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El 11 de diciembre se fijó el nuevo salario mínimo para 2016 en 73.04 pesos, con un incremento de menos de 3 pesos, lo que fue considerado una “infamia”, ya que recién se había modificado la Constitución para crear una unidad de medida que desvincula el pago de multas, cuotas, sanciones y prerrogativas respecto de la remuneración al trabajo, a fin de permitir un avance escalonado de los salarios más bajos, reducir la brecha de desigualdad, ampliar el mercado interno y estimular la productividad.
Dos días después apareció, en este diario, un encabezado desolador: Se necesitan 5 siglos para reunir aguinaldo de un ministro. La nota detalla que a un trabajador de salario mínimo (6.8 millones de personas), no le alcanzaría la vida para lograr el monto de la prestación de que gozan los ministros de la Corte. Tendría que laborar 558 años para obtener los 586 mil 449 pesos al que éste asciende. Esto es, ocho vidas, tomando el promedio de 72 años.
Esta felonía subraya el hecho de que, en México, la desigualdad se determina por decreto, ya que las diferencias entre los ingresos se establecen por presupuestos adoptados por el Legislativo, establecidos por actos administrativos o consentidos a las empresas particulares. Por ejemplo, el Ejecutivo federal recibirá un aguinaldo de 81 mil 899 pesos, además de los 343 mil que se le otorgarán por concepto de “gratificación de fin de año”. Mientras que un trabajador con salario mínimo recibirá mil 52 de aguinaldo, lo que representa el 0.24% de las percepciones que por el mismo concepto recibirá el Presidente, el 0.74% respecto a un diputado federal y el 0.44% en relación a un senador.
Para colmo, según señala el centro especializado de la Universidad de Puebla, de 49 millones de trabajadores mexicanos sólo 19 recibirán aguinaldo y cerca de 30 no gozarán de ese derecho por laborar en el sector informal o haber sido contratados por vía del outsourcing. Otros especialistas subrayan que en los países desarrollados el máximo de diferencia entre el salario más bajo y el más alto en una misma organización tiene una diferencia promedio de 7 a 1, mientras que aquí puede ser de 100 veces; por ello ocupamos la tabla más baja de salario en América Latina, la más alta en concentración de la riqueza y el segundo lugar en desigualdad de ingresos.
El estancamiento que padecemos desde hace cerca de 30 años se debe primordialmente al descenso, desde 1982, del 63% en la remuneración promedio y del 78% en el salario mínimo. Lo que ha fallado centralmente es la reducción dramática de la capacidad de compra a causa de la restricción salarial que ha impuesto el gobierno como parte constitutiva del modelo económico fallido. Podríamos hablar de una implantación de la pobreza como instrumento criminal de las políticas públicas, que además han propiciado el debilitamiento de los sindicatos y conducido a la desaparición del derecho de huelga. En realidad lo que se ha abrogado de facto son las disposiciones fundamentales del Artículo 123 de la Constitución.
Gracias a la iniciativa lanzada por el GDF a favor de la elevación del salario mínimo, se han transparentado injusticias que se encontraban soterradas. Mejorar los ingresos laborales se ha convertido en un clamor nacional. El Observatorio del Salario Justo considera imprescindible la recuperación de los niveles históricos de esas remuneraciones y estima que, comparativamente a 1976, los salarios mínimos deberían ser de cerca de 6 mil 984 pesos, pero tomando en cuenta el valor de la canasta básica debieran fijarse en cerca de 9 mil pesos mensuales.
La mayor aberración es la imposibilidad de hacer exigibles los derechos sociales en México, agravio que deberá ser contemplado en cualquier proyecto de nueva constitucionalidad. Desde luego, la disolución de la Comisión de Salarios Mínimos y la atribución de sus facultades a la Cámara de Diputados, así como la supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y su reemplazo por salas especializadas del Poder Judicial. Como en todo, una reforma en profundidad del Estado que corrija las graves desviaciones económicas y sociales a que nos ha llevado una transición abortada.
Comisionado para la reforma política del Distrito Federal
