Corrupción protegida. Impunidad garantizada

Manuel Bartlett

A Carmen Aristegui.

Peña Nieto promulgó el Sistema Nacional Anticorrupción, rodeado de empleados y afines. Intervinieron en el espectáculo: el ministro Zaldívar, afirmó: “consolida al Estado constitucional, dependerá de las personas que lo implementen”. Gil Zuarth (PAN), presidente del Senado, describió: “la horripilante corrupción, convertida en política pública… pero con la democracia mexicana que dio signos de vitalidad y la participación de la sociedad civil, se creó el Sistema Anticorrupción… la Ley 3de3 se incorporó —mochada— con balance ponderado entre máxima publicidad y derecho a la privacidad”. Zambrano (PRD), presidente de Diputados, elogió al “Sistema” pero tímidamente expresó: “vale una opinión diferente, dejó de lado la esencia del 3de3 pero aun con estas insuficiencias —se acomoda— es un paso importante”. Presentado como “representante de la sociedad civil”, Bohórquez elogió: “los 600 mil firmantes de la primera iniciativa ciudadana votada en el Congreso” —que no lo es—, advirtió que “observarán la designación de los funcionarios que manejarán el Sistema”. Bohórquez no representa a la sociedad, sino a Transparencia Mexicana, franquicia vinculada con National Endowment for Democracy, (agencia del intervencionismo estadounidense); promotor del 3de3, cambió de bando, legitimando la ley “mochada”, traicionó a la sociedad. Peña Nieto, orador estelar, reconoció: “los mexicanos nos sentimos lastimados por la corrupción, el Sistema Anticorrupción es la respuesta”, lanzó su mea culpa: “la información sobre la Casa Blanca causó indignación… los servidores públicos… somos responsables de la percepción que generamos… cometí un error, no obstante que me conduje conforme a la ley,… les pido perdón”, inmediato aplauso del auditorio “conmovido hasta las lágrimas”, otorgaron el perdón.

Al exterior, el “perdón” generó repudio; numerosos columnistas coincidieron en que “no es suficiente”, “requiere acciones contundentes”, “juicio al Presidente”. El coordinador de Diputados perredistas, Martínez Neri, pontificó: “mejor una renuncia que una disculpa… Peña no es sincero… debe castigarse”; la diputación panista presentó punto de acuerdo en la permanente, “exhortando al Presidente a investigar la Casa Blanca, …el señor Presidente no se condujo conforme a la ley, ni al derecho, ni con total integridad”; Anaya, presidente del PAN, afirmó: “la disculpa llega tarde, hay que pasar del discurso a los hechos”; el coordinador de senadores panistas, Herrera: “en la investigación de la Casa Blanca, debe encontrarse el camino de la ley”; Marko Cortés, líder de diputados panistas: “no basta un perdón, esperamos que haya una investigación ahora sí imparcial, donde sepamos si hubo o no conflicto de intereses”. Esta repuesta acusatoria contrasta con los elogios a Peña, del panista presidente del Senado y el perredista de Diputados, no es contradictoria, es cinismo. En el debate legislativo anticorrupción propusimos reformar el artículo 108 constitucional, que establece: “el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”. El Sistema Anticorrupción resulta simulación, mientras el Presidente no pueda ser enjuiciado por delitos de corrupción; la Presidencia incentiva, desarrolla y protege la corrupción. Los diputados, senadores —panistas y perredistas— ignoraron la corrupción presidencial y ahora fingen exigir se investigue la Casa Blanca: “conflicto de intereses, delito presidencial”; declaraciones para engañar a la opinión pública, ninguna investigación procede; al no tocar el artículo 108, ellos garantizan al Presidente, la impunidad.

El “perdón” de Peña, además de ridículo, es perverso; la persecución que impulsa contra Carmen Aristegui y su equipo lo exhibe; quienes descubrieron la corrupción que implicó la Casa Blanca, que Peña reconoce “indignó a la población” y por lo que pide “perdón”, tendría que resultar, no sólo en el cese de la persecución, sino en la restitución a Aristegui del espacio arrebatado por él, como comunicadora de importancia nacional.

Senador de la República

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