Liberador de secuestradores

Durante años hemos estado pendientes del delito de secuestro en México, de la atención de las víctimas y de los esfuerzos institucionales para combatir este flagelo. En este tiempo, hemos sido testigos de cómo las autoridades ofrecen distintas estrategias para frenar este delito, pero la evidencia muestra que siguen funcionando a corto plazo y sin una visión integral de atención, además de estar inmersas en la corrupción.

Hoy en día, el secuestro va a la baja (a octubre de 2015 hay 855 averiguaciones previas, mientras que en el año pasado se registraron mil 209 en el mismo periodo). Sin embargo las autoridades continúan sin una visión integral porque la estrategia no logra concatenar a las instituciones y cada entidad tiene una inercia propia. Parece que cada parte funciona aisladamente.

En días anteriores, tuvimos una reunión de seguimiento con la Conase y exigimos que se atiendan los temas pendientes. Principalmente nos interesa que las Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro (UECS) funcionen homogéneamente en todo el país, con policías y agentes del MP confiables que hayan sido evaluados y que cuenten con las destrezas y habilidades para atender un secuestro.

Estamos tan distantes de que esto ocurra en los estados, que el gobierno federal ha tenido que cargar con la responsabilidad. De enero a noviembre de este año, la división de investigación de la PF afirma que ha atendido 578 casos, liberado a 501 víctimas (362 por manejo de crisis y liberación) y detenido a 425 secuestradores. Una vez más, el gobierno federal trabajando, mientras los gobernadores son omisos. ¡No podemos seguir así!

Pero sin duda, lo que más nos preocupa es la corrupción que permea este tema.

No hay rendición de cuentas en las UECS. Los recursos que se les han asignado, no son utilizados debidamente. A algunos les dijeron que comprarían patrullas, pero esto se quedó en una promesa porque las unidades nunca llegaron. En otros estados los policías tienen que poner de su dinero para gasolina o papelería.

En materia de procuración y administración de justicia, el secuestro continúa siendo un “negocio” rentable por la impunidad y porque de los pocos secuestradores que son detenidos, algunos son liberados por jueces corruptos.

Las cifras sobre la impunidad son claras. Muchos secuestros no se denuncian, la Envipe estima que en 2014 a nivel nacional se registraron 102 mil 883 secuestros sufridos por 99 mil 747 víctimas, mientras que en ese mismo año únicamente se iniciaron mil 395 averiguaciones previas. De estas, muy pocas reciben una sentencia, como en Guerrero, en donde de 2006 a 2013 ni un solo secuestrador recibió una sentencia, como lo especifica una solicitud de transparencia a la PGJEG.

En cuanto a la corrupción vemos que los delincuentes se las ingenian para evadir la justicia y en algunos casos son ayudados por las mismas autoridades. En Morelos hemos documentado varios casos de corrupción (como el de la jueza Aurora Salgado) en los que se han liberado a secuestradores y a pesar de que hemos denunciado los hechos, no se hace nada. La simulación llega a tal grado, que la presidenta del TSJ, Nadia Luz Lara Chávez dice que no tienen quejas de los jueces, cuando en realidad sí las hay.

Por cierto, en Morelos ha disminuido el secuestro. En 2014 se registraron 115 secuestros, mientras que a octubre del presente año se reconocen tan sólo 24 secuestros. ¿Será que la liberación de secuestradores tiene este efecto paradójico? ¿Será resultado de la simulación de sus autoridades?

Es necesario que las autoridades, sobre todo los gobernadores, tengan compromiso político para combatir este delito con visión y de manera integral, pero sobre todo libre de corrupción. Deben enfocarse en la liberación de las víctimas, no de los plagiarios.

Presidenta de Causa en Común.

@MaElenaMorera