Defender la Constitución

Varios fenómenos gravitan hoy poderosamente sobre la vida política del país. Uno es la urgencia de Ejecutivo Federal por acomodarse a las exigencias del gobierno de Trump, con márgenes estrechos de negociación. Otro es el crecimiento social y político de una candidatura antisistema que los intereses dominantes tratan de atajar a toda costa. El tercer factor es calendárico: faltan casi quince meses para las elecciones generales, lapso mayor que el de los gobiernos de Francisco Madero y Emilio Portes Gil. Habida cuenta de la amenazante coyuntura casi todo puede ocurrir, por lo que es necesario evitar que se incendie la pradera.

Surgen en el Congreso iniciativas tardías que proponen segundas vueltas electorales y pretenden reglamentar las coaliciones de gobierno como si se tratase de vetos prefabricados contra un gobierno que triunfara en las elecciones. Nadie se atreve a proponer un cambio de régimen que otorgaría gobernabilidad al país e hiciera factibles los cambios esperados. Sería indispensable, como lo plasmamos en la Ciudad de México, un conjunto de reformas concatenadas que facilitaran mayorías parlamentarias a los gobiernos electos; que escindieran la esfera del gobierno como intérprete efectivo de la voluntad popular y la del Estado como conjunto de instituciones garantes de la imparcialidad y la continuidad de las tareas republicanas.

Rescato un texto matriz de la ideología de la izquierda mexicana publicado a principio de los años noventa, cuando el movimiento compendiaba la emergencia social, el ideario de los partidos progresistas, el impulso de la sociedad civil y liderazgos políticos fundamentales que luego se fragmentaron. Dijimos entonces que el cambio democrático no se circunscribe a la lucha electoral ni a la reforma de las instituciones del Estado. Propone nuevas formas de convivencia, libres, igualitarias y participativas que conduzcan a la transferencia efectiva del poder hacia los ciudadanos y la demolición de la tutela autoritaria.

Destacamos el carácter dual de la sociedad que obstruye el establecimiento de un sistema democrático por la gravitación de los grupos excluidos, dependientes del favor público y sometidos al abuso de caciquismos y burocracias corporativas. Establecimos que el cambio político no era sólo una rotación de las elites mediante procesos electorales, sino el rescate del impulso individual y social en la definición y ejecución de los actos de gobierno. En una palabra, la conversión del súbdito en ciudadano.

Es preciso modificar de raíz el talante, los contenidos, las prácticas y la concepción misma de la política, pervertidos por el verticalismo y la falsificación de los procesos políticos. Declaramos indispensables la honestidad y el espíritu de servicio como valores primarios de la República y recuperar para la sociedad el quehacer político secuestrado por los círculos del poder. No sería posible colmar la brecha que existe entre la sociedad y el Estado si no salváramos los abismos y exclusiones que dividen al país mismo. La búsqueda de la igualdad es condición y objetivo último de la democracia; el reconocimiento de la diversidad es, por su parte, fundamento del pacto social.

La Constitución de la ciudad rescata y amplía esas propuestas históricas de la izquierda mexicana, con el consenso de todos los partidos y corrientes de opinión. En ese sentido ha cambiado de signo el eje de la modernidad política. Los adversarios de la distribución del poder y la riqueza permanecen también intactos. Toda legislación de avanzada representa un desafío a los irreductibles segmentos conservadores. La adopción de una carta de avanzada es siempre el comienzo de una nueva lucha. La Constitución de 1857 generó poderosos anticuerpos que se tradujeron en una guerra civil y más tarde en una invasión extranjera. La de 1917 desató guerras intestinas, asedio de los intereses económicos extranjeros y aislamiento del país en la comunidad mundial.

Sostengo que no basta con adoptar constituciones justas, sino que es necesario defenderlas. Frente a ellas se rebelan fuerzas desconstituyentes, compuestas por intereses territoriales rastreros y factores económicos predominantes. Ahora mismo enfrentamos la animadversión del gobierno federal. Las controversias y acciones de inconstitucionalidad interpuestas ante la Suprema Corte y el cabildeo en la Asamblea Legislativa para torcer el sentido de las normas que proclamamos. Adoptar una Constitución es un hecho histórico. Defenderla es una hazaña heroica.

Comisionado para la reforma política
de la Ciudad de México