Sumisión vs. Constitución

Todo proceso constitucional es una batalla política y jurídica para reducir el poder absoluto y empoderar a los ciudadanos en la defensa de sus derechos. Ese fue el espíritu que animó al Constituyente de la Ciudad de México, cuyo resultado fue un genuino consenso entre las fuerzas partidarias y sociales, del que por desgracia están huérfanas todas las decisiones del gobierno federal.

Resulta sorprendente y amenazante que desde la Presidencia de la República se haya orquestado un movimiento de impugnación y descrédito de la Carta que, en ejercicio de su soberanía —conforme al artículo 41 de la CPEUM— aprobamos con beneplácito general. Vencimos la campaña negra contra el proyecto que presentó el jefe de Gobierno, por la que fuimos acusados de “comunistas” y ahora hasta de “imbéciles”. Negociamos tenazmente en el Congreso de la Unión el artículo 122 de la Constitución, sin embargo no pudimos evitar la sobrerrepresentación de partidos minoritarios en la Ciudad, a través de los constituyentes designados por ambas cámaras y ejecutivos. Sorteamos las limitaciones de un período tan breve de sesiones y las presiones de intereses patrimoniales, confesionales y burocráticos que intentaron torcer nuestras decisiones. Probamos que en México puede establecerse un parlamentarismo abierto, con intensa participación de la sociedad que supera en un propósito común los prejuicios y posiciones programáticas de los partidos.

En esta hazaña ponderamos las posiciones del Ejecutivo federal y de su partido, pero nunca tuvimos su oposición frontal. En virtud de compromisos públicos contraídos, el gobierno nacional respetó nuestros trabajos y sus representantes respaldaron con su voto la aprobación unánime del texto constitucional. En una reunión en la que Peña Nieto convivió con los constituyentes por él designados y los del PRI —de la cual existen numerosas grabaciones e imágenes fotográficas— el convocante los felicitó calurosamente y el último grito fue ¡Viva la Constitución de la Ciudad de México!

Tan sólo diez días después orquestó la andanada de impugnaciones: ¿estrabismo, arrepentimiento o descarado doble lenguaje? La incógnita a resolver reside en las razones o sinrazones que motivaron en tan corto plazo esta incongruencia aberrante del Presidente de la República. ¿Qué lo indujo a un viraje tan drástico? Habrá que intentar alguna explicación, aunque pienso que los virajes próximos de la política gubernamental harán evidentes sus intenciones.

Después de la embestida, algunos voceros oficiosos han proclamado su repudio hacia los avances alcanzados, porque “representan una plataforma que favorece a las izquierdas en los próximos procesos electorales”. Torpe actitud, ya que la Constitución local podría convertirse en el piso de una nueva agenda nacional que todos los partidos podrían legítimamente reivindicar.

Las motivaciones tienen que ver con la cancelación unilateral del Pacto por México —compromiso solemne del Ejecutivo—, ya que de los tres mosqueteros que lo componían sólo queda el PRI, al que se pretende disciplinar en aras de una nueva ruta: los pactos con Trump. Recordemos que después de la entrada en vigor del TLC, reformamos varios artículos constitucionales y 27 leyes federales para acomodarnos a las exigencias del gobierno de EU, cuando éste no alteró ni un sólo reglamento interno. El Ejecutivo quiere tener manos libres para modificar nuestra legislación conforme a los acuerdos bilaterales que le sean impuestos. Ejemplos claros son: la ley de seguridad interior y el nuevo proyecto de legislación del trabajo. Otros muchos vendrán en sentido regresivo a la soberanía y los derechos ciudadanos, por lo que les resulta indispensable que la Suprema Corte nulifique el modelo adelantado de la Constitución de la Ciudad.

Ha mediado también la intervención de actores de derecha y extrema derecha, cuya incidencia fue casi nula en los debates del Constituyente. Estas reacciones revelan el temor fundado de que, en esta ruta de entendimientos, se abra el camino para la convocatoria a un Congreso Constituyente Nacional, que pudiera expresar el ejercicio genuino de la soberanía popular y el rechazo categórico al entreguismo prevaleciente.

La cuestión es eminentemente política e incide en el futuro de la nación. La Constitución de la Ciudad apunta hacia una reafirmación de derechos inalienables. La actitud del gobierno presagia la sumisión del país, que no excluye un golpe de fuerza contra la sociedad y los movimientos progresistas. Ese es el dilema.

Comisionado para la reforma política de la Ciudad de México