Hay un consenso en la opinión pública de la preocupación por el bajo crecimiento económico, pero aún más de la precariedad de las finanzas públicas y la debilidad estructural de Petróleos Mexicanos y el riesgo que representa para estas.
Recientemente se recibió el anuncio de que Moody’s Ratings había decidido bajar la nota crediticia de México de BAA2 a BAA3, que representa el nivel más bajo dentro del grado de inversión, con lo que el país queda a un escalón de la calificación BA1 conocida como “bonos basura”. Esto evidentemente afecta a la inversión y el acceso a los mercados financieros internacionales. Justamente fue la parte fiscal: su fragilidad, el aumento de la deuda y el apoyo a Pemex que nos puso en esta tesitura, principalmente.
La realidad es que el ingreso se ha debilitado y el gasto sigue creciendo sin control.
En el primer trimestre del año los ingresos tributarios cayeron, el primer descenso en 14 años para un periodo similar: tan solo el Impuesto sobre la Renta (ISR) bajó en junio a tasa real anualizada 8.4% y acumulada en los primeros seis meses del año, 6.2%. Es de esperarse que, en una economía con marcha débil, que la declaración de impuestos disminuya; tal fue el caso de las personas morales (-13.3%) este año. Asimismo, ante la baja creación de empleos formales la base gravable se ha visto afectada, aún más si se considera el entorno de incertidumbre, externo e interno, que se vive y el desplazamiento laboral que ha venido ocurriendo con la adopción de la inteligencia artificial.
Por su parte, las erogaciones no muestran signos de moderación. Las transferencias sociales se han ido incrementando al punto de abarcar ya un tercio de la población (casi 44 millones de personas beneficiadas, si se incluye los casi 6 millones de pensionados) con una erogación que supera los tres billones de pesos anuales, que representan 30% del total del gasto público y que actualmente no se alcanzan a cubrir con los dos impuestos más importantes - IVA e ISR- por separado (Tendencias Económicas y Financieras).
Por su parte, Pemex cerró el semestre con 4 billones de pesos de pasivos; casi el doble de sus activos. De hecho, el Gobierno Federal le recortó subsidios por 164 mmdp en junio, quitándole a energía el casi 62% del presupuesto aprobado para el primer semestre, con el consecuente impacto en refinación y mantenimiento a la larga.
En este contexto, la deuda ha ido creciendo, para el año que entra la deuda pública podría cerrar alrededor de 20.4 billones de pesos, lo que representa 58% del Producto Interno Bruto.
La realidad impone una reforma fiscal, que se ha venido postergando, máxime que en 2027 habrá elecciones de medio término. Si para 2028 se decidiera aumentar impuestos, se esperaría se instrumentara el tan mencionado “gravamen a las herencias”; sería una de las opciones, como el IVA diferenciado y la disminución a exenciones. Por lo pronto, habrá que ir sorteando el juicio de las calificadoras que observan datos optimistas de crecimiento, incrementos al gasto social no acordes a parámetros inflacionarios, simplemente por una población que envejece a un ritmo más rápido y escepticismo en el aumento esperado en inversión productiva en el contexto actual.
La pérdida del grado de inversión sería muy grave para el país, pero no se pueden esperar resultados diferentes haciendo lo mismo.
* Catedrática de la Anáhuac Graduate School of Business de la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad Anáhuac México
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