A las Fuerzas Armadas, respaldo social y ley

Mauricio Farah

Las Fuerzas Armadas necesitan condiciones jurídicas apropiadas para la misión de seguridad interna que se les asignó

Al conmemorar el 50 aniversario de la primera vez que se aplicó el Plan DN3, el pasado 7 de octubre el presidente Enrique Peña Nieto expresó un sentido reconocimiento al Ejército y rindió homenaje a los 114 oficiales y soldados que han perdido la vida en cumplimiento de su deber en lo que va de la actual administración federal.

Un homenaje claramente merecido, tanto por las decenas de casos en que el Ejército ha brindado un servicio indispensable y eficaz a las poblaciones que han padecido los efectos de fenómenos naturales o de grandes siniestros, como por el papel que ha desempeñado, junto con la Marina, en la lucha contra el crimen organizado a lo largo de diez años.

Son apenas imaginables las miles de eventualidades que han enfrentado en ese lapso los miembros de las Fuerzas Armadas en esta lucha, los múltiples riesgos, los desplazamientos por caminos acechantes, las horas en vela, los enfrentamientos, las emboscadas, la posibilidad siempre latente de ser atacados con armas de alto poder, circunstancias en las que evidentemente está en peligro su integridad física y su vida.

Para quienes no tenemos entre nuestras responsabilidades la de afrontar riesgos semejantes, resulta difícil siquiera esbozar la gama de condiciones, dificultades, contingencias y riesgos extremos que enfrentan, porque hay experiencias que sólo pueden ser comprendidas plenamente por quienes las viven.

Pero todos sabemos, incluso los más reticentes a manifestar su reconocimiento al Ejército, que se trata de una lucha compleja y llena de adversidades, incierta y potencialmente mortal.

Decenas de militares han muerto en cobardes ataques. En el más reciente, cinco soldados perdieron la vida y diez más resultaron heridos la madrugada del 30 de septiembre cerca de Culiacán, Sinaloa.

Momentos antes y luego de un enfrentamiento en Badiraguato, militares atendieron a un hombre de alias Kevin, al que llevaban a un hospital de Culiacán, cuando fueron agredidos.

Las imágenes de la atención que dio al herido el cabo Christian, que habría de morir en el ataque unos minutos después, representan uno de los contrastes más relevantes de esta lucha, simplemente porque es imposible imaginar la circunstancia opuesta, es decir, es improbable que los criminales, de llegar a retener a un soldado, le brinden auxilio. Esto lo hacen las Fuerzas Armadas porque son cuerpos preparados para pelear y para ayudar a los lesionados y que incluso al enfrentar a delincuentes aplican principios de batalla leal, lo que es inconcebible en el caso de los criminales.

Cuando se den casos en los que presumiblemente miembros del Ejército y la Marina o de cualquier cuerpo de seguridad pública incurran en excesos, en actos fuera de la ley o en violaciones a los derechos humanos, los hechos deben ser investigados y, de proceder, deben ser aplicadas las sanciones correspondientes. Esta es una condición básica en el desempeño de toda autoridad en un régimen democrático.

Pero así como ejercemos nuestro derecho a exigir este comportamiento, debemos reconocer el enorme servicio que prestan al país las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, reconocimiento que debe traducirse en respaldo a sus acciones, sin las cuales quién sabe en qué condiciones estaríamos ahora en materia de paz y seguridad pública.

En estos días, por ejemplo, llegaron al Estado de México mil 500 integrantes del Ejército y 150 de la Marina para apuntalar la seguridad en esa entidad, como han estado y estarán en todos los lugares en donde se les requiera.

Tan necesario como el mencionado respaldo social, es que se dote a las Fuerzas Armadas de las condiciones jurídicas apropiadas para la misión de seguridad interna que se les ha asignado a fin de que puedan cumplirla en un marco legal adecuado a las circunstancias del país.

Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados

@mfarahg

 

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