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Recientemente el Senado de la República aprobó, en medio de una gran polémica, reformas a la Ley General de Víctimas, que están siendo analizadas en la Cámara de Diputados y que han provocado la renuncia de una más de las integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y muchos reclamos por parte de organizaciones de la sociedad que fueron fundamentales en la creación de la ley. Llama mucho la atención, y no deja de ser preocupante, que al día de hoy, cinco de los siete comisionados de la CEAV, nombrados en 2013 por el Senado, han renunciado a seguir participando en dicha comisión y, hasta la fecha, no han sido nombrados los sustitutos.
La Ley General de Víctimas fue resultado de la colaboración entre órganos del Estado, organizaciones ciudadanas y víctimas, que preocupados por el abandono que padecían quienes sufren delitos que dañan su integridad, se dieron a la tarea de crear un sistema integral de atención a víctimas. Así surgió esta ley, que tiene como objetivo principal proteger los derechos humanos de las víctimas a través de la ayuda, asistencia o reparación integral. La ley fue también el cumplimiento de un compromiso asumido en los Diálogos del Castillo de Chapultepec en los que participaron el Poder Ejecutivo federal, el Poder Legislativo y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia. Creo que en ese momento se mandó un mensaje de sensibilidad por parte de los poderes del Estado ante hechos sumamente dolorosos que lastiman a la sociedad.
Algo está pasando con la ley que no se ha logrado lo que en el momento de su promulgación, en 2013, se tenía pensado. La CEAV está prácticamente desintegrada y así es inoperante. La Segunda Sala de la Corte está analizando amparos sobre si corresponde sólo a la CEAV cuantificar el monto por concepto de reparación. Y, al final del día, las víctimas siguen caminando solas, padeciendo de engorrosos trámites burocráticos. Las reformas a la ley deben de darse pensando siempre en mejorarla, en hacerla operativa, fácil de aplicar, y sobre todo, pensando en las víctimas que son los principales destinatarios y fueron la única motivación para la creación de la ley. El desmantelamiento que ha sufrido la CNAV, es también una inmejorable oportunidad para integrar una comisión que responda al espíritu de su creación: que no hubiera víctimas caminando solas.
La Ley General de Víctimas surgió de un genuino esfuerzo de colaboración y un diálogo histórico entre los poderes del Estado y las organizaciones de la sociedad. Hubo disposición de todos y voluntad de ambas partes para encontrar soluciones a una agenda compleja y delicada, que es del interés de todos los mexicanos. Fue una expresión genuina y vigente de los tiempos democráticos que queremos para México. En el proceso de reformas a la ley que está en curso, considero indispensable que el Poder Legislativo recupere ese espacio de diálogo con la sociedad que se dio al momento de su creación. El diálogo entre sociedad civil y Poderes de la Unión debe de ser franco y abierto, sólo así se pueden lograr acuerdos que se requieren para que ésta ley, que tiene un propósito tan noble, se convierte de verdad en un instrumento que ayude a mitigar el dolor de quienes han resultado víctimas de la violencia en nuestro país.
El dolor de cada una de las víctimas y de sus familias, nos duele a todos los mexicanos de bien. Lograr que esta ley le sirva de verdad a las víctimas, será un acto civilizatorio, porque contribuiría a reparar el tejido social, a restablecer la dignidad de las víctimas, que es la primera condición para procurar su recuperación e impulsar su desarrollo como ciudadanos. Si esto se logra, México será un país mejor.
Abogado.
@jglezmorfin
