Del mal humor a la desesperación social

En algún discurso hace unas semanas, Enrique Peña Nieto señaló que percibía un “mal humor social”, en estos días se quejó de que las buenas noticias reciben poca atención, mientras se inundan los medios de comunicación con las malas noticias. Como era de esperarse, diversas voces han respondido que cuesta mucho trabajo encontrar las buenas y que en cambio las malas noticias se multiplican todos los días. Yo agregaría que no sólo se trata de las buenas y las malas, ni el clima social puede reducirse a un mal humor. Quizá un término más adecuado sería ira, indignación o desesperación social. Y es que las condiciones de vida de la población trabajadora del país han empeorado de manera notable, en parte por la propia crisis económica, pero sobre todo por los efectos de las políticas neoliberales y en especial a partir de las reformas estructurales.

Hace algunos meses, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, también conocida como el Club de los Ricos, informó que de todos los países que pertenecen a ese organismo, los trabajadores que soportan la jornada más larga de trabajo son los mexicanos, pues acumulan un promedio de 2 mil 228 horas al año, mientras el promedio en los países de la OCDE es de 1770. Y no se crea que porque tienen una baja productividad, porque ésta goza de buena salud, tanto así que incluso tiene una mayor tasa de crecimiento que la de Estados Unidos. Pero no sólo se trata de una mayor jornada de trabajo, sino que también son los que ganan más bajos salarios entre todos los países de la OCDE. O sea que trabajan más y ganan menos.

Y si esas son las condiciones generales, además se ha registrado una extraordinaria precarización del empleo. Para empezar, el INEGI informó hace unos días que en sólo un año, los trabajadores que se encuentran laborando en el sector informal, esto es el que carece de cualquier tipo de prestación, aumentó en 300 mil personas, para hacer un total de 29 millones 412 mil 185, lo que representa el 57,2 por ciento de la población económicamente activa. O sea que más de la mitad de la población trabajadora del país carece de cualquier prestación, como acceso a las instituciones de salud, despensas, vacaciones y desde luego derecho a una pensión o jubilación.

Además la precarización del empleo también se expresa en el propio sector formal en el aumento extraordinario del outsourcing o sea cuando una empresa no contrata directamente a sus trabajadores, sino que realiza un convenio con otra empresa para determinadas tareas y es ésta la que los contrata. Es la forma, pues, en la que el verdadero patrón se escabulle de sus obligaciones y se eliminan los derechos laborales, como por ejemplo el de huelga, pues no se puede organizar una contra el patrón real, porque con él no existe la relación de trabajo. Bajo el régimen de outsourcing, sistema introducido en la legislación mexicana con la Reforma Laboral aprobada en los últimos días del sexenio de Calderón, ya laboran 4.9 millones de mexicanos, que en su mayoría también carecen de prestaciones, pues de las 900 empresas de este tipo que existen en nuestro país, sólo 100 están inscritas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y de éstas sólo 40 pagan las cuotas completas.

Y no sólo eso, también, ingeniosos que son los patrones, han proliferado los pagos por honorarios, sistema que ha crecido 48 por ciento en la última década, de tal modo que hoy representan, según el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, el 4.7 por ciento del total de los trabajadores activos en el país. Ni qué decir que tanto en el pago por honorarios como en el outsourcing, se carece no sólo de las prestaciones, sino también de la estabilidad en el empleo.

Dicho en corto, los trabajadores mexicanos ganan los salarios más bajos de la OCDE, y padecen las jornadas más largas. Además, la mayoría carece de cualquier tipo de prestación, de estabilidad en el empleo y ha perdido sus derechos laborales. No se trata, pues de un mal humor social, sino de niveles de indignación y desesperación.

Profesora de la Facultad de Economía e Integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, CACEPS – UNAM

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