Armas y drogas

El pasado viernes 8 estalló la noticia de la recaptura del narcotraficante más buscado y mitificado —como la muerte de Lindbergh, Stalin u Osama bin Laden—. El beneficio mediático de la reaprehensión quiso ser acaparado por los gobiernos de ambos lados de la frontera. Aquí se trató de opacar que 6 meses antes éste se había fugado con el contubernio de algunas autoridades. Hubo comentarios en el sentido de que El Chapo Guzmán debía caer antes que el peso se hundiera irremisiblemente.

Este hecho no significa obviamente el triunfo del Estado sobre la delincuencia, ni menos el desmantelamiento de los cárteles de la droga. La desarticulación de las organizaciones criminales propicia su multiplicación numérica y su diseminación geográfica, con el riesgo de la elevación de los niveles de criminalidad.

El debate sobre la extradición divide en partes iguales a la opinión pública. Unos piensan que es el mejor modo de alejar y exorcizar al demonio, mientras otros asumen que ceder al pedido estadounidense significa la rendición por impotencia de las autoridades mexicanas.

Los acontecimientos reviven la necesidad imperiosa de encontrar un nuevo paradigma para el combate al narcotráfico, que incluye cuando menos la legalización de la marihuana, el acento en la salud, la erradicación de la corrupción y la reducción drástica del trasiego de armas. Ambos países estamos atrapados entre dos grandes negocios: el de las drogas y el de las armas, que equilibran sus balanzas comerciales, pudren sus relaciones políticas e incentivan un saldo impresionante de consumidores allá, de ejecutados acá y de prevaricación en ambas partes.

Los gobiernos actúan bajo presiones internas de quienes no encuentran respuestas proporcionadas a las promesas ofrecidas. En el norte se percibe el derrame de la inseguridad a través de la frontera que alienta el discurso xenofóbico de Trump y sus corifeos; mientras que en México se padece un baño de sangre inaudito, junto con la consagración de la impunidad y los abusos de la militarización.

Llaman la atención las medidas de Obama destinadas a “regular las armas de fuego para reducir la violencia” en aquel país. Exigen a toda armería y feria de armas revisar los antecedentes criminales de cualquier comprador, con la reacción negativa de la Asociación Nacional del Rifle y de los republicanos que se escudan bajo la Segunda Enmienda. Arturo Sarukhán afirma que estas acciones podrían reducir las oportunidades del crimen organizado mexicano para adquirir instrumentos de fuego en ese país.

Debería no obstante cortarse este nudo gordiano de tajo. Hace algunos años sugerí en esta columna elevar ante el Consejo de Seguridad una propuesta de embargo de armas a México, como ocurrió en Sudáfrica en 1977, cuya comisión de vigilancia me correspondió presidir. Entonces EU aprobó el “cese inmediato de todo suministro de armas y material conexo, incluso la venta y transferencia de municiones, equipos y vehículos militares”. Ningún país pretextó leyes internas para objetarlo, sólo se hicieron de la vista gorda. Tampoco cuando en 2011 se ordenó a los Estados miembros impedir el suministro, la venta o transferencia de armas a Libia.

La ONU ha establecido que “los ataques sistemáticos y generalizados contra la población pueden constituir crímenes de lesa humanidad”. Ello es perfectamente aplicable a nuestro país, sumido en una guerra intestina por cuenta ajena. Las resoluciones multilaterales se vuelven indispensables, ya que los acuerdos regionales nos han conducido a la catástrofe. La General Accountability Office sostiene que el 70% de las armas rastreadas en México se originaron en Estados Unidos. Según el Departamento de Estado el gasto incurrido en esa compra asciende a 27 mmdls, cifra que casi iguala el ingreso de divisas a nuestro país por concepto de la venta de drogas calculado en 32 mmdls, según la DEA dependiente del Departamento del Tesoro, que no del de Justicia.

Una política congruente para reducir la violencia y el consumo, sería el reconocimiento de que ambos son amamantados por dos negocios paralelos que se retroalimentan y que han de ser combatidos frontalmente. Desgraciadamente tanto la administración norteamericana como la nuestra carecen de la voluntad genuina y de la capacidad política para hacerlo. El discurso se estrella una y otra vez ante los poderes fácticos.

Comisionado para la reforma política del Distrito Federal