Mucho se ha hablado y se seguirá hablando de la recién promulgada y muy polémica Ley Reglamentaria del Artículo Sexto Constitucional en materia de Derecho de Réplica. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya impugnó algunos de sus artículos mediante una acción de inconstitucionalidad que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Más allá de lo polémico del caso y, de lo que en su momento resuelva la SCJN, el asunto en cuestión nos presenta una oportunidad idónea para hacer algunos apuntes sobre un tema que nos debe preocupar a todos: la libertad de prensa, derecho humano fundamental y piedra angular de la transición democrática en México.

La libertad de expresión y la libertad de prensa son derechos que los mexicanos valoramos de manera muy especial, ya que hace no mucho tiempo, era una conquista que se antojaba difícil de alcanzar. Quedaron atrás los días cuando los medios eran aparatos políticos de control ideológico.

A partir de 1988, la democracia trajo consigo una serie de beneficios para el país y uno de ellos es, sin duda, la existencia de pluralidad de opciones y de contenidos en los medios de comunicación. Hoy vivimos en un México distinto. Los medios nacionales gozan de libertad de prensa absoluta, pero hay muchas regiones del país donde los medios locales han perdido dicha libertad; y no tanto por culpa de un poder político, sino, lo que es peor, por miedo.

En los últimos años, hemos sido testigos de un sinnúmero de hechos delictivos en contra de periodistas y medios de comunicación. Las agresiones en contra de los profesionales de la comunicación son delitos que tienen el efecto de amedrentar a otros periodistas y a la ciudadanía, al generar el temor de denunciar los atropellos, abusos y actos ilícitos de todo tipo. Es responsabilidad de todos contribuir a que el miedo no sea un factor que detenga la libertad. Siempre he creído que es una obligación del Estado generar, proteger y preservar un ambiente propicio de libre circulación de ideas e información. Asegurar, en otras palabras, que los periodistas puedan hacer su trabajo libremente, para que los ciudadanos estén bien informados.

La impunidad en la comisión de crímenes violentos en contra de comunicadores, se traduce en una herramienta de censura —y de “autocensura”— que afecta gravemente a nuestro sistema democrático. Preocupa que cada vez sean más los medios de comunicación que en algunos estados deciden no dar cobertura a ciertos temas como medida de protección. Son pues, atentados a la libertad de prensa y a los derechos fundamentales de informar y de recibir información veraz. Son delitos que tienen un solo objetivo: silenciar. Esta situación repercute directamente en el aspecto social del derecho de la libertad de expresión.

Debemos reconocer una realidad que a todos nos duele: algunas regiones de nuestro país son muy peligrosas para el ejercicio del periodismo y debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para evitar que esta sea la regla y no la excepción. La relación de los medios con la política no puede ser marcada por el poder, sino por la sociedad y por un autocontrol ético. Entendamos que existe una interacción natural entre poder, medios y sociedad. No puede haber medios ni poderes sin una sociedad que los impulse y les exija información veraz. El medio no puede y no debe ser el mensaje. La verdad debe ser el mensaje y el medio, el conducto para que la sociedad sea el único juez.

Es muy importante garantizar el Derecho de Réplica para que cualquier persona pueda acceder a los medios de comunicación cuando se publique una información que considere falsa o incorrecta que afecte su imagen. Pero no se debe perder de vista que lo más importante es encontrar los caminos para defender el derecho social más elemental de todos: el de la libertad de expresión.

Abogado.

@jglezmorfin

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