Elecciones huachicoleras

Un amargo sabor dejan las elecciones del pasado domingo por su baja calidad cívico-democrática. Son muchas las evidencias sobre la creciente degradación de la competencia política en nuestro país: sin ideas, saturada de ataques y difamaciones. Sin alma ciudadana los resultados se definen por “las maquinarias” que arrastran rebaños votantes, clientes comprados o amenazados.

Quienes luchamos para que en México hubiera elecciones libres y democráticas, sustentadas en el voto libre y secreto, estamos desolados ante la desvergonzada prostitución de la lucha electoral.

Acción Nacional desde sus primeros años batalló para que hubiese una credencial de elector permanente, confiable, con fotografía, como elemento fundamental para el ejercicio del derecho a elegir gobernantes. Se logró en 1992, luego de que el primer gobernador panista de México, Ernesto Ruffo Appel, la estableció en Baja California y exhibió al régimen autoritario que negaba su factibilidad. Hoy esa credencial se compra y vende para comprometer el voto o para inhibirlo, es vil mercancía ofrecida al mejor postor.

Décadas de esfuerzo cívico pasaron para que los órganos responsables de organizar, calificar y validar las elecciones garantizaran el respeto a la voluntad popular. En ello gastaron buena parte de sus vidas y sus bienes personales muchos patricios cívicos: Gómez Morín, González Luna, Luis H. Álvarez, Salvador Nava, Clouthier, Correa Rachó, Heberto Castillo, Rincón Gallardo y miles de héroes anónimos en todos los rumbos del país.

Al sistema PRI-gobierno, juez y parte, lo demolimos con varias reformas electorales arrancadas a golpes de votos. También contribuyeron a desmontarlo las resoluciones de los organismos internacionales, a los que tuvimos que recurrir las víctimas de sus fraudes. En 1990, llevé ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de las elecciones municipales de Naucalpan. Igual hicieron otros: Barrio (Chihuahua) y Elizondo (Durango) en l986, Tere García (Monterrey) en 1989.

Lograr autoridades electorales honorables e imparciales no fue fácil: hay una épica de esa lucha: huelgas de hambre, marchas, protestas, resistencia civil, tomas de puentes y palacios. En 1997 cerramos ese nefasto ciclo de subdesarrollo político.

¿Pero, en qué se ha traducido ese cambio? Hoy tenemos un aparato electoral costoso y mastodóntico, que en 2017 ha visto, indolente, la mayor operación de Estado montada para que el PRI gane las elecciones del Estado de México; toleró, impasible, una desfachatada derrama de dinero ilegal y de procedencia desconocida en las campañas. En Coahuila falsea el conteo de los sufragios y participa activamente en la trampa electoral.

Y la cuestión del dinero. ¿De dónde procede tanto efectivo, cuáles son sus fuentes? Estamos en el peor de los mundos; ahora nadie que no disponga multimillonarias sumas puede tener éxito en las urnas. Por eso la corrupción se ha disparado a niveles nunca vistos. Es pertinente preguntar: ¿hay alguna relación entre el incremento exponencial del robo de gasolina y de la red de complicidades en su distribución, venta y destino de sus utilidades, coincidente con el público dispendio en las campañas tolerado por las autoridades electorales? ¿Estamos ante una modalidad de elecciones huachicoleras y ni el INE, los OPLEs y Fepade se han enterado?

En resumen, estas elecciones no acreditan los estándares internacionales para considerarlas libres y democráticas sustentadas en el voto libre y secreto.

Habrá que andar de nuevo el camino y esta vez evitar el error que hizo fracasar la transición: intentar crear un régimen democrático sin formar ciudadanos demócratas. Para comenzar, propongo que el PAN no avale la farsa electoral mexiquense y exija su anulación. Y si el PRI insiste en robarse la elección de Coahuila, pasar a la resistencia civil.

Candidato a gobernador del Estado de México en 1993 y 2011.
@L_FBravoMena