El muro del salario

El verdadero muro que define la asimetría y conflictividad entre México y Estados Unidos es el abatimiento del salario en nuestro país a niveles retrógrados e inexplicables: el apartheid de nuestro tiempo. No podría haber ninguna negociación válida del TLCAN ni proyecto alguno de desarrollo económico nacional, que no colocara en el centro de las decisiones el tema esencial de la remuneración del trabajo. Pecado mortal contra los derechos humanos y causa eficiente de nuestra tragedia económica.

En la víspera del primero de mayo la Secretaría del Trabajo del gobierno de la Ciudad, abrió de nuevo el debate sobre los lacerantes resultados de casi cuarenta años de la adopción suicida de las recetas neoliberales, en beneficio aparente de las grandes corporaciones, que ha generado al sur de la frontera un inframundo laboral. Catástrofe que ha estrechado criminalmente el mercado interno, potenciado la informalidad, sumido en la pobreza a millones de familias y exponenciado la migración.

La CEPAL señala que en el último lustro todos los países latinoamericanos registran avances significativos en relación a la pobreza de ingresos y a la indigencia, sin embargo nuestro país fue el único que empeoró en ambos índices. Existe una clara relación entre el estado agudo de pobreza y la política de restricción salarial que ha impuesto el gobierno como clave constitutiva y tenaz de su erróneo modelo económico. Podríamos hablar de la imposición de la pobreza por decreto, ya que tanto los salarios mínimos como los topes a los contractuales son establecidos por decisión del Estado. Hoy sólo 21% de la población puede adquirir la canasta básica, en virtud de que el salario base es cinco veces menor al que debería recibir una familia.

Según la OCDE nuestro país arroja el nivel más alto de desigualdad en el ingreso: el que percibe el 10% de la población más rica, es 29 veces mayor que el que corresponde al 10% de la población más pobre. Este ciclo ha sido posible gracias a la “castración de los sindicatos”, así como al apogeo de los mecanismos de simulación contractual. Hoy, más de 90% de las relaciones colectivas de trabajo están lastradas por este “cáncer social” que por desgracia se encuentra ausente de las grandes agendas políticas del país.

Las reglas en materia de transparencia y acceso a la información sobre el contenido de los contratos laborales, estatutos sindicales y registro de asociaciones, han sido sistemáticamente violadas e ignoradas. El voto secreto de los trabajadores y la rendición de cuentas de sus organizaciones se mantiene dolosamente como letra muerta. Hemos vuelto, por vías oblicuas, a los peores abusos que denunciara Ricardo Flores Magón en el programa del Partido Liberal en 1906, detonante fundamental de la Revolución Mexicana.

Todas estas decisiones corresponden a un proyecto centralista que ha liquidado los impulsos reformadores de las entidades de la Federación. Las reformas a los artículos 73 y 123 de la Constitución Federal del 6 de septiembre de 1929, coartaron a las “Legislaturas de los Estados, sus facultades para expedir las leyes sobre el trabajo fundadas en la necesidad de cada región”. Esa es la razón de que la Constitución de la Ciudad de México recupera la competencia de las entidades federativas para ampliar y proteger los derechos laborales, considerados como derechos humanos en conformidad con lo estipulado en el artículo primero de la Constitución General de la República. Ello comprende tanto los derechos de los trabajadores asalariados, como de los informales y de los que se encuentran al servicio de la Ciudad.

Es un tema esencial sobre el cual debe resolver la Suprema Corte, habida cuenta de las impugnaciones provenientes del propio gobierno federal. Es mi entender que el máximo tribunal de la nación es garante del Pacto Federal, como lo dice su historia desde el nacimiento de la República y de ninguna manera un instrumento del centralismo. Comienza además una insólita experiencia federalista: que la Conferencia Nacional de Gobernadores sea presidida por la Ciudad de México, como reflejo de la soberanía de decisiones concedida a su población. Esta puede ser la oportunidad del gran viraje social.

Comisionado para la reforma política de la Ciudad de México