Hace unos días le preguntaron al ex dirigente nacional del PRI y actual diputado federal, César Camacho, si estaría de acuerdo con renunciar al seguro de gastos médicos privado que tienen los legisladores, y que hoy por hoy se paga con recursos públicos. La respuesta es una joya: “Los derechos inherentes al ejercicio de un trabajo legítimo (...) serán respetados. Son prestaciones sin ningún privilegio”. (Reforma 30/08) Es decir, que son un derecho adquirido.
La lógica, se entiende de su dicho, se extiende a los otros beneficios que vienen con el cargo: recursos para asistentes y choferes, boletos de avión, seguro de vida y altos salarios, sobresueldos por comisiones, bonos de término, etc.
Sabemos que el lenguaje es una clara expresión del pensamiento y por eso resulta tan reveladora la forma en que César Camacho se refiere a lo que los demás podríamos percibir como abusos: son sus de-re-chos.
Y esa es una de las claves para entender una de las batallas más importantes en el país en el presente y en los años por venir: la lucha para desmontar los privilegios de los políticos en el poder.
Algunos ya empezaron a tomar nota. De manera destacada los candidatos independientes que ganaron en la pasada elección y que demostraron que es posible competir y ganar sin las carretadas de dinero (público y privado) que usan los candidatos tradicionales. Ahora, Jaime Rodríguez (NL), Manuel Clouthier (Sinaloa), Alfonso Martínez (Michoacán) y Pedro Kumamoto (Jalisco) tendrán que desmontar otros mitos desde sus cargos.
También ya han dado señales de estar empezando a entender los integrantes de algunos partidos. Primero fueron los diputados del Movimiento Ciudadano los que renunciaron al seguro de gastos médicos mayores, luego fueron los de Morena que en la Asamblea Legislativa del DF anunciaron recortes importantes al gasto de las bancadas, y aunque todavía no hay una propuesta formal, Ricardo Anaya, el nuevo presidente del PAN, ha adelantado que mandará una iniciativa para reducir el monto del financiamiento a los partidos, que hoy y tal vez usted no sepa esto, se determina no en función de desempeño o de criterios económicos, sino a partir del número de mexicanos afiliados al padrón electoral por lo que en cada proceso siempre tendrán más dinero, voten muchos o pocos por ellos.
¿Estos cambios resuelven la situación del país? No. ¿Son desplantes que buscan un aplauso fácil? Puede ser. Pero en todo caso están en la ruta correcta. Porque los privilegios de nuestros gobernantes no son derechos. Ni los formales, ni los informales como los que llevan a ver como algo normal los “moches”, el nepotismo, los favores a los patrocinadores de las campañas, los negocios desde el poder, etc.
El país hoy vive una seria crisis política, entre otras razones, porque se asume que es normal que quien gobierna, así sea en una presidencia municipal, ya tiene la vida resuelta. Que por el solo hecho de llegar al poder, ya son parte de una élite, mexicanos de primera frente al resto de la población.
¿Es posible desmontar esta idea? Claro que sí. Incluso, es posible convertir esto en una ventaja electoral porque la ciudadanía está cansada de ver la vida que muchos se dan con cargo a sus impuestos.
La clave estará en la capacidad que tengan los actores para ir más allá de la anécdota, del gesto teatral, de lo que parece un acto de generosidad personal o de partido, para ir hacia un cambio institucional en donde el buen o mal actuar no dependa de las conciencias, sino de las reglas del juego que todos tienen que cumplir.
La batalla, está claro, no será sencilla, no mientras algunos sigan pensando que su burbuja de lujos no es más que lo que merecen por hacernos el favor de gobernar. El terreno está cantado, veremos quién entiende el momento y es capaz de responder para sacar el mayor provecho.
Politólogo y periodista.
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