Lo menos polarizado en Venezuela, decía en 2014 Andrés Oropeza, es la crisis que se vive (El Universal, Venezuela). Esa toca a todos, chavistas u opositores. Ya en aquél entonces, el estancamiento económico, la inflación y la escasez, sumados a la inseguridad, los homicidios, los secuestros y las violaciones, pasaban por sus peores momentos. Aunque Maduro responsabilizaba de la crisis a una alianza entre fuerzas de derecha locales y conspiradores extranjeros, la realidad es que el descontento social tocaba fondo e inundaba las calles con la protesta social. Hoy –cosa que no hubiese sido simple de concebir en aquél 2014-, la situación es mucho peor. La recesión económica es aún más grave, la inflación sigue rompiendo records, los bienes son aún más escasos y la inseguridad sigue en deterioro, Ante semejante entorno, uno se imaginaría que la única alternativa para contener la creciente insatisfacción tendría que ser el diálogo político para procesar, a través de él, la frustración social que naturalmente se ha generado. Pero los canales de diálogo se encuentran cerrados: opositores encarcelados, otros enfrentando juicios, medios de comunicación clausurados y violaciones a derechos humanos, son las notas cotidianas. Ante ello, la oposición unida, actualmente mayoría en la Asamblea Nacional, no encuentra opción sino la salida de Maduro y está activando todo lo que en sus manos se encuentra para llevarlo a efecto. Las manifestaciones masivas de este sábado forman parte de esa estrategia.

Aunque no siempre alcance los titulares en los medios, la protesta social en Venezuela se ha convertido en costumbre desde hace años. Si bien el número de estas protestas decreció en 2015 con respecto al 2014, en 2016 las manifestaciones parecen estarse incrementando de nuevo. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, el pasado febrero se registraron al menos 523 protestas, lo que equivale a unas 17 protestas diarias en todo el país, un 8% más que en febrero del 2015. En todo caso lo que extraña no es que el descontento se exprese así, en la calle. Lo que extraña es que o no se manifieste de manera más intensa.

Empecemos por considerar que, desde hace varios años, Venezuela atraviesa un muy complejo proceso de estanflación que tiende a empeorar, no a mejorar. Según el FMI, en 2013 el país creció a una tasa de 1.3%. En 2014, la economía ya estaba decreciendo a un ritmo de -4% y en 2015 al -10%.  Este año, la economía se contraerá en un porcentaje similar. De acuerdo con información oficial, la inflación se encuentra cerca del 200%. Sin embargo, según diversas instituciones como el propio FMI, en 2016 la inflación en Venezuela podría alcanzar desde 400 hasta incluso más del 700%. El índice de escasez, que mide la falta de bienes, llegaba en enero de 2016 a 56% -casi el doble de hace dos años, cuando estallaron protestas sociales masivas por todo el país-, con una escasez en productos básicos de más del 80%, su nivel más alto desde que es medido. Es decir, los productos escasean cada vez más y cuando se pueden conseguir, su costo es tan elevado que a veces terminan siendo impagables. Los bajos precios del petróleo, uno de los pilares de la economía venezolana, no ayudan. Con todo ello, el Bolívar vale cada vez menos. Si lo anterior no es suficiente, hay que añadir la crisis de seguridad. De acuerdo con las mediciones del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C. Caracas superó en 2015 a San Pedro Sula como la ciudad más violenta del mundo en materia de homicidios por cada 100 mil habitantes.

Estos factores, comprensiblemente, producen una frustración social que cuando no es adecuadamente canalizada y procesada, no puede sino terminar incrementando las condiciones críticas del país. Y eso es justo lo que ha estado sucediendo los últimos años. Reportes como el de Amnistía Internacional en 2014 y 2015, documentan los problemas de impunidad que persisten en Venezuela, así como las violaciones a los derechos humanos y la falta de independencia del poder judicial. Las agresiones contra periodistas y medios de comunicación son cosa frecuente. Quienes se oponen al gobierno tienen que enfrentar “juicios sin garantías y encarcelamientos” (Amnistía Internacional, 2016). La fuerza se usa de manera excesiva y los responsables ante dichas violaciones a derechos humanos no comparecen ante la justicia.

No debe sorprender entonces, el bajo nivel de aprobación del presidente Maduro (24% a inicios de este año), o el hecho de que la oposición haya ganado las últimas elecciones legislativas con 65% de los escaños. Y tampoco debe sorprender que la oposición esté haciendo todo cuanto esté en sus manos por conseguir que Maduro salga cuanto antes del poder mediante vías pacíficas.

Para ello, las alternativas son: (a) Convocar a un referéndum revocatorio de mandato, (b) Modificar la constitución para acortar el período de gobierno a 4 años y así, convocar a nuevas elecciones a finales de este año. El problema es que, como se indicó arriba, ni las instituciones judiciales ni los órganos electorales son realmente independientes del poder ejecutivo, con lo que esas medidas podrían terminar siendo nulificadas o declaradas ilegales. Sin embargo, ya un sector dentro del propio partido en el poder, el PSUV, está convencido que Maduro no debe completar su mandato hasta 2019. Y por supuesto, está el ejército de cuyo respaldo podría depender el desenlace de esta historia.

Ese es el motivo por el que la oposición ha decidido ir por todo: referéndum, reforma constitucional, y ahora convoca a manifestaciones masivas para intentar exhibir el tamaño del descontento y del respaldo con el que cuenta. Si esta movilización social prende como ocurrió hace dos años, probablemente ahora sí podría tratarse del inicio del fin del gobierno de Maduro. Pero si las manifestaciones no logran la convocatoria deseada, si prevalecen el miedo y los intentos que seguramente hará el gobierno por sofocarlas, podríamos seguir atestiguando cómo es que se alimenta la bomba de tiempo. Y cuando eso sucede, esas bombas terminan explotando. Siempre.

Analista internacional.

@maurimm

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