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La reforma educativa fue un golpe de Estado. Los golpes no son exclusivamente militares, pueden operarlos cualquier poder instituido —el Ejecutivo, el Congreso—, entrañan rompimiento constitucional para introducir nueva “legalidad” contraria a los principios constitucionales establecidos. El Pacto por México fue el mecanismo del golpe que impuso la reforma: acuerdo de las cúpulas del PRI, PAN y PRD con Peña Nieto, al margen de sus militantes, electores, ideologías, para imponer las directrices privatizadoras de la OCDE. La reforma se diseñó como mandato obligatorio, asegurado por la acción policiaca-militar, suprimiendo los derechos a la protesta, acompañada por una campaña permanente en medios de comunicación masiva, desinformando, mintiendo, para generar en la opinión pública incluso odio a cualquier resistencia. La reforma modifica decisiones políticas fundamentales de la Constitución: rompe la garantía del Estado en materia educativa; es antifederalista, centralizadora en el Ejecutivo; anula derechos laborales del magisterio, vigentes desde 1917; altera el sentido humanista de la educación mexicana, introduciendo el principio empresarial de “calidad”, que somete educandos y educadores al proceso productivo del capitalismo global. Modificar decisiones políticas fundamentales exige un Constituyente originario o una consulta ciudadana, que no se dieron; el proceso legislativo violó todos los procedimientos parlamentarios, el artículo 135 constitucional; proceso agravado por el “Pacto” que estableció el dominio del Ejecutivo sobre el Legislativo.
El Estado de Derecho exige que toda norma jurídica sea susceptible de revisión constitucional, pero la reforma a la Ley de Amparo hizo improcedente el amparo contra reformas constitucionales, cancelando toda vía de impugnación, dejando indefensos a maestros y a toda la sociedad. La reforma unifica la educación en una sociedad culturalmente plural y heterogénea, contradiciendo los artículos 1º y 2º constitucionales. Reduce el derecho a la educación sólo a la obligatoria, al excluir la educación superior e ignorar el artículo 31 constitucional. Anula la esencia de la educación mexicana: humanista, patriótica, abocada al constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, estableciendo un sistema de competencia individualista ajeno a la dignidad humana, al limitar la “calidad de la educación” a materiales y métodos educativos, infraestructura e idoneidad docente y al “máximo logro de aprendizaje”. Este concepto de “calidad educativa” y su “evaluación” degrada la historia personal, ignora valores educativos como experiencia y desempeño. La educación, fenómeno social-holístico, es irreductible a lo meramente cuantitativo, medible y discriminador. Condicionar la “permanencia en el servicio magisterial” a una “evaluación estandarizada”, mecanismo represivo que no promueve la educación, destruye el sentido gremial del magisterio y manipula al SNTE, sometido, para operar contra el magisterio. Los concursos de oposición se han dado a lo largo de nuestra historia (desde las leyes de 1833), pero sin sustituir a la observación del desempeño directo en el aula. La reforma promueve la privatización educativa en favor de entes privados y consorcios trasnacionales, transfiriéndoles recursos públicos sumados a las becas: libros de texto, elaboración de planes y programas de estudio, construcción de espacios educativos, formación de maestros, cursos de recuperación; así como la supuesta consulta para el modelo educativo, en un ataque clasista y elitista directo a las normales.
La iniciativa de abrogación de la reforma educativa, en el Senado, obliga a ser dictaminada en comisiones, bajo la presidencia del senador Burgos, so pena de incumplir su responsabilidad constitucional. El dictamen debe pronunciarse sobre los argumentos expuestos. Ningún ajuste en leyes secundarias tendría sentido. El golpe consistió en introducir en la Constitución el sistema privatizador y desnaturalizador de la OCDE. El fracaso de la imposición es evidente. El problema tiene que resolverse mediante una auténtica consulta nacional, previa abrogación total de la Reforma. (Texto completo en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016- 09-06-1/assets/documentos/Inic_PT_ abroga_reforma_educativa.pdf).
Senador de la República
