevó a cabo durante estos años no han impactado y que no pueden seguir con lo mismo porque no han funcionado; al contrario, la violencia aumentó”.

Y, otro ejemplo, aunque asegure en sus anuncios y discursos “impulsar el cuidado y bienestar animal con penas hasta de 3 años de prisión y multas por maltrato”, allí está San Bernabé, ese mercado al que mandan a los animales que ya no le sirven a sus dueños y en el que se los maltrata severamente, sin la menor compasión para esos pobres seres sintientes.

De modo que los tres gobernadores sancionados por el INE, no lo deberían ser solamente por haber incurrido en actos ilegales durante las campañas recientes, sino porque se pasan la vida y se gastan millones de pesos del presupuesto en hacer campañas para su lucimiento personal. Pero lo más importante, deberían ser sancionados por sus mentiras y derroches, su incumplimiento de las promesas y de las leyes, sus omisiones.

Escritora e investigadora en la UNAM.
sarasef@prodigy.net.mx
www.sarasefchovich.com

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